23 de junio 2021
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La presidenta de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), Antonia Urrejola Noguera, señaló que en Nicaragua “existe una profundización” de la crisis de derechos humanos con “graves consecuencias políticas y democráticas” y reseñó las recientes acciones perpetradas por el régimen de Daniel Ortega contra líderes opositores, defensores de derechos humanos, periodistas y aspirantes a la Presidencia.
La representante de la CIDH presentó un informe de actualización sobre la situación de Nicaragua ante el Consejo Permanente de la OEA, a petición del embajador Ronald Sanders, presidente del Consejo de esa organización y representante permanente de la delegación de Antigua y Barbuda.
“La Comisión manifiesta una vez más su seria preocupación por el grave escalamiento de la represión en Nicaragua, ocurrido en las últimas semanas, consistente en la intensificación de la persecución penal contra reconocidos líderes y lideresas de la oposición nicaragüense, personas defensoras de derechos humanos y también de la prensa independiente”, indicó Urrejola al iniciar la presentación de su informe.
Señaló que en las últimas semanas, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo han “detenido y criminalizado” a cinco aspirantes a la Presidencia, entre estos: Cristiana Chamorro, Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro y Miguel Mora, además de “al menos 20 personas entre líderes y lideresas de la oposición y empresariales, personas defensoras de derechos humanos y periodistas independientes”.
CIDH solicita medidas provisionales para opositores detenidos
Antonia Urrejola, afirmó -en entrevista con el programa Esta Noche- que mantienen una relación y coordinación “permanente” con la Organización de las Naciones Unidas (ONU) sobre las violaciones a derechos humanos en el continente, pero “fundamentalmente respecto a Nicaragua”.
Explicó que -en estos tres años de crisis sociopolítica que ha enfrentado Nicaragua- han “estrechado aún más esa coordinación y esa relación”, estando en “contacto permanente para ir viendo distintas estrategias para enfrentar la situación de derechos humanos en Nicaragua y hacer llamamientos a la comunidad internacional”.
Urrejola rescató que tanto las Naciones Unidas como la Organización de Estados Americanos (OEA) “tienen sus propios órganos políticos” para la búsqueda del respeto a los derechos humanos, pero resaltó que hay un rol fundamental en “los propios países que tienen que determinar de qué manera responden a los llamados, que hacen organismos internacionales de protección a derechos humanos, para que cese la represión, para que se libere de manera inmediata a los líderes y lideresas que han sido detenidos y para que se den las garantías de elecciones libres, justas y equitativas” en Nicaragua.
Además detalló que, como parte de las acciones que realizan para evitar que empeore la crisis de derechos humanos en Nicaragua, han solicitado medidas provisionales a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) para “algunos líderes y lideresas que están detenidos”.
Los beneficiarios de la solicitud realizada este 23 de junio por la CIDH son: Juan Sebastián Chamorro, José Adán Aguerri, Félix Maradiaga, Violeta Granera y sus núcleos familiares, por “encontrarse en una situación de extrema gravedad y urgencia de daños irreparables a sus derechos en Nicaragua”.
La presidenta de la CIDH indicó que las solicitudes de medidas provisionales ante la Corte IDH se irán ampliando a otras personas conforme se completen sus expedientes. A la vez, explicó que este tipo de acciones desde la CIDH son importantes porque “la situación es tan grave que es importante que la Corte también se pronuncie sobre el riesgo que están viviendo estas personas, porque lo hace mucho más fuerte y le da mayor razón tanto a la posición de la Comisión como de las personas que están pidiendo esta protección porque están sufriendo un riesgo”.
Afirmó que el hecho de que los dos órganos de protección del Sistema Interamericano de Derechos Humanos señalen que un conjunto de personas están bajo riesgo “da cuenta de la gravedad” de las violaciones a derechos humanos que se están cometiendo en Nicaragua.
Urrejola mencionó que, paralelo a las solicitudes que han hecho ante la Corte IDH, la Comisión seguirá insistiendo a la comunidad internacional en que “se debe seguir ejerciendo presiones, las sanciones a personeros del Gobierno nicaragüense creo que también son importantes y el llamamiento también al Gobierno nicaragüense a cesar la represión y abrir canales de diálogo” para superar la crisis sociopolítica que vive Nicaragua desde abril de 2018.
Detenciones con “uso desproporcionado de la fuerza”
La presidenta de la Comisión denunció que han tenido conocimiento de que las detenciones contra los 20 opositores al régimen de Daniel Ortega se han dado con el “uso desproporcionado de la fuerza por parte de agentes de la Policía Nacional” y que en “la mayoría de los casos los domicilios fueron allanados sin ninguna orden judicial”.
Urrejola mencionó su preocupación por la detención de líderes políticos, empresariales y periodistas como: Violeta Granera Padilla, José Adán Aguerri, José Pallais, Suyén Barahona, Hugo Torres, Víctor Hugo Tinoco, Tamara Dávila, Dora María Téllez, Ana Margarita Vijil, Luis Rivas Anduray y Miguel Mendoza. Además, denunció el arresto domiciliar de la exdiputada María Fernanda Flores y el allanamiento arbitrario e ilegal a la casa del periodista Carlos Fernando Chamorro, director de CONFIDENCIAL, que nuevamente habría tenido que salir de Nicaragua.
La CIDH resaltó que varias de las personas que ha detenido el régimen orteguista “son actualmente beneficiarias de medidas cautelares de la Comisión”.
"Falta de garantías procesales mínimas"
La defensora de derechos humanos y relatora de país para Nicaragua, detalló que la mayoría de las personas detenidas por el régimen orteguista, a excepción de Cristiana Chamorro que es vinculada con el supuesto lavado de dinero y activos, se les investiga bajo la Ley 1055 de Defensa de Derechos del Pueblo a la Independencia, Soberanía y Autodeterminación para la Paz.
Urrejola indicó que la legislación por la que son investigados los opositores “no establece tipos penales y refiere un conjunto de tipos penales que están previstos en el Código Penal de Nicaragua para los actos de traición, delitos que comprometen la paz y delitos contra la Constitución Política de la República de Nicaragua”.
Además, explicó que la falta de “información no permite conocer los tipos penales que se están utilizando en los procesos de investigación, en este contexto ninguna de las personas detenidas han sido formalmente acusadas por el Ministerio Público”.
Denunció el uso de la figura procesal de detención preventiva sin acusación fiscal hasta por noventa días y advirtió que el “el Estado no estaría garantizando a las personas procesadas el derecho a una defensa legal adecuada, restringiendo el acceso a abogados y representantes legales, asignado en su lugar a un abogado y abogada de oficio y la mayoría estarían incomunicadas”.
Señaló que han recibido “información de la realización de audiencias secretas, sin representación legal, realizadas en instalaciones distintas a los juzgados de Managua”.
En ese contexto, la CIDH valoró que la “falta de garantías judiciales mínimas para cualquier persona refleja la arbitrariedad en el actuar del Gobierno nicaragüense, en un sistema sin peso ni contrapeso caracterizado por la falta de independencia judicial, así como por la falta de independencia del Poder Legislativo y Ejecutivo”.
La Comisión recordó que el país ha venido sufriendo “un prolongado quebrantamiento del Estado de derecho” desde abril de 2018 y han registrado la “prolongación del estado de excepción de facto en el país, en el que se mantiene y ahora se ha intensificado el cierre de los espacios democráticos, bajo una estrategia que busca impedir e inhibir cualquier forma de manifestación contraria al Gobierno y que incluye la aprobación de una serie de leyes contrarias del derecho internacional de los derechos humanos”.
Aumentan solicitudes de medidas cautelares
Urrejola afirmó que la “gravedad de la situación de los derechos humanos” en Nicaragua se ha reflejado también en el incremento de solicitudes de medidas cautelares, que en lo que va de 2021 ya suman 27, la mayoría introducidas este mes de junio, en comparación con 2020 que la Comisión solamente recibió 26.
“Estos números hablan por sí solos, todo esto ocurre en un contexto de impunidad generalizada frente a las graves violaciones de derechos humanos documentadas por la Comisión Interamericana y por la Oficina del Alto Comisionado de Derechos Humanos y ante la narrativa oficial reiterada que desconoce la existencia de una crisis de derechos humanos”, indicó.
La CIDH recordó que la “crisis de derechos humanos en Nicaragua y el actuar violento del Estado ha resultado en al menos 328 víctimas fatales, más de 2000 personas heridas, más de 100 000 personas que han migrado a otros países, más de 1600 personas privadas de la libertad ilegales y arbitrariamente en diferentes momentos de la crisis”
La presidenta de la Comisión denunció que hasta la fecha, según datos que reciben de la sociedad civil de Nicaragua, más de 124 personas permanecen detenidas arbitrariamente.
En ese contexto, la CIDH urgió al régimen orteguista la inmediata liberación de todas las personas detenidas arbitrariamente; el cese de todo acto de persecución en contra de las voces disidentes; el restablecimiento de los derechos y libertades que hacen posible un proceso electoral libre, creíble y equitativo; y derogar la legislación restrictiva del espacio cívico y democrático.
Régimen rechaza “falaz” informe de la CIDH
El representante del régimen de Daniel Ortega en la OEA, Luis Alvarado, tomó la palabra una vez Antonia Urrejola terminó la presentación del informe, esto para indicar que “el Gobierno de Nicaragua rechaza la presentación del falaz y mal intencionado informe de la CIDH sobre Nicaragua”.
Además condenó la supuesta “manipulación y la instrumentalización” de la OEA, asegurando que el organismo es “utilizado como punta de lanza por los Estados Unidos, en su guerra de agresión en contra de Nicaragua y su descarada injerencia en el proceso electoral nicaragüense”.
Alvarado señaló a la CIDH de “tergiversar la realidad nacional” y pidió a la Presidencia del Consejo "impugnar" el informe presentado por Urrejola. Sin embargo, la petición le fue negada, aunque se le explicó que estaba en todo su derecho de expresarse y tomar la palabra.
