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Activistas: Estado tiene “una deuda pendiente” con niña fallecida tras parto

Feministas destacan que el Gobierno está obligado a garantizar justicia, por lo que demandan el encarcelamiento y juicio para el hombre que la violó

Defensoras de los derechos humanos de mujeres y niñas señalaron que el Estado nicaragüense tiene “una deuda pendiente” con una menor de 13 años, oriunda de Laguna de Perlas, en la Costa Caribe Sur de Nicaragua, que el pasado viernes falleció —según el Ministerio de Salud (Minsa)— tras sufrir “complicaciones posparto”. Según las activistas, las autoridades sanitarias no se refirieron al abuso sexual que fue víctima la niña y tampoco indicaron si dicha situación fue remitida ante la Fiscalía.

Violeta Delgado, integrante del Movimiento de Mujeres (MAM), afirmó que este caso hace un llamado de alerta a las autoridades nicaragüenses sobre la “desprotección que sufren mujeres, adolescentes y niñas”.

Dijo que el Estado tiene la responsabilidad, incluso la deuda pendiente, con la menor y su familia, de “buscar justicia” y hacer que el hombre que la violó pague con cárcel este delito.

La Red de Mujeres contra la Violencia, a través de sus redes sociales, refirió que “no se puede naturalizar los embarazos en niñas y adolescentes”, y recordó que las autoridades tienen el deber de “investigar todo” porque “los embarazos en menores de 14 años son producto de violencia sexual”.

Violación agravada

El Código Penal de Nicaragua establece que toda relación sexual, consentida o no, con menores de 14 años es una violación y se sanciona con cárcel. En el artículo 168 de la Ley 641 se indica que “quien tenga acceso carnal o se haga acceder con o por persona menor de catorce años o quien con fines sexuales le introduzca o la obligue a que se introduzca dedo, objeto o instrumento por vía vaginal, anal o bucal, con o sin su consentimiento, será sancionado con pena de doce a quince años de prisión”.

Se establece como un “agravante” de la violación a menores de 14 años situaciones, establecidas en el artículo 169, que entre otras cosas resulten en un “grave daño en la salud de la víctima”.

El caso de la menor fallecida, apuntó Delgado, aplica perfectamente al delito de violación agravada, pues murió producto de esa secuela que dejó la violación: el embarazo. Su cuerpo “no estaba preparado para llevarlo a término y esto ocasionó riesgos a su vida, graves daños a su salud que se tradujeron en ese desgarro de útero, en esa hemorragia que la llevó a la muerte”.

El informe del Minsa especifica que la niña, tras tener a un bebé de 3000 gramos, sufrió un shock hipovolémico, secundario a hemorragia posparto por desgarro uterino más atonía uterina, que le provocó la muerte.

Actualmente, se desconoce cuántas menores de 14 años han fallecido producto de complicaciones durante o posterior a un parto. El Minsa tiene más de diez meses de no actualizar su informe sobre muertes maternas a nivel nacional. Entre 2018 y septiembre de 2020 se registraron 22 casos de muertes maternas en menores de 20 años.

Normalización del abuso sexual

Una experta en temas de abuso sexual, que pidió el anonimato, afirmó a CONFIDENCIAL que en la muerte de la menor hubo una “gran responsabilidad del Estado”, ya que las autoridades de Salud fueron las primeras, después de la familia, en conocer del embarazo y debían reportarlo porque se trataba de un caso de abuso sexual.

“El problema es que estas niñas llegan a una casa materna, a un centro de salud o a un hospital, y estos asumen como normal que la niña esté embarazada, porque como ocurre tan frecuentemente, entonces se normaliza. En este caso es evidente que hubo un abuso sexual y ahí el Minsa le falló a la menor”, apuntó la experta.

Destacó que es responsabilidad del Ministerio de Salud “tener un protocolo no solo para atender a esta niña que llega embarazada, sino para reconocer los riesgos que puede tener y visibilizar la situación de este embarazo como parte de una secuela de abuso sexual”.

Ambas defensoras lamentaron y denunciaron que en Nicaragua la vida de las mujeres y niñas corre mucho más riesgo ante los abusos sexuales, ya que en la legislación nicaragüense está penalizado el aborto terapéutico, aunque la vida de las nicaragüenses esté en riesgo.


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