27 de octubre 2018
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El secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), Luis Almagro, pidió al Gobierno de Daniel Ortega que acepte la recomendación de un grupo de expertos para crear una Fiscalía Especial destinada a investigar la violencia de los últimos meses.
Almagro formuló su solicitud en Twitter después de que el Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI) urgiera al Estado de Nicaragua a establecer de forma "urgente" una institución capaz de investigar independientemente los hechos de violencia ocurridos desde abril.
"Secretaría General de @OEA_oficial hace suyo el informe del #GIEINicaragua y solicita a Gobierno de #Nicaragua acepte recomendación de creación de una Fiscalía Especial para la investigación de la violación sistemática y reiterada de #DDHH denunciada por el Grupo de Expertos", dijo Almagro en Twitter.
Secretaría General de @OEA_oficial hace suyo el informe del #GIEINicaragua y solicita a Gobierno de #Nicaragua acepte recomendación de creación de una Fiscalía Especial para la investigación de la violación sistemática y reiterada de #DDHH denunciada por el Grupo de Expertos pic.twitter.com/uVZ9rFS16k
— Luis Almagro (@Almagro_OEA2015) 26 de octubre de 2018
La Fiscalía Especial debería ser creada mediante una ley o conforme a una Ley Orgánica del Ministerio Público de Nicaragua y permitiría que las víctimas de violencia interpusieran denuncias, algo que no han hecho en algunos casos por miedo a represalias, detallaron los expertos del GIEI.
Ese grupo se estableció en Nicaragua el 2 de julio como resultado de un acuerdo entre el Ejecutivo nicaragüense, la OEA y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
El GIEI ha podido apoyar en las investigaciones de los hechos violentos acontecidos entre el 18 de abril, cuando estallaron las protestas contra Ortega, y el 30 de mayo, intervalo de tiempo en el que organismos humanitarios calculaban que habían perdido la vida 300 personas, aunque ese Grupo solo investiga a 127.
Las protestas contra Ortega y su esposa, la vicepresidenta Rosario Murillo, estallaron el 18 de abril por unas fallidas reformas a la seguridad social y se convirtieron en un reclamo que pide su renuncia, después de once años consecutivos en el poder, con acusaciones de abuso de poder y corrupción.
La crisis ha dejado 325 muertos, de los que 24 son menores, según datos de la CIDH, órgano autónomo de la OEA; aunque algunos grupos cifran en 528 las víctimas mortales y el Ejecutivo solo reconoce a 199 y denuncia un intento de golpe de Estado.
