22 de junio 2021
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Un grupo de 59 países miembros de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en el marco del 47 período de sesiones del Consejo de esa organización, suscribieron una declaración conjunta en la que condenaron la violación a los derechos humanos que continúa cometiendo el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo en Nicaragua.
Los estados instaron -en el documento- al régimen orteguista a garantizar elecciones libres y liberar inmediatamente a todos los presos políticos, incluyendo los candidatos presidenciales y opositores que fueron arrestados en las últimas cuatro semanas.
Por su parte, la alta comisionada de la Oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de la ONU (Oacnudh), Michelle Bachelet, en una actualización que hizo al Consejo de la ONU sobre la situación de Nicaragua, denunció que la crisis que enfrenta el país desde abril de 2018 “no solo no presenta visos de ser superada, sino que se ha agudizado de manera alarmante”.
En su presentación advirtió que, el "acelerado deterioro de la situación de derechos humanos" en Nicaragua, "aleja la posibilidad de que los nicaragüenses puedan ejercer plenamente sus derechos políticos en las elecciones" programadas para noviembre.
Bachelet detalló que su oficina, desde el tercer aniversario del inicio de las protestas en abril de 2018, han registrado un “escalamiento de la persecución selectiva contra personas defensoras de derechos humanos, periodistas, y personas percibidas como opositoras”.
Explica que han documentado “casos de detenciones arbitrarias, agresiones y hostigamiento por parte de la Policía Nacional”, que indican una “represión sistemática de los intentos de víctimas y organizaciones de la sociedad civil de protestar en espacio públicos, violando así su derecho a la libertad de expresión, asociación y a la reunión pacífica”.
Oacnudh contabiliza, según fuentes de sociedad civil, que hasta el 14 de junio, 9 mujeres y 115 hombres permanecían privados de su libertad en el contexto de la actual crisis de derechos humanos que enfrenta Nicaragua.
Siguen las violaciones de derechos humanos en Nicaragua
En su declaración conjunta, los 59 países miembros de la ONU dijeron compartir las preocupaciones de la alta comisionada sobre la situación de Nicaragua “incluida la impunidad persistente por las violaciones de derechos humanos desde abril de 2018 y los continuos informes de detenciones arbitrarias”.
En este sentido, instaron al régimen orteguista a “garantizar la protección de los derechos humanos”, “cesar el hostigamiento contra periodistas y defensores de derechos humanos”; “permitir a las organizaciones de la sociedad civil operar en entornos seguros y propicios, sin temor a represalias”; “libertad inmediata” de todos los presos políticos; y se “comprometa” con la comunidad internacional “garantizando elecciones libres” y “la presencia de observadores electorales internacionales”.
Los países firmantes de la declaración conjunta fueron Brasil, Bulgaria, Colombia, España, Estados Unidos, Chile, Japón, Albania, Suiza, Alemania, Australia, Austria, Bélgica, Canadá, Colombia, Costa Rica, Croacia, Chipre, República Checa, Dinamarca, República Dominicana, Ecuador, El Salvador, Estonia, Finlandia, Francia, Georgia, Grecia, Guatemala, Guyana y Haití.
También firmaron Hungría, Islandia, Irlanda, Italia, Liechtenstein, Lituania, Letonia, Luxemburgo, Malta, Marshall Islands, Mónaco, Montenegro, Marruecos, Países Bajos, Nueva Zelanda, Macedonia del Norte, Noruega, Panamá, Palau, Paraguay, Perú, Polonia, Portugal, Corea del Sur, Rumania, Eslovaquia, Eslovenia, Suecia y Gran Bretaña.
Bachelet: Leyes “utilizadas” para perseguir a opositores
Bachelet también señaló al régimen de Ortega de estar “utilizando” leyes -aprobadas en 2020- para “perseguir a opositores”. Oacnudh indica que legislaciones como la Ley 977, ley contra el Lavado de Activos, el Financiamiento al Terrorismo, y la Ley 1055, ley de defensa de los derechos del pueblo a la independencia, soberanía y autodeterminación para la paz, fueron implementadas para criminalizar a cinco aspirantes a la presidencia, entre ellos: Cristiana Chamorro, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora y Arturo Cruz. Además de ocho líderes políticos, dos dirigentes gremiales y un cronista deportivo.
Además señaló que las detenciones contra los opositores están “bajo conceptos penales ambiguos y sin suficiente evidencia probatoria, fueron marcadas por graves violaciones de las garantías procesales”.
También criticó que se les esté aplicando la reforma al Código Procesal Penal, donde se establecen una ampliación de 90 días de detención durante la investigación, pues apunta que se está perjudicando “sus derechos a la libertad personal, a la presunción de inocencia y un recurso efectivo”. Denuncia que dicha medida “impediría” a los candidatos “competir en las elecciones generales, restringiendo no solo sus derechos políticos, sino también los derechos de las y los ciudadanos de poder votar por las opciones de su preferencia”.
Amenazas y hostigamientos contra medios independientes en Nicaragua
La alta comisionada denuncia que han registrado “declaraciones públicas de autoridades y algunos medios oficialistas estigmatizando a las personas percibidas como opositoras”, incluyendo “amenazas en redes sociales, y el hostigamiento contra medios y periodistas independientes, incluso a través de su involucramiento en las investigaciones penales”.
En las últimas tres semanas, la Fiscalía ha citado a más de 20 periodistas el caso por el supuesto lavado de dinero, abierto contra la Fundación Violeta Barrios de Chamorro (FVBCh). Algunos de los comunicadores fueron hostigados y cuestionados en los interrogatorios por su labor como periodistas independientes y críticos del poder por supuestamente estar infringiendo la Ley Especial de Ciberdelitos.
Oacnudh refiere que todas estas acciones implementadas por el régimen orteguista "generan un clima de temor que inhibe el ejercicio de los derechos a la libertad de reunión pacífica, asociación y expresión, los cuales resultan esenciales para garantizar un proceso electoral creíble, libre y equitativo”
En ese contexto, y ante la falta de “cumplimiento a la casi totalidad de las recomendaciones formuladas” por Oacnudh, Bachelet llamó al régimen de Ortega a “un cambio urgente en el curso de acción que está adoptando frente al proceso electoral”. Además, pidió al Consejo de la ONU que “considere con urgencia todas las medidas a su alcance para fortalecer la promoción y protección de los derechos humanos en Nicaragua”, incluyendo “la rendición de cuentas por las graves violaciones cometidas desde abril de 2018”.
Durante su intervención el canciller Denis Moncada -representante del régimen orteguista- negó que en Nicaragua se cometan violaciones a derechos humanos y señaló a los organismos internacionales de derechos humanos de reproducir “el discurso imperial e intervencionista de quienes pretenden dictar nuestras leyes nuestras decisiones, nuestras maneras y modelos de vida, anulando nuestra soberanía”.
Moncada dijo “denunciar a los Estados Unidos y las potencias europeas” por supuestamente implementar contra Nicaragua “su política inmoral e indecente de medidas agresivas, arbitrarias, ilegales, coercitivas y unilaterales que violentan todos los instrumentos del derecho Internacional”.
