17 de octubre 2020
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La opositora Alianza Cívica por la Justicia y la Democracia advirtió este jueves sobre un posible cierre a la vía electoral para superar la grave crisis que vive Nicaragua desde abril de 2018 y que ha dejado cientos de muertos y decenas de miles en el exilio.
En una carta enviada a los embajadores acreditados ante la Organización de Estados Americanos (OEA), con copia a la prensa, la Alianza expresa su "preocupación por los hechos políticos que vive actualmente Nicaragua, como consecuencia de la radicalización del régimen de Daniel Ortega en sus mecanismos de represión contra el pueblo nicaragüense".
Entre otros, ese grupo opositor mencionó asedios, persecuciones, amenazas y ataques como el ocurrido el domingo pasado contra la periodista Verónica Chávez, víctima de una pedrada en la cabeza lanzada por un seguidor de Ortega.
Denuncian escalada de represión
Para la Alianza, esos casos son "una señal del aumento de los actos de represión contra los ciudadanos nicaragüenses y la violación de los derechos humanos en nuestro país".
"La escalada de la represión lleva al país en un sentido contrario al favorable entorno que necesitamos para un eventual proceso electoral, como el que hemos estado exigiendo como mecanismo para encontrar una solución pacífica y democrática a nuestra crisis política", señaló el grupo en la carta firmada por el exembajador nicaragüense en Washington Carlos Tünnermann, coordinador general de la Alianza.
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Nicaragua tiene previsto celebrar elecciones generales en noviembre de 2021.
La oposición ha condicionado su participación a unas reformas previas al sistema electoral que garanticen unas elecciones libres y transparentes.
Al respecto, la Alianza pidió a los países del Hemisferio Occidental que evalúen "el hecho de que si las reformas electorales que la Carta Interamericana Democrática de la OEA considera fundamentales para garantizar que haya unas elecciones justas y transparentes no son realizadas por el Gobierno de Nicaragua, el Gobierno que resulte electo en dicho proceso carecerá de legitimidad".
Desarme de paramilitares
La Alianza también abogó ante la OEA "para influir en la restitución inmediata de los derechos y libertades públicas de los nicaragüenses que están garantizados por la Constitución, y que son imprescindibles en una contienda electoral".
Alertó, además, que los hechos recientes "indican la urgencia de tener también un proceso de desarme y control de los grupos paramilitares progubernamentales, que continúan atacando a los opositores, manteniendo el estado de impunidad que se ha establecido en el país".
La Alianza aclaró que continúan "considerando la importancia que se den reformas electorales que promuevan elecciones libres y transparentes en 2021, aunque la tendencia a la represión que estamos viviendo puede conducir al cierre de la posibilidad de recuperar los derechos y garantías ciudadanas, y perder la oportunidad de construir una salida a la crisis, a través de un proceso electoral".
La OEA celebrará el 50 Período Ordinario de Sesiones los próximos 20 y 21 de octubre.
Desde abril de 2018, Nicaragua vive una crisis sociopolítica que ha dejado al menos 328 muertos, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), aunque organismos locales elevan la cifra a 684 y el Gobierno reconoce 200 y denuncia un supuesto intento de golpe de Estado.
Coalición demanda a OEA que emplace a Ortega
Estados Unidos, la oposición nicaragüense y organismos humanitarios rechazaron este viernes, por separado, la polémica Ley Reguladora de Agentes Extranjeros, promovida y aprobada por la mayoría sandinista en el Parlamento, con el argumento de que podrá ser usada como un "instrumento de represión" por el Gobierno que preside Daniel Ortega contra sus críticos.
El subsecretario de Estado para Asuntos del Hemisferio Occidental de Estados Unidos, Michael Kozak, dijo en Twitter que esa nueva ley está "dirigida contra la oposición pro-democracia y medios independientes" nicaragüenses, por lo que la catalogó como "otra movida autoritaria de Ortega para silenciar a sus críticos".
"Los nicaragüenses no serán libres hasta que puedan expresarse y organizarse sin temor", señaló Kozak en un tuit enviado por la embajada estadounidense en Managua.
La nueva legislación clasifica como "agente extranjero" a las personas naturales o jurídicas nacionales o de otra nacionalidad "que respondiendo a intereses y obteniendo financiamiento externo utilicen esos recursos para realizar actividades que deriven en injerencia de Gobiernos, organizaciones o personas naturales extranjeras en los asuntos internos y externos de Nicaragua".
La misma ley indica que los "agentes extranjeros" no podrán participar en la vida política nacional incluso si son nicaragüenses.
Por su lado, el no gubernamental Centro Nicaragüense de Derechos Humanos (Cenidh) divulgó su "preocupación y condena" ante esa ley, al considerar que con esta "el régimen Ortega Murillo ejercerá control totalitario sobre la ciudadanía en general, medios de comunicación, organizaciones de la sociedad civil, de derechos humanos, y movimientos sociales".
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