7 de enero 2018
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Después de anular el decreto 76-2016, sobre el Sistema de Evaluación Ambiental, el Ejecutivo emitió el pasado 29 de noviembre un nuevo decreto sobre el “Sistema de Evaluación Ambiental de Permisos y Autorizaciones para el Uso Sostenible de los Recursos Naturales”, reglamentado por la ordenanza (21-2017), que es más flexible sobre la preservación y cuidado de los recursos naturales.
El Grupo Cocibolca, integrado por varias organizaciones que protegen el medio ambiente, emitió un comunicado en el que rechazaron la aprobación del nuevo decreto.
“En el nuevo decreto subsiste la desfasada percepción de la ecología versus la economía, cuando en realidad tal contradicción no debe existir, porque ambas opciones son en sí mutuamente complementarias, simbióticamente dependientes y necesarias”, dice el Grupo.
El nuevo decreto 20-2017 también reduce plazos y mejora la institucionalidad de los procesos a favor de los empresarios. Según el Grupo Cocibolca, la intención va más allá de regular los permisos y autorizaciones para el uso de los recursos naturales, porque también se deja en evidencia que se podrá sanear las áreas protegidas, incluyendo las reservas de biósferas, últimos oasis verdes del país.
“Igual suerte tendrán los bosques de pinos de Las Segovias, que de manera contradictoria se regirán por los procedimientos de la Ley Forestal, es decir, no habrá tal simplificación”, reclaman.
El decreto regula parcialmente las licencias y el comercio de las especies de flora y fauna silvestre, que ya estaban bajo la jurisdicción del Marena desde antes. Simultáneamente violenta la Ley Forestal, Ley de Pesca, y Ley 290, al traspasar al Marena la facultad de otorgar permisos forestales a quien ellos estimen convenientes. Antes, esto era administrado por Inafor e Inpesca.
Respecto a los Estudios de Impacto Ambiental, el Grupo Cocibolca no encontró la simplificación que refieren los empresarios, pues destacan que desde hace tres meses rigen nuevos plazos para la aprobación de actividades y que se han concentrado en una sola institución, el Marena, que carece de recursos y no cuenta con el personal humano ni las capacidades requeridas.
Para el científico Jaime Incer Barquero, las maniobras del Gobierno, atentan contra el desarrollo sostenible de Nicaragua, pues al restringir los aspectos ambientales de los impactos que pueden ocasionar ciertas obras, se deja al país abierto al saqueo y a la destrucción ambiental progresiva.
“Los problemas ambientales van a definir el rumbo del país en un futuro cercano. El derroche de agua, la explotación indiscriminada los bosques. No es un asunto de sacar más leyes, es hacer funcionar las que están para poder salvar este país. La empresa privada debe entender que se nos están acabando los años de las vacas gordas y que se nos vienen las vacas flacas”, aseguró Íncer Barquero.
