18 de mayo 2022
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La Asamblea Nacional, de mayoría sandinista, aprobó el cierre de 25 organizaciones de sociedad civil, elevando a 174 oenegés ilegalizadas en cinco meses de 2022. Esta es la segunda cancelación que realiza, tras que en la sesión del pasado 4 de mayo, anulara la personalidad jurídica de otras 50 fundaciones, asociaciones y organismos.
Con 75 votos a favor, 15 abstenciones y un presente, los parlamentarios aprobaron, en una sesión especial en conmemoración del 127 aniversario del natalicio de Augusto C. Sandino, uno de dos decretos presentados por el diputado orteguista, Filiberto Rodríguez, en los que solicita la anulación de 44 oenegés, sumando ambos documentos.
Con el primer decreto aprobado este miércoles se anularon 25 organizaciones. El segundo, que probablemente sea discutido este jueves, se eliminarán otras 19 organizaciones. La justificación señalada en los textos es la misma: las oenegés incumplieron la ley.
Durante su intervención en el plenario, Rodríguez criticó a los Gobiernos neoliberales que permitieron el crecimiento de las oenegés por su incapacidad de hacer un mejor país. “No pudieron y dejaron en mano, irresponsablemente, de asociaciones el país y estas asociaciones pedían reales por donde quiera, y venía plata de todos lados, y no importaba de dónde venía la plata", dijo.
También señaló a las oenegés de tener "objetivos claros" y participar en lo que denominan "golpe de Estado" de 2018, que ha sido la versión del régimen para intentar ocultar la brutal represión que dejó 355 asesinados en el contexto de las protestas de 2018, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
"A la hora de rendir cuenta -las oenegés-, no pueden rendir cuenta, no saben rendir cuenta, no quieren rendir cuenta y se prestan al juego, también muchas del imperio, como lo hicieron con el intento de derrocar a nuestro Gobierno con el intento de golpe de Estado, y utilizaron recursos para ese fin. En ese sentido, nosotros reafirmamos el compromiso de lucha", amenazó el diputado, quien prácticamente ha sido el encargado de presentar los decretos para eliminar las oenegés de sociedad civil ante el Parlamento.
El Ministerio de Gobernación (Migob) alega que las organizaciones violentaron la Ley 1115 o Ley General de Regulación y Control de Organismos Sin Fines de Lucro, -que entró en vigencia el pasado 6 de mayo- y la Ley 977 o Ley contra el Lavado de Activos, Financiamiento al Terrorismo y el Financiamiento a la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva y su reglamento, según un informe presentado por la responsable de la Dirección General de Registro y Control de Organismos sin Fines de Lucro, del Migob, Franya Urey Blandón.
Agrega que las oenegés han incumplido con presentar estados financieros conforme periodos fiscales con desgloses detallados (ingresos, egresos, balanza de comprobación, detalle de donaciones, origen, proveniencia y beneficiario final); también las señalan de tener juntas directivas vencidas y de no rendir cuenta sobre donaciones previas, proveniente del exterior.
Sin embargo, exdirectivos de oenegés canceladas confirmaron que el Migob es el que ha impuesto una serie de obstáculos para completar el papeleo requerido y trabajar legalmente. También han establecido trabas para la inscripción como “agente extranjero”, que mandata la ley de “Regulación de Agentes Extranjeros”, aprobada por el régimen orteguista en octubre de 2020.
Entre las organizaciones canceladas en este paquete se encuentran Pro-Rescate de los Jóvenes en Pandillas, Fundación Puntos de Encuentro para la Transformación de la Vida Cotidiana, Asociación para el Desarrollo Integral Acompañado de Nicaragua y sus Comunidades, Asociación Vida Plena (ASOVIP) y demás.
En el otro decreto, que aún no se aprueba, se propone eliminar a la Fundación responsable del prestigioso Festival Internacional de Poesía de Granada, cuatro organizaciones que trabajan en defensa de los derechos de la mujer desde diferentes campos, como la atención a la violencia machista y la promoción del desarrollo económico y desarrollo local y otras 14.
El régimen ha anulado 248 organizaciones de sociedad civil desde 2018 a la fecha, entre asociaciones, fundaciones, institutos, centros y organismos.
Decenas de estas desarrollaban proyectos de educación, programas médicos como los ejecutados por Operación Sonrisa, protección del medioambiente, promoción y defensa de los derechos humanos, el desarrollo social, la democracia, la cultura, los indígenas, los niños y adolescentes.
Por esa razón es que los exdirectivos de oenegés que han accedido a hablar con CONFIDENCIAL señalan que los principales afectados por sus cierres obligatorios son los beneficiarios de las iniciativas que ejecutaban.
