12 de febrero 2021
AA
SAN JOSÉ, COSTA RICA.- Diez mil nicaragüenses solicitantes de refugio y refugiados en Costa Rica contarán con seguro médico gracias a un convenio firmado entre la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de Costa Rica y la Agencia de la ONU para los Refugiados (ACNUR), revelaron las autoridades costarricenses, tras la reunión con Filippo Grandi, Alto Comisionado de esa agencia, en su visita al país como parte de una gira por América Latina.
Con unos 2.3 millones de dólares ACNUR busca "ampliar el seguro médico voluntario del que ya gozan 6000 de las personas solicitantes de refugio y refugiadas más vulnerables desde 2020, y alcanzar a 4000 personas más durante el 2021", detalla el comunicado oficial. El seguro médico estaría vigente por nueve meses.
Firma del convenio entre ACNUR y la CCSS de Costa Rica para brindar atención y seguro médico a los refugiados en Costa Rica. //Foto: Cortesía/CCSS
Seguro médico en momentos de covid-19
"Sabemos que esto marcará una gran diferencia en la calidad de vida de las familias que han huido de sus países en busca de refugio para salvaguardar sus vidas y la de su familia, en especial en momentos donde la pandemia ha mostrado las grandes brechas de desigualdad en todo el mundo”, dijo el presidente de Costa Rica Carlos Alvarado durante la reunión con Grandi.
Costa Rica, un país de cinco millones de habitantes, ha recibido 116 000 solicitudes de refugio de nicaragüenses a partir de 2018, cuando estalló la crisis sociopolítica y de derechos humanos en Nicaragua tras la sangrienta represión gubernamental de masivas protestas ciudadanas. Hasta la fecha, Costa Rica ha otorgado refugio a 3345 nicaragüenses.
Las cifras de solicitantes de refugio y refugiados de origen nicaragüense sobrepasan exponencialmente las de otros países como Venezuela, Cuba o El Salvador, por lo que el seguro médico beneficiaría, en su mayoría, a desplazados nicas.
"Durante la reunión que sostuvieron ambos funcionarios y sus respectivas delegaciones, se abordó la situación que atraviesa el país por causa de la pandemia y la afectación que ha tenido en la atención de los movimientos mixtos que llegan a Costa Rica de migrantes y personas en búsqueda de protección internacional", dice el comunicado.
En el país, unos 52 000 nicaragüenses solicitantes de refugio tienen sus documentos de identidad vencidos debido a los atrasos provocados por la pandemia en las oficinas de la Dirección de Migración y Extranjería de Costa Rica.
Nicaragüenses solicitantes de refugio reclaman atención
Mientras Grandi y Alvarado sostenían el encuentro en Casa Presidencial, en otro punto de la capital San José, afuera de la oficina de ACNUR en el país, un pequeño grupo de exiliados nicaragüenses llevaba a cabo un plantón por segunda ocasión para reclamar la falta de apoyo de las instituciones públicas costarricenses y de ACNUR.
"Denunciamos el actuar del ACNUR. Con la visita de don Filippo Grandi se le enseña lo que no es real. Lo llevaron a Upala (cantón de Alajuela fronterizo con Nicaragua), le mostraron una realidad bonita de los refugiados en Costa Rica, cuando la realidad se encuentra en las calles de San José, donde nos persigue la municipalidad para quitar (a vendedores informales) lo poco para sostenernos, donde están los enfermos que no tienen seguro", dijo uno de los manifestantes.
"¿Por qué no lo llevaron a San José?, a las calles, a mostrarle cómo están los refugiados que no tienen dónde dormir, ni qué comer, cómo protegerse del frío, no tienen herramientas para sobrevivir en este país tan caro. Se les pidió una reunión tripartita, ellos el Gobierno y nosotros, para que de verdad conociera la situación que vivimos", dijo otra nicaragüense al medio Nicaragua Actual.
ACNUR realizó una evaluación humanitaria en Costa Rica en septiembre de 2020 que reflejó que, tras el impacto socioeconómico de la pandemia, el 14% de la población refugiada come una vez al día o menos y un 63% lo hace solo dos veces al día
El reporte de ACNUR también registró que el 20% no sabía dónde viviría el siguiente mes por falta de dinero para pagar la renta. Asimismo, reveló que solo el 59% de las familias refugiadas tienen como principal fuente de ingresos un trabajo remunerado, mientras que antes de la pandemia ese porcentaje era de 93%.
