Nación

Allanamientos y abusos policiales en tercer aniversario de la Rebelión de Abril

Opositores al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en diferentes expresiones de protesta pese a la violencia estatal y la impunidad

Arrestos sin justificación, allanamientos sin orden judicial y un recrudecimiento del estado policial de facto, prevalecieron este 19 de abril, al cumplirse el tercer aniversario de la Rebelión de Abril de 2018. La Policía que asediaba las viviendas de conocidos opositores cruzó el umbral; mientras, la ciudadanía burló el estado policial para manifestarse.

Yesenia Estrada, mamá del excarcelado político Byron Corea, denunció que unos cincuenta oficiales con tres perros policías comandados por el jefe de la delegación policial de León, el comisionado general Fidel Domínguez, irrumpieron en su vivienda cuando solamente se encontraba su madre, María Olimpia Mayorga, de 70 años.

La mujer relató que los oficiales “le dieron tres patadas” a la puerta de la vivienda para poder abrirla y una vez en el inmueble “pidieron las escrituras de la casa y todos los documentos de importancia” que tuvieran. Ante tal exigencia “mi mamá les dijo que no; entonces, se metieron a los cuartos y rebatieron todo”, agregó.

Según el testimonio de Estrada, los oficiales no mostraron ninguna orden judicial y al final del allanamiento se llevaron dos teléfonos celulares y una computadora portátil. “Este es un abuso de autoridad. Vinieron allanarnos sin ninguna orden, son unos grandes atrevidos. Ese es el gran miedo que le tienen a la población”, comentó la mujer.

Los allanamientos en León continuaron en la casa de la familia de la precandidata presidencial, María Eugenia Alonso. Donde sesenta  oficiales –aproximadamente– llegaron a bordo de cinco camionetas y tres motos, los que ingresaron por la fuerza en búsqueda de equipos tecnológicos y cualquier tipo de objeto alusivo a las protestas contra el régimen gobernante.

Diego Reyes, esposo de Alonso, denunció ante el Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) que el allanamiento duró cincuenta minutos. Los policías “rebatieron y destruyeron el interior de la vivienda, despojándoles de cinco teléfonos celulares, dos laptops y una Tablet”, señaló.

La familia Reyes Alonso es víctima de asedio policial permanente y esta es la segunda vez que la Policía allana su vivienda sin orden judicial. La primera vez ocurrió el 25 de noviembre de 2019, cuando el comisionado Domínguez irrumpió arbitrariamente en la casa, golpeó a los miembros de la familia y estando esposados los obligó a grabar unos videos en los que se comprometían a no seguir “jodiendo”.

CIDH condena persistencia de la impunidad

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) condenó la “impunidad generalizada” que persiste en Nicaragua al cumplirse tres años de la Rebelión de Abril contra el Gobierno de Daniel Ortega.

Por ello, la CIDH hizo “un llamado urgente” al Estado de Nicaragua “para poner fin a la impunidad, y a adoptar las medidas necesarias para la superación de la crisis y el restablecimiento de la institucionalidad democrática por medio del inicio de procesos que promuevan la verdad, la justicia y la reparación a las víctimas de la grave crisis que experimenta el país”.

El organismo de la OEA explica que desde su primera visita al país, el 17 de mayo de 2018, hasta la fecha ha “documentado la perpetración de graves violaciones a los derechos humanos cometidas en el marco de la represión violenta a las protestas sociales”.

“A la fecha, desde las más altas autoridades del Estado persiste una narrativa tendiente a negar las violaciones a derechos humanos y estigmatizar a las víctimas. Además, siguen vigentes el conjunto de leyes aprobadas en 2019 que resultan incompatibles con el derecho a la verdad, el acceso a la justicia y a una reparación integral para las víctimas de la represión, entre ellas, la Ley de Amnistía”, señalan.

Arrestos y más represión policial en Nicaragua

Mientras tanto, la Policía arrestó y liberó horas después a varios opositores al régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo. Casos como el de Misael Escorcia y Julio Álvarez, quienes fueron detenidos la noche del 18 de abril en Sébaco, Matagalpa, fueron reportados por el Monitoreo Azul y Blanco, un grupo de autoconvocados que siguió el caso hasta que fueron liberados la tarde del 19 de abril.

El 18 de abril también fueron arrestados: Emilio Rodríguez, en Somoto, Madriz;  Osman David Lovo Dávila, en El Rosario, Carazo;  el excarcelado político Reynaldo Escorcia, en León, y  Mauro Ortiz, en Jinotega. Un día después, el 19 de abril, fueron arrestados: Janny Estrada, en Managua y Jairo Miranda, en Totogalpa, Madriz.

Miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia conmemoraron el tercer aniversario de la rebelión de abril con un piquete exprés. //Foto: Cortesía

El tercer aniversario de la Rebelión de Abril también estuvo marcado por la represión policial. Miembros de la Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia fueron retenidos por la Policía en la sede de la Unidad Médica Nicaragüense, en Managua, en donde se reunieron para rememorar esa efeméride.

El grupo realizaba un piquete exprés “en conmemoración de los tres años de la insurrección de abril de 2018” y los oficiales les impidieron salir a las calles durante varias horas. En el sitio también se encontraban los reporteros Noel Miranda, de “Artículo 66”; Marcelo Conde, de Radio Darío; Valeska Rivera, de Canal 10; y Alberto Miranda, de la plataforma “Literal”.

También, las denuncias de asedio policial pulularon durante toda la jornada. Entre las víctimas reportadas por el Cenidh se encuentran: Carlos Pavón, padre de Richard Pavón uno de los primeros asesinados en 2018; el excarcelado político Lenín Salablanca; la periodista Kalúa Salazar, de radio La Costeñísima y la excarcelada política Neyma Hernández, entre otros.

Muertes, encarcelamientos y exilios de la represión orteguista

De acuerdo a la información registrada a través del Mecanismo Especial de Seguimiento para Nicaragua (Meseni), hasta la fecha, la crisis ha resultado en al menos 328 personas fallecidas y unas 2000 heridas.

“Los reportes han determinado que al menos 1614 personas han sido víctimas de privación arbitraria de su libertad como represalia por haber participado en actos de protesta u oposición al Gobierno”, indica la CIDH en un comunicado.

Además, indican que más de 100 000 personas habrían salido al exilio, se han expulsado al menos 150 estudiantes de universidades públicas y más de 400 trabajadores de la Salud fueron despedidos.

También mencionan que han registrado “el ataque a la libertad de prensa a través del asedio policial y persecución institucional a medios de comunicación y personas trabajadoras de la prensa independiente, lo que ha provocado el cierre de varios medios, la amenaza de cierre de otros y el exilio de más de 90 periodistas”.

Detallan que han “observado la persistencia “de la privación de la libertad como estrategia de impedimento de las libertades públicas y silenciamiento de las voces disidentes”. Hasta abril de este año reportan que 115 presos políticos permanecen en las cárceles de Nicaragua.

Régimen y FSLN intentan borrar la memoria

En un intento de borrar la memoria de las protestas masivas contra el régimen, un grupo de militantes sandinistas irrumpió en la parroquia Nuestra Señora de El Rosario, en Chinandega, donde se realizaba un homenaje a las víctimas de la represión de abril de 2018 para gritar “¡Viva Daniel!”.

Agentes antidisturbios fueron desplegados en el tercer aniversario de la Rebelión de Abril. //Foto: cortesía

En un vídeo que circula en redes sociales se percibe el instante en que un grupo de personas pedían la liberación de los presos políticos, cuando una mujer reclama: “la iglesia no es política, la iglesia es para venir a ver la paz. Váyanse a la calle” e inmediatamente otras mujeres empezaron a gritar “¡Viva Daniel!”

La Iglesia ha abierto las puertas de sus templos para refugiar a manifestantes, familiares de víctimas y opositores que intentan mantener viva la memoria de los asesinados.

“36 meses de represión continua”

El abogado y defensor de derechos humanos, Gonzalo Carrión, del Colectivo Nicaragua Nunca+ Impunidad, apunta que la represión que se vive durante este mes de abril es parte de la sistemática persecución contra opositores iniciada en abril de 2018.

“Hasta el día de hoy, 36 meses después del inicio de las protestas, continua la represión que ha tenido graves consecuencias y violaciones a los derechos humanos como las ejecuciones arbitrarias a la vida, cárcel y torturas”, manifestó.

Carrión insistió que “persiste la criminalización contra la ciudadanía” que ejerce su derecho a protestar y que el régimen de Ortega para mantenerse en el poder ha recrudecido el estado policial.

“La sistemática represión no cesa y se ensaña contra las voces que ejercen sus derechos: defensores de derechos humanos, periodistas, activistas, opositores, excarcelados, líderes religiosos, campesinos, indígenas, viven en un entorno de campañas estatales de odio”, manifestó Carrión.

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