Amnistía: “derechos en venta” con ley canalera

Amnistía Internacional (AI) lanzó este jueves desde Managua una “campaña global” para exigir la derogación de la Ley 840, que entrega la concesión de la construcción de un Canal Interoceánico a la empresa china HKND-Group. La iniciativa acompañó la presentación de un informe preparado por esta organización defensora de derechos humanos titulado “Peligro: Derechos en venta”, y recomendó al gobierno del comandante Daniel Ortega “adoptar una moratoria en la implementación de cualquier aspecto de la obra”.

Amnistía hizo esta petición hasta que “se establezcan salvaguardas legales y procesales que cumplan con los estándares de derechos humanos, entre ellos la consulta efectiva de quienes se verán afectados, y evitar que se ejecuten desalojos forzosos”. Según el informe, ni el gobierno ni la empresa HKND realizaron una “consulta” genuina sobre el proyecto canalero entre los potenciales afectados, que son alrededor de 120 mil personas en toda la ruta del proyecto.

Erika Guevara, directora de las Américas de Amnistía, presentó el informe que analiza las “erosión de los derechos humanos” a cuatro años de otorgada la concesión. Un período marcado por la incertidumbre de parte de los promotores de la obra valorada en más de 50 mil millones de dólares, y la resistencia campesina e indígena, que ha enfrentado la represión de las fuerzas armadas.

“Es una concesión oscurantista y que fue aprobada con rapidez”, aseguró Guevara, en referencia a la aprobación exprés de la ley 840 por parte del Parlamento controlado por el orteguismo. “Pone de relieve la violación a derechos fundamentales como la consulta, porque ya tiene efectos nefastos sobre las comunidades”.

En la visión de Amnistía, el proyecto del Canal interoceánico en Nicaragua “es un caso emblemático en las Américas, porque revela cómo los intereses económicos se imponen sobre el interés de las grandes mayorías.

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El informe de Amnistía está basado en la consulta directa con más de 190 campesinos y el análisis del marco normativo de la concesión. “Se observa el incumplimiento de los estándares de derechos humanos, sobre todo, en lo que respecta al proceso de expropiación”, detalla el informe. La ley 840 establece que Wang Jing -el empresario dueño de la concesión- puede expropiar cualquier porción del territorio nacional que considere necesaria para la obra. La normativa le da potestad para pagar el precio de catastro, que es inferior al de mercado. El afectado no podrá discutir la decisión de HKND-Group.

Amnistía analiza cómo la normativa del Proyecto pretende ejercer supremacía frente al resto de la legislación nacional al modificar o derogar cualquier disposición o legislación que se oponga a ella. “Una legislación nacional que se encuentre totalmente subordinada a un acuerdo comercial, no es un buen augurio para los derechos humanos”, definen.

Guevara dijo que su equipo intentó en repetidas ocasiones reunirse con el comandante Daniel Ortega, con el objetivo de intercambiar información. “Solicitamos audiencia con presidente Ortega, pero obtuvimos silencio”, relató la directora de las Américas de Amnistía.

El  informe solicita a la Asamblea Nacional la derogación de la ley 840, incluidos el Acuerdo Marco de Concesión y otros acuerdos relativos a la empresa canalera. En la visión de este prominente organismo defensor de derechos humanos, que aglutina a más de siete millones de personas alrededor del mundo, el legislativo de Ortega debe “asegurar el establecimiento de un marco normativo para el proyecto, basado en una consulta previa, efectiva y genuina, y que garantice el respeto de los derechos humanos, la integridad ambiental y brinde protección contra desalojos forzosos”.

Recomendaciones a fuerzas de seguridad y concesionario

Amnistía también hizo recomendaciones a las fuerzas de seguridad, Policía y Ejército, que han reprimido las marchas de los campesinos contra el Canal. Piden que el movimiento campesino —que este 15 de agosto tienen prevista otra protesta en La Fonseca, Nueva Guinea— le sea respetado el derecho a la libertad de expresión y a la manifestación pública y pacífica.

“Abstenerse de realizar actos que constituyan intimidación, hostigamiento y represalias contra los defensores y las defensoras de derechos humanos y los líderes comunitarios que han expresado sus preocupaciones por los futuros impactos del Proyecto”, emplaza Amnistía, que recoge en su informe la represión de la que han sido víctima los campesinos y sus líderes, como la productora Francisca Ramírez.

La directora para las Américas de Amnistía alertó que en caso de que la concesión sea invalidada, HKND-Group no pierde nada. En cambio, Nicaragua, según la misma ley 840, deberá indemnizar a la compañía asiática. Por esa razón el organismo interpela a Wang Jing y exhorta en el informe “abstenerse de invocar o hacer uso de cláusulas de indemnización o estabilidad en virtud de cualquier cambio normativo o medida del Estado tendiente a garantizar el respeto y la protección de los derechos humanos en el contexto del proyecto”.

Pese a que el proyecto canalero se difumina (las obras no arrancan, no se conocen a los inversionistas y hay carestía de estudios técnicos, ambientales y de factibilidad completos), el empresario Wang Jing puede ceder, vender o traspasar el territorio nacional, como lo establece la ley 840. Ante esa posibilidad —que esconde según muchos la verdadera razón de esta entrega de la soberanía nacional como un negocio— Amnistía hace un llamado a terceros estados antes de invertir o llegar a tratos con HKND-Group.

“Deben evaluar el compromiso del Estado nicaragüense de cumplir con los estándares internacionales de derechos humanos, e iniciar de forma proactiva un diálogo con las autoridades nicaragüenses para asegurarse de que el Proyecto cumpla con las obligaciones internacionales que el Estado nicaragüense ha asumido en materia de derechos humanos y no conlleve a violaciones de los mismos”, detalla el informe de Amnistía.

Jagger: “Ortega entrega el país”

Bianca Jagger, la defensora de derechos humanos y originaria de Nicaragua, acompañó la presentación del informe de Amnistía Internacional en nombre de su fundación que lleva su nombre. Junto a ella estaban la productora Francisca Ramírez; la asesora legal del movimiento campesino, Mónica López Baltodano; y la doctora Vilma Núñez, presidenta del Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh).

Jagger hizo un repaso de su oposición a la contra revolución y su apoyo a la revolución sandinista en los ochenta, para luego lamentar que el comandante Ortega emula a los Somoza al “poner en peligro la soberanía y vender los recursos naturales”.

“Entrega al país a una compañía de la que no sabemos nada”, insistió la reconocida activista. “Da pesar que Ortega destruya el lago (Cocibolca), los bosques y cualquier parte del país a esta empresa para un proyecto que no traerá progreso”, dijo. "¿No tiene vergüenza de vender los recursos de los campesinos y los indígenas?". 

Jagger sostuvo que la persecución contra los campesinos es real. "No los dejen solo", sostuvo la defensora de derechos humanos.

La productora Francisca Ramírez lamentó que su demanda de derogar la ley canalera no ha sido escuchada por el gobierno del comandante Ortega.

"Tenemos 100 años de historia de derramamiento de sangre, y estamos cayendo en el mismo error", alertó la líder campesina.