20 de agosto 2016
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El Río Malacatoya, en Granada, sigue seco. “Llovió, pero el agua que estaba ganando el río, la sacaron de nuevo los arroceros”, dice Martina López, habitante de la comunidad La Cruz. La falta de agua potable continúa siendo un problema para todas las familias de esta localidad.
Aunque no tienen agua en sus casas y aunque el río está completamente seco, la “buena voluntad” de los dueños de los arrozales les llega en forma de permisos para bañarse, lavar ropa y demás cosas del hogar, sí y solo sí, llegan a los pozos que riegan los campos de cultivos.
Para las autoridades gubernamentales, la falta de agua potable en esta comunidad y en otras localidades del país es un hecho que solo importa durante el verano. “Es que con las lluvias en el país como que se les olvidó que había problema”, agrega Martina.
En Abril, Luis Ángel Montenegro Padilla, director de la Autoridad Nacional del Agua, aceptó que existía una crisis, pero no se pronunció sobre los efectos causados en las cuencas superficiales y subterráneas, cuyo mayor daño ocurre por el uso irracional del recurso hídrico realizado en la agricultura no sostenible y la ganadería extensiva.
Montenegro afirmó en ese momento que todavía no existía un plan nacional de recursos hídricos y que se necesitarían 30 años de datos para conseguirlo. Hoy, casi tres meses después de un pobrísimo invierno, todavía no existe información alguna sobre la situación del recurso agua, su conservación y las estrategias para mitigar el impacto del cambio climático en años futuros.
Lo que sí ha hecho el ANA en este período es otorgar concesiones de excavación de pozos para extraer agua subterránea a diversas empresas. Algo que, según los especialistas en recursos hídricos, es contraproducente si se toma en cuenta que todavía existe una crisis de agua que puede agravarse con el pasar de los meses.
La fiesta de concesiones
El miércoles 27 de abril de 2016, La Gaceta, diario oficial, publicó la concesión otorgada al Colegio Centroamérica para el aprovechamiento de agua subterránea. Esta fue la primera resolución del ANA, con el fin de proveer del servicio a la institución educativa.
El 18 de mayo del mismo año, el ANA, nuevamente a través de la Gaceta, hizo oficial dos concesiones para aprovechamiento de aguas subterráneas a la empresa Agropecuaria Gómez López Sociedad Anónima, de El Realejo, Chinandega.
El 24 de mayo, el ANA autorizó tres concesiones de aprovechamiento de aguas subterráneas. Dos a nombre de Nicaragua Comercial, Sociedad Anónima y de Nicaragua Sugar Estates Limited, S.A., ambas representadas por Álvaro Bermúdez Castillo del Grupo Pellas. La otra fue para el Comité de Agua Potable y Saneamiento “Aguas del Sur”, de consumo humano.
Un mes después el ANA otorgó concesiones de aprovechamiento de aguas subterráneas a favor de Transporte Los Ángeles, en Tipitapa, Managua. Luego al Auto Hotel Fantasía, Sociedad Anónima, ubicado en la capital y otra más a favor de Real Estate Inc (Hotel Hilton Princess), también en Managua.
El miércoles 13 de julio la institución del agua resolvió autorizar la perforación de un pozo y otorgar título de concesión, pero esta vez como persona natural y no como empresa, a Ana Clemencia Fox, habitante de Managua.
El 18 y 26 de julio del mismo año el ANA otorgó dos permisos de perforación de pozos con fines exploratorios a favor de Gilgua Mohamed Machado, en calidad de persona natural y del Grupo Horizonte, Sociedad Anónima, en Managua.
El cinco de agosto del presenta año, el ANA autorizó de nuevo un permiso de perforación de pozo con fines exploratorios a nombre de Álvaro Antonio Sáenz, en su calidad de persona natural y también una nueva concesión de aprovechamiento de aguas subterráneas a favor de Complejo Industrias Nindirí, Sociedad Anónima.
Hasta la fecha de este reporte, el ANA autorizó 10 concesiones de aprovechamiento de aguas subterráneas en el país, siendo los departamentos con mayor demanda Managua y Chinandega. De estos, tan solo dos son para consumo humano: el del Colegio Centroamérica y el del comité “Aguas del sur”. El resto son a título de empresas y en calidad de personas naturales.
También aprobó tres perforaciones de aguas subterráneas con fines exploratorios. Todas para empresas privadas. Ni una para poblados que hoy no tienen agua.
De la preocupación a la apatía
La Ley 620, Ley General de Aguas Nacionales, fue aprobada por el gobierno del presidente Daniel Ortega el 15 de mayo del año 2007. El objetivo de este reglamento es la administración y conservación del recurso hídrico.
Uno de las primeras ordenanzas de la ley fue la creación del Consejo Nacional de los Recursos Hídricos (CNRH) integrado por diversas instituciones del Estado. Luego se creó el ANA, órgano descentralizado del Poder Ejecutivo en materia de agua, cuyas facultades técnicas, normativas y de control y seguimiento, funcionarían para la gestión, manejo y administración en el ámbito nacional de los recursos hídricos. Estos acápites de la ley se cumplieron a cabalidad. El resto, solo está en papel.
Salvador Montenegro es ecólogo, exdirector del Centro para la Investigación de los Recursos Acuáticos (CIRA) y el mayor especialista en lagos y recursos hídricos de Nicaragua. La situación de la crisis de agua en el país, pasó en estos tres meses de la preocupación a la apatía, afirma el experto.
“La columna vertebral del Ley 620, reside en la capacidad para realizar una administración del recurso hídrico y esa administración naturalmente tiene que fundamentarse en información para poder tomar las decisiones adecuadas; el procedimiento de las concesiones y permisos es una consecuencia de la interpretación de la información, del sistema nacional de información, que es uno de los principios rectores y mecanismos de gestión, de administración, es decir, de toma de decisiones fundamentadas en la situación real que estamos viviendo”, afirma Montenegro.
El sistema de información que menciona el experto, se contempla en el artículo 14, inciso g, y debería contener información geográfica, meteorológica, hidrológica, hidrogeológica e incluiría el manejo de los bancos de datos, la operación y mantenimiento de las redes y la difusión de la información obtenida. El ANA no informa si tiene estos datos y tampoco se ha preocupado por presentarlos.
Montenegro considera que la Ley 620 solo se quedó en el papel, pues aunque el espíritu de la misma prioriza el consumo humano, en la actualidad existen casos como el de la población de la comunidad La Cruz, Granada, que carecen del agua potable, mientras observan como el recurso hídrico se derrocha para regar los cultivos.
Para autorizar concesiones, Montenegro asegura que es indispensable un plan nacional de recursos hídricos, que se derivan de planos y datos individuales de las cuencas hídricas, saber cuánto llueve, cuánto se infiltra y cuánto hay en agua subterránea.
El experto enfatiza que al no existir información ni condiciones para otorgar concesiones, debería hacerse una revisión de qué es lo que está pasando con los recursos hídricos, cuántos pozos hay excavados que están secos, la lista de ríos que desaparecieron, los pozos industriales perforados donde existen necesidad de profundizar para encontrar agua.
Falta Ley de Cánones
La Ley 620, Ley General de Aguas Nacionales, indica en su artículo 87 que “se establece el pago de un canon por el uso o aprovechamiento de aguas nacionales y los bienes nacionales que administre la Autoridad del Agua. Este canon se establecerá y aprobará mediante Ley especial dictada por la Asamblea Nacional. El Marena será responsable de proponer los cánones por vertidos para su inclusión en la Legislación especial”.
Además agrega en su artículo 89 que “los montos recaudados por los cánones por el uso o aprovechamiento de aguas nacionales, se destinarán preferentemente a cubrir los gastos para la administración, planificación, investigación, desarrollo tecnológico y de sistemas de información, así como, financiar inversiones del Estado en obras sociales de atención a comunidades marginadas, así como, de protección y beneficio ambiental”.
En Nicaragua, no existe todavía un pago de cánones y el ANA tampoco informa sobre si se está trabajando en una propuesta a mediano plazo.
Par Ruth Selma Herrera, exdirectora de Enacal, existe una negligencia de parte del ANA y del gobierno en general por no haber impulsado, después de tantos años, el pago de cánones a los grandes empresarios que actualmente tienen varios pozos que usan para la agricultura y ganadería.
“Extraen el agua y la derrochan, no tienen métodos adecuados y nadie se los cobra, la Asamblea Nacional no ha querido cobrar los cánones. El sector empresarial no paga el agua, no hay dinero para seguir haciendo planes o estudios o investigaciones. Es un tema complejo, pero hay intereses de por medio”, rectifica Herrera.
El representante de la Asociación Nacional de Arroceros (ANAR), Ulises Espinoza, admitió que los productores de arroz utilizan las fuentes hídricas superficiales sin necesidad de una autorización ni pago de impuestos. Espinoza confirmó que “los mecanismos de riego (sistemas de bombeos eléctricos que llevan el agua de los ríos a los campos de cultivos) siempre han existido” y que no pagan “ni un córdoba” por la extracción de agua subterránea a ninguna institución.
Montenegro menciona que la empresa privada tiene tantas responsabilidades como las mismas autoridades oficiales y que en conjunto deberían darle cumplimiento a todas las previsiones que están en la Ley General de Agua.
“Las grandes empresas deben pagar el agua, porque va a llegar un momento en el que van a extraer agua y no les va a servir para actividades turísticas. Se debe detener la tala de árboles. Vamos a un ritmo acelerado y esto no conviene a nadie”, finalizó la exdirectora de Enacal.
