17 de marzo 2022
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Los diputados de la Asamblea Nacional aprobaron, con noventa votos a favor y uno presente, la personalidad jurídica de la Universidad de Ciencias de la Salud y Energías Renovables (UCSER), una casa de estudios que funciona desde 2011 solamente con la autorización del Consejo Nacional de Universidades (CNU). La situación contrasta con los decretos legislativos, aprobados semanas atrás, en los que cancelaron seis universidades privadas y, en los últimos tres años y medios, más de un centenar de asociaciones.
Previo a la votación en lo general, el presidente de la Asamblea, el diputado Gustavo Porras, argumentó que el dictamen se encontraba desde 2017 en la tubería legislativa, pero "estaba retenido porque hasta ahora vamos juntando los procesos" de creación de asociaciones sin fines de lucro.
"Aquí (en el Parlamento) se sacaban personerías jurídicas que —por ejemplo— no llenaban ningún requisito de los que tenían que llenar en el Ministerio de Gobernación o, si era una asociación de la educación superior, tampoco llenaban ningún requisito del CNU o del CNEA (Consejo Nacional de Evaluación y Acreditación)", advirtió Porras. "Encontramos muchas asociaciones funcionando, y universidades funcionando, porque tenían la certificación del CNU o porque habían llenado los requisitos en Gobernación, pero no tenían personería jurídica de la Asamblea", agregó.
De acuerdo con una constancia del secretario general del CNU, Jaime López Lowery, emitida el pasado 17 de enero, y enviada posteriormente a la Asamblea Nacional, dice que la Universidad de Ciencias de la Salud y Energías Renovables (UCSER) tiene su sede central en Somoto, departamento de Madriz, desde el año 2011 y una sede adicional en el departamento de Estelí, fundada en 2012.
La junta directiva de la UCSER está integrada por: José Antonio González Viscay, como presidente; Maya Youalki González Buitrago, vicepresidenta; Allian Assang González Buitrago, secretario; Rosa Esther Buitrago Hernández, tesorero; y Gustavo Miranda Zavala, como fiscal.
La bisagra del Migob
También, la directora del Departamento de Registro y control de Asociaciones del Migob, Franya Urey Blandón, hizo constar, el 19 de febrero pasado, que la UCSER no está registrada ante esa institución y señaló que no tiene objeciones para que se le otorgue la personería jurídica.
La constancia emitida por la funcionaria del Migob fue entregada 17 días después que la Asamblea Nacional, a petición suya, canceló a la Universidad Politécnica de Nicaragua (Upoli), Universidad Popular Nicaragüense (Uponic), Universidad Católica del Trópico Seco (Ucatse), Universidad Nicaragüense de Estudios Humanísticos (Uneh), la Universidad Paulo Freire (UPF) y la Universidad Hispanoamericana (Uhispam).
Entre los argumentos que ha usado Urey Blandón para solicitar la cancelación de las asociaciones sin fines de lucro se destaca el incumplimiento de tres leyes: la Ley sobre Personas Jurídicas sin Fines de Lucro o Ley 147; la Ley Orgánica del Poder Legislativo de la República de Nicaragua o Ley 606, y la Ley contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva o Ley 977.
Sin embargo, la disolución de estas organizaciones ocurrió en un contexto represivo y de represalias que surgió después de las protestas de 2018 y se agudizó en 2021, cuando el régimen se enfrentó a un panorama electoral donde eliminó la competencia política y aseguró su cuarto mandato consecutivo. Solo en lo que va de 2022, ha cancelado a más de 40 organizaciones, incluyendo universidades, y más de media docena de ellas han sido confiscadas ilegalmente.
