7 de diciembre 2021
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Las organizaciones civiles y de derechos humanos en Nicaragua siguen preocupadas porque los crímenes cometidos por el régimen de Daniel Ortega, durante las protestas cívicas de abril de 2018, queden en la impunidad sin un mecanismo adecuado que permita a los familiares de las víctimas obtener justicia.
El problema, reclaman, es que el régimen sigue sin reconocer su responsabilidad en los asesinatos cometidos desde abril de 2018, e igual temen con las muertes de indígenas en la Costa Caribe y de personas LGTBIQ+, según denuncia de los activistas de derechos humanos.
Integrantes del Colectivo de Derechos Humanos Nicaragua Nunca Más, la Asociación Madres de Abril (AMA), el Centro de Asistencia Legal a Pueblos Indígenas (CALPI), y la Mesa de Articulación LGTBIQ+ (Mesart LGTBIQ+), mostraron su preocupación en el foro “Hacia el establecimiento de un proceso de justicia y rendición de cuentas para Nicaragua”, en el cual resaltaron el estado actual de los derechos humanos en Nicaragua.
Preocupa impunidad de los crímenes del Estado en 2018
Las denuncias mencionadas por los defensores y familiares de víctimas de violaciones de derechos humanos tienen un denominador común: la impunidad. Josefa Meza, miembro de la Asociación Madres de Abril y madre del joven asesinado en mayo de 2018, Jonathan Morazán, dijo que a las Madres de Abril les preocupa que los asesinatos del Gobierno contra las protestas de la Rebelión de Abril queden también en la impunidad.
Meza recordó que, entre los asesinados, habían 27 menores de edad, 15 mujeres y 340 hombres.
“El segundo reto es la búsqueda de justicia. El Estado sigue sin reconocer su responsabilidad en el asesinato de mi hijo y resto de víctimas de la represión. Hemos sido víctimas de una campaña de difamación por parte del Gobierno contra nosotras y contra la memoria de nuestros hijos”, resaltó Meza.
Su hijo, Jonathan Morazán Meza, de 21 años, fue asesinado mientras participaba en la que se conoció como la "Madre de todas las marchas", el 30 de mayo de 2018, en Nicaragua.
Ese día, 19 madres perdieron a sus hijos en esa marcha que exigía el cese a la represión por parte del régimen de Daniel Ortega, que, hasta esa fecha, ya había dejado 90 asesinados.
“Nos acusan de estar inventando las cifras y fabricar muertos. Se refieren a nuestros hijos como delincuentes, golpistas y terroristas para justificar los crímenes. Volvió (el Estado), a volver a usar el mismo argumento de las ejecuciones: no eran ataques, sino que respondían a ajustes de cuentas entre bandas delincuenciales”, resaltó Meza.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), actualizó su informe sobre fallecidos desde abril de 2018 en Nicaragua destacando que se contabilizan 355 personas asesinadas.
Más de 142 000 exiliados, afirma Colectivo de Derechos Humanos
Wendy Flores, del Colectivo de Derechos Humanos, recordó que, desde 2018, 142 000 personas han dejado Nicaragua para resguardar su vida e integridad personal por la incesante represión que se vive en el país, resaltando datos oficiales del Gobierno costarricense.
“Hasta octubre de este año, 103 275 personas habían solicitado refugio en este país (Costa Rica), de las cuales 39 172 corresponden a este año (2021). Es, incluso, la mayor cifra de solicitudes de refugio en comparación con 2018”, dijo Flores.
Además, mencionó que hay por lo menos 40 periodistas que “fueron obligados al exilio”, además de una decena de abogados y defensores de derechos humanos que han huido de la represión orteguista en Nicaragua.
La sangrienta colonización interna de la Costa Caribe
María Luisa Acosta, coordinadora de Calpi, añadió que en Nicaragua se mantiene un intento de colonización interna de la Costa Caribe, mediante empresas forestales y mineras que, según sus propios datos, “Nicaragua tiene 30% de su territorio nacional concesionado”.
Estas invasiones, según Acosta, también llegan de la mano del cultivo de la palma africana que “se expande sin control por la Costa Caribe”.
Como consecuencia, se ha extendido la expansión de la frontera agrícola y la ganadería extensiva en los territorios protegidos de la Costa Caribe, lo que provoca la “usurpación de estos territorios”.
“Además de la usurpación de tierras, se han recrudecido los ataques que cada vez son con más saña y crueldad en contra de estas comunidades como se evidenció con la masacre de Alal en enero de 2020 donde, además de asesinar a seis personas indígenas mayangnas se destruyó 16 viviendas y se mató al ganado”, ejemplificó Acosta.
En este y otros casos, Acosta expresó que el Estado de Nicaragua ha callado sobre su obligación de protección a los pueblos indígenas, sino que también “no ha acatado las medidas de protección emitidas por los órganos del Sistema Interamericano”.
“En su lugar, el Estado niega la existencia de estos hechos, ataca a todo aquel que apoya a los pueblos indígenas en la exigencia de sus derechos, sus denuncias y la divulgación de los ataques manteniéndolos en la impunidad absoluta”, resaltó.
Saña contra personas de la diversidad sexual
Jacon Ellis William, de la Mesa de Articulación LGBTIQ+, agregó que por lo menos ocho personas fueron asesinadas desde que el orteguismo desató la represión en contra de todos los opositores del país, incluidos los miembros de la comunidad LGBTIQ+, principalmente aquellos que se dedican a la defensa de los derechos humanos.
Agregó que también se detuvo a 42 personas de esos colectivos “incluyendo a tres mujeres transgénero”, basándose en datos del Informe de Afectaciones a Personas Transgéneros LGBTIQ+, desarrollado tras el inicio de la crisis en Nicaragua por su organización.
“Tres mujeres fueron apresadas en las cárceles y violentada su integridad física”, dijo Ellis Williams durante su intervención, durante la que además destacó que todos los casos denunciados quedaron en la impunidad.
