23 de febrero 2016
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Londres.- Amnistía Internacional denunció este martes las "amenazas" y la "intimidación" que sufren en Nicaragua los defensores de los derechos humanos, y en particular los grupos indígenas que se oponen al Gran Canal Interoceánico. En su informe de 2015 sobre la situación de los derechos humanos en el mundo, Amnistía Internacional criticó también el "hostigamiento" que padecen "algunos medios informativos y organizaciones de la sociedad civil" en Nicaragua.
La organización defensora de los derechos humanos, con sede en Londres, recordó también que el año pasado "varias personas murieron" y "cientos se vieron obligadas a desplazarse" como consecuencia de la intensificación del conflicto de tierras en la costa norte del Caribe.
Según Amnistía Internacional, en Nicaragua el gobernante Frente Sandinista de Liberación Nacional (FSLN) "continuó ejerciendo un fuerte control sobre todos los órganos del Estado". El informe de AI hace mención especial al proyecto del Gran Canal Interoceánico, y recuerda que en noviembre pasado el Gobierno aprobó formalmente "un estudio de impacto ambiental" que permite seguir adelante con la construcción de la obra, otorgada a la firma china HKND Group.
La propia constructora ha cifrado en 27.000 el número de personas que deberán ser reubicadas debido al proyecto del canal, que según el gobierno nicaragüense supondrá la creación de unos 50.000 empleos y duplicará el producto interno bruto (PIB) nacional. Amnistía recordó que, según el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (CENIDH), los grupos indígenas, afrodescendientes y de otro tipo que protestaban contra la construcción del Gran Canal Interoceánico han sido objeto de "intimidación, ataques y detenciones arbitrarias".
Respecto a la situación de la libertad de expresión, la ONG señaló que "las autoridades gubernamentales y grupos de simpatizantes" intentaron en 2015 "reprimir y estigmatizar" el trabajo de las organizaciones de la sociedad civil y los medios de comunicación que se han mostrado "críticos con el partido en el poder".
En cuanto a la protección de mujeres y niñas, Amnistía Internacional recuerda que en Nicaragua sigue prohibido el aborto, incluso para situaciones en las que corre peligro la vida de la madre. Aunque en la primera mitad del 2015 se redujo de 47 a 35 el número de mujeres y niñas víctimas de asesinatos, Amnistía Internacional recuerda que las reformas legales aprobadas en 2013 han "debilitado" la protección de las mujeres frente a sus parejas maltratadoras.
