17 de octubre 2020
AA
Las tres comisiones legislativas que dictamirán el proyecto de Ley Especial de Ciberdelitos, conocida como “Ley Mordaza”, se reunieron este viernes 16 de octubre con directores de medios oficiales para realizar la cuarta “consulta”, a la que no se permitió ni se invitó a ningún director o representante de medios independientes.
Entre los participantes estuvieron los directores de la Radio Ya, Radio Nicaragua y La Primerísima, así como de los canales 2, 4, 13, El 19 Digital y otros medios afines a la dictadura, que incluso son dirigidos por hijos de la pareja presidencial de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Según información publicada por el Canal Parlamentario de Nicaragua, también participó un funcionario del Ministerio de Gobernación que no fue identificado.
El encuentro estuvo a cargo de la Comisión de Justicia y Asuntos Jurídicos, la Comisión de Infraestructura y Servicios Públicos y la Comisión de Educación, Cultura, Deportes y Medios de Comunicación Social, presididas respectivamente por los diputados María Auxiliadora Martínez Corrales, Jenny Martínez Gómez y José Antonio Zepeda, todos orteguistas.
Las “dudas” que fueron “despejadas”
La diputada orteguista María Auxiliadora Martínez aseguró a medios oficiales que la mayor preocupación de los directores de los medios de comunicación que fueron “escuchados” era la aplicación del artículo 30 de la ley, que generó dudas de si cometerían un delito quienes compartieran una “información falsa”, o solo quien la genere.
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“Se despejaron una serie de dudas alrededor de la libertad de expresión sobre si la ley va a ejercer controles sobre la libertad de expresión sobre los medios de comunicación, sobre una serie de temas que le preocupa mucho a la gente. Muchos andan preocupados por el artículo 30 que es el artículo que tiene que ver con las noticias falsas, pero efectivamente se despejaron una serie de dudas y creemos que todos los aportes realizados el día de hoy van a ser tomados muy en cuenta al momento de elaborar el dictamen”, dijo Martínez al Canal Parlamentario y medios oficiales después de la reunión, sin dar detalles sobre cómo fue “despejada” esa duda.
La legisladora reveló que la ley sería dictaminada la próxima semana, aunque tampoco especificó qué día. Comentó, sin embargo, que tras la aprobación tendrán que capacitar a los jueces para “la correcta aplicación de la Ley”.
“Censura y criminalización”
La iniciativa de “Ley Especial de Ciberdelitos” fue presentada a finales de septiembre por la diputada orteguista Loria Raquel Dixon Brautigam.
Más de cuarenta organizaciones de la región, que incluye a algunos medios de comunicación y organizaciones nicaragüenses, encabezadas por Artículo 19 (México y Centroamérica) y Access Now, Global, publicaron un comunicado en el que sostienen que la iniciativa “promueve la censura y la criminalización del uso cotidiano de las tecnologías”.
Las organizaciones expresaron su “profunda preocupación” por el contenido de la iniciativa que, de concretarse, “representaría una grave lesión a los derechos humanos; en particular, a la libertad de expresión y a la libertad de información de la ciudadanía nicaragüense, que se suma a la serie de candados y obstáculos que el Estado” ha impuesto, denunciaron.
Entre sus mayores preocupaciones expresaron que las redacciones de los tipos penales abren la puerta a la aplicación arbitraria y a modo de las sanciones que la iniciativa plantea.
“La propuesta plantea la creación de múltiples tipos penales amplios, vagos e imprecisos que criminalizan todo tipo de acciones legítimas y cotidianas ejercidas a través de las tecnologías de la comunicación e información (TIC), así como a las expresiones en línea, tales como “espionaje”, “violación a la seguridad”, “manipulación de los medios informáticos”, “transferencia de información pública reservada”, y “propagación de noticias falsas”, entre otros”, reseñaron.
Reclamaron que “la potencial arbitrariedad con la que se interpreten estas disposiciones a modo, y sin contar con definiciones precisas que limiten o caractericen la conducta que se considera como delito, derivaría en penas que van desde dos hasta diez años de prisión para personas que no están cometiendo un delito”.
De la misma manera, indicaron que a finales de septiembre el Gobierno ya publicó por decreto la Estrategia Nacional de Ciberseguridad 2020-2025. “Si bien su contenido es genérico y los objetivos que busca son loables, el contexto en el que se publica es preocupante, pues da paso a la aplicación de la Ley Especial de Ciberdelitos y la normalización de un estado de vigilancia, censura y opresión”, denunciaron.
Asimismo, criticaron que la iniciativa exalta la censura, buscando evitar el escrutinio público y acallar expresiones legítimas, incluida la crítica, y que inhibe la cultura de la denuncia y del escrutinio ante posibles actos abusivos e ilegales por parte de las autoridades y de las empresas privadas.
“Atajar los abusos de poder en la administración pública, la corrupción y las violaciones a derechos humanos, o las faltas graves a las que incurren las grandes corporaciones en su actuar empresarial, implica promocionar y garantizar la cultura de la denuncia por personas alertadoras (también llamadas informantes, denunciantes, filtradoras, o su equivalente en inglés, whistleblowers)”, sostienen.
A juicio de las organizaciones y medios firmantes, el hecho de que en dicha iniciativa se haga extensiva la sanción a cualquier persona, más allá de servidores públicos, y que ésta sea planteada en términos penales, “es inhibitoria al ejercicio del derecho a la información y a la libertad de expresión”.
“Dicha sanción –agregan-- impide que cualquier persona pueda buscar, recibir y difundir información, derecho protegido por la Convención Americana sobre Derechos Humanos (art. 13) y el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos (art. 19)”.
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