16 de junio 2018
AA
La Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia, participó “bajo protesta”, de la sesión del Diálogo Nacional la mañana de este sábado como reacción a la represión, violencia y asesinatos de esta madrugada donde policías, parapolicías y turbas, atacaron Masaya, León y Managua, aseguró Michael Healy, presidente de Upanic, y representante del sector privado.
La quema de una casa de tres pisos que funcionaba como vivienda y colchonería a la vez, centró la discusión inicial de los dialogantes, en especial cuando Luis Andino, dirigente de la Unión Nacional de Estudiantes de Nicaragua (UNEN), y parte de la delegación gubernamental, culpó a la Alianza de esas muertes.
“Basta de odio. Estos hechos de violencia se generan alrededor de los tranques” por lo que “ustedes son culpables del asesinato de esta familia y de los trabajadores del Barrio 8 de Marzo”, en probable referencia a la muerte de dos ciudadanos a los que un comunicado de la Policía Nacional identifica como Francisco Ramón Arauz Pineda y Antonio Fernández.
El comunicado policial identifica a “delincuentes encapuchados” que primero quemaron la colchonería y luego se dedicaron a hostigar a los bomberos que combatían las llamas, ignorando el hecho de que esos “delincuentes encapuchados” trabajaban con conjunto con la fuerza policial, y que hay decenas de fotos y videos para demostrarlo.
Tampoco es que haya mucha credibilidad en los dichos de las entidades del gobierno.
El rector universitario Carlos Tünnermann Bernheim respondió a los voceros oficiales que “sabemos quiénes mandan a esos delincuentes encapuchados de que habla la Policía Nacional. Nadie cree en esos comunicados de la Policía, que dicen cosas absolutamente inverosímiles. La gente está viendo y hablando en las redes sociales, y en ellas apunta su dedo acusador en contra del gobierno”.
El líder estudiantil Léster Alemán, coincidió con el maestro Tünnermann, al asegurar que “Nicaragua no puede creer esos informes de la Policía Nacional”. Quizás podrían creerlos, si no provinieran de una organización que en los últimos 50 días se ha dedicado a asesinar a su propio pueblo, por lo que lanzó el reto al Gobierno para que desengañe al país, y le diga si ya perdió su capacidad de dar órdenes a los uniformados.
Al final, las partes acordaron (con las reticencias gubernamentales disfrazadas de un afán por preservar el orden constitucional) integrar la Comisión de Verificación y Seguridad con seis representantes de cada lado de la mesa, bajo la coordinación técnica de Jorge Solís, asesor de la Conferencia Episcopal de Nicaragua, más un sacerdote a nombrar por ellos para ejercer la función de testigo.
También se acordó integrar dos ‘mesas’: una electoral para que discuta la fecha de elecciones (propuesta para el 31 de marzo de 2019), y la toma de posesión del nuevo gobierno, para el 15 de abril; así como la sustitución de magistrados del Consejo Supremo Electoral; la reforma a la Ley Electoral, la definición de un calendario electoral, invitación a observadores, etc.
La otra mesa, la judicial, debatirá los detalles para lograr la renuncia, reducción de periodos de los actuales magistrados de la Corte Suprema de Justicia, y la elección de nuevos magistrados. Las dos mesas tendrán tres integrantes por cada lado.
