Emergencia Coronavirus

2020, el año de la pandemia: impacto y secuelas en Nicaragua

El régimen orteguista politizó el manejo de la crisis sanitaria de covid-19, sobre la que continúa sin publicar información confiable y verificable

La covid-19 marcó 2020. Lo convirtió en uno de esos años que representan un antes y después para todos. En Nicaragua, la pandemia que acumula en el mundo casi 80 millones de contagios y 1.7 millones de fallecidos, ha estado marcada por la falta de transparencia sobre su verdadero impacto y la politización de parte del régimen orteguista de la emergencia sanitaria. Bajo un estado policial de facto, sus efectos también se suman a los estragos de la crisis sociopolítica y económica en su tercer año, tras la matanza y represión del Estado en contra de las protestas ciudadanas de abril de 2018.

Más 8450 fallecidos

En diez meses de pandemia, 8454 personas han fallecido por covid-19 en Nicaragua, aunque el Gobierno solamente admite 163, en cuestionados reportes que no son verificables. A principios de mayo, en el inicio de la curva de contagios, el Gobierno persistía en negar la pandemia, mientras los “entierros exprés”, a altas horas de la noche o en la madrugada, se volvieron norma.

El salubrista Carlos Hernández, del Comité Científico Multidisciplinario, atribuyó a la covid-19 más de 7500 decesos en un análisis de la sobremortalidad por neumonías, diabetes, hipertensión e infarto, revelada por el Gobierno en un intento de minimizar la pandemia. En diciembre, Funides elevó el cálculo a 8454 incluyendo otras causas de muerte que incrementaron exponencialmente en 2020, mientras el Gobierno niega los fallecidos justificando “comorbilidad”.

Más de 6000 muertes que estarían relacionadas a la covid-19, fueron excluidas del conteo oficial. Nayira Valenzuela | Confidencial

Médicos desprotegidos

Más de 830 médicos, personal de enfermería, administración, limpieza y logística de hospitales y centros de salud enfermaron de covid-19 en el país y 111 de ellos fallecieron, según el monitoreo independiente del Observatorio Ciudadano COVID-19. El Gobierno se limitó a una mención general en un acto con el personal médico militar, callando sobre cómo en las primeras semanas de la pandemia prohibió el uso de mascarillas al personal sanitario, bajo el argumento de “no alarmar a la población”. En cambio, despidió a dieciséis médicos —diez de ellos en un mismo día—, por respaldar el llamado de más de 500 especialistas a una cuarentena nacional voluntaria y el reclamo de equipos de protección para sus colegas en primera línea contra la pandemia.

Hermetismo oficial

Lo poco que se supo sobre la respuesta del Gobierno ante la covid-19 en su mayoría fue filtrado para derrotar el hermetismo oficial. El régimen no ha brindado estadísticas detalladas ni verificables sobre contagios, fallecidos y la cantidad de pruebas moleculares realizadas.

El Minsa también estableció un sistema de sumas y restas para informar sobre los casos, que no ha permitido conocer, con certeza, los números de recuperados, contagiados, hospitalizados y en seguimiento. Sus informes incompletos y con datos antojadizos también se quedaron por debajo de monitoreos independientes. La falta de datos fue cuestionada por la Organización Panamericana de la Salud (OPS), que reclamó más información para poder evaluar la situación de la pandemia en Nicaragua.

El Minsa también impuso términos como pacientes “delicados, pero estables”, “delicados y atendidos” y “en seguimiento responsable y cuidadoso”, y suspendió sin explicaciones los reportes diarios y semanales del avance.

Pruebas centralizadas

A diez meses de pandemia, el Minsa mantiene centralizadas la adquisición, procesamiento y resultados de pruebas moleculares para identificar la covid-19, sin informar, cuántos test ha adquirido, cuántos ha realizado y cuáles han sido los resultados. Además, estableció un cobro de 150 dólares para pruebas que solo pueden hacerse en el Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia (CNDR) en Managua. En contraste, países centroamericanos han aprobado unos 200 laboratorios privados. Médicos y especialistas afirman que hay capacidad, pero no voluntad para descentralizarlas.

El Centro Nacional de Diagnóstico y Referencia (CNDR), está ubicado en el Complejo Nacional de Salud “Conchita” Palacios, sede central del Minsa. // Foto: Carlos Herrera.

Con los datos a su antojo y las pruebas centralizadas, el Minsa ocultó más de 6200 casos positivos entre el 18 de marzo y el 24 de julio, según resultados del CNDR filtrados por el grupo Anonymous.

El director de Emergencias en Salud de OPS, Ciro Ugarte, reclamó que Nicaragua es el único país en Centroamérica que no ha informado sobre el número de pruebas realizadas y procesadas.

Contagio comunitario

Siete meses después de que la OPS alertó que en Nicaragua ya hay transmisión comunitaria de covid-19, el Gobierno sigue sin reconocer que ya perdió el rastro del coronavirus, que también alcanzó las comunidades rurales y circula entre la población. En cambio, desde el Gobierno se continúan promoviendo actividades masivas en las que ni siquiera el personal del Minsa utiliza medidas de prevención.

Cuatro días antes de que el régimen admitiera el primer caso, convocó a la caminata “Amor en tiempos de covid-19”. En los siguientes meses, Rosario Murillo mantuvo convocatorias a ferias, festivales, torneos deportivos y fiestas patronales, con un estimado de más de mil actividades en un solo fin de semana.

El mismo Daniel Ortega se burló de la campaña “Quédate en casa”, que promovió la sociedad civil junto a asociaciones médicas independientes. “El quédate en casa, destruye el país”, “si le decimos a la gente: ‘quédense en casa’, ¿quién va a fumigar?”, ironizó el mandatario.

Esfuerzos autoconvocados

Ante la falta de información oficial sobre la pandemia, se organizaron iniciativas ciudadanas como el Comité Científico Multidisciplinario, integrado por especialistas de diferentes áreas de la Medicina, que además de compartir información con base científica, han intentado explicar el comportamiento epidemiológico de la covid-19.

También, se integró el Observatorio Ciudadano COVID-19, con salubristas, epidemiólogos y una red de voluntarios para monitorear de manera independiente el impacto de la pandemia.

El Gobierno, por su parte, aunque justificó no decretar una cuarentena para no afectar la economía, tampoco anunció medidas para proteger a los trabajadores informales ni reducir el impacto en los sectores económicos, que igual fueron afectados.

nicaragüenses varados en Peñas Blancas
Ciudadanos nicaragüenses varados en la frontera de Peñas Blancas, en julio pasado. Foto: Cortesía.

Crisis migratoria

El Gobierno también provocó una crisis migratoria a mediados del año, cuando miles de nicaragüenses que intentaban regresar al país tras quedar desempleados en Costa Rica, Panamá y cruceros del Caribe por la pandemia. Cuando decenas ya habían emprendido el regreso con sus últimos ahorros o solo alguna maleta, el régimen exigió una prueba negativa de covid-19 que en el país solo se puede realizar en Managua. El requisito también afectó las operaciones de las líneas aéreas que, a excepción de Avianca, continúan sin poder regresar a Nicaragua.

Según el Gobierno, 74 390 nicaragüenses han regresado al país.

Desconfianza

Los análisis de sobremortalidad que establecen un promedio de 117 fallecidos por cada 100 000 habitantes, ubican a Nicaragua con el porcentaje más alto de letalidad en Centroamérica. Médicos y especialistas explicaron en su momento que la mortalidad ha sido mayor porque muchos pacientes acudieron ya en la última etapa de la enfermedad. Otros, también prefirieron morir en sus casas, en lugar de ir a los hospitales o centros de salud, donde ni siquiera los médicos estaban recibiendo los equipos de protección, o el miedo a fallecer sin poder despedirse de sus familiares. Pero tras el miedo de abril a junio, los especialistas advierten que hoy la mayoría ha relajado las medidas de prevención, mientras los contagios comienzan a registrar un aumento, que temen sea el inicio de una segunda ola o rebrote.

Cifras

267.2 millones de dólares ha recibido el Gobierno en donaciones y préstamos del Banco Mundial, FMI, BCIE, Taiwán, la OPS y otros organismos, para enfrentar la pandemia, sin rendir cuentas hasta ahora.

Diez millones de dólares en “contratos covid” entre junio y septiembre es lo único reportado, según lo publicado como parte del compromiso del régimen para acceder a un fondo de USD185 millones del FMI.

Trece vacunas han llegado a la fase tres de elaboración, según la OMS. Nicaragua recibirá un porcentaje de vacunas gratis a través de la OPS, pero aún se desconoce cuál será y qué condiciones se necesitan. El régimen aseguró que accederá a la vacuna rusa Sputnik V, pero no ha brindado detalles.

 



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