23 de diciembre 2015
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El 2016 será un año agitado en Nicaragua. Con los próximos comicios presidenciales y legislativos en la agenda, políticos nicaragüenses y analistas coinciden en que por lo vivido en 2015, en los siguientes meses habrá mayores movilizaciones por diversas demandas sociales y de elecciones libres y transparentes en el país, frente a las cuales sostienen que el régimen del comandante Daniel Ortega no se quedará de brazos cruzados.
“Sin lugar a dudas, el próximo año será complejo”, asegura la directora ejecutiva del Instituto de Estudios Estratégicos y Políticas Públicas (IEEPP), Elvira Cuadra.
“Nosotros anticipamos mucha conflictividad social y probablemente también expresiones bastante frecuentes de violencia política”, agrega la analista que cita como argumentos la víspera de represión y conflictos vivida este año y el que “históricamente, en los años con elecciones presidenciales este tipo de acciones se incrementan”.
A diez días de que concluya el año, en el 2015 se cuentan 53 movilizaciones en contra de la concesión del proyecto del Canal Interoceánico al empresario chino Wang Jing, que tuvo una de sus expresiones más notables a finales de octubre, cuando miles de campesinos, desde comunidades como Nueva Guinea y La Fonseca, llegaron hasta la capital a bordo de camiones en los que normalmente se traslada ganado y lo hicieron sorteando variedad de obstáculos y bloqueos de autoridades y grupos de simpatizantes ligados al gobierno de Ortega.
Además, durante más de ocho meses se realizaron de forma continua 36 plantones para exigir elecciones libres y transparentes. La mayoría fueron pacíficos, pero también hubo otros en los que un pistolero vestido de negro disparó frente a decenas de policías u otro en que un grupo de jóvenes encapuchados llegaron con piedras y garrotes y atacaron a los protestantes, periodistas y transeúntes.
Roberto Cajina, experto en temas de seguridad, considera que “en perspectiva de lo ocurrido este año, el 2016 lo que va a dar no es más de lo mismo, sino muchísimo más” y recuerda que la Asamblea Nacional aprobó en sus últimos días de trabajo la polémica Ley de Seguridad Soberana, que sostuvo dispone de un conjunto de mecanismos supuestamente diseñados para garantizar la seguridad en todos los ámbitos de la vida nacional, pero que en realidad —advierte— lo que establece es una justificación jurídica de la violencia de parte de órganos represivos del Estado.
Conflictos de dimensión nacional
Desde Mina El Limón, en el municipio leonés de Malpaisillo (en el occidente de Nicaragua); desde Ometepe (Rivas, suroriente) con la destrucción de un proyecto y la detención del empresario Milton Arcia, o desde las profundidades del Caribe Norte del país, con el enfrentamiento armado entre colonos y misquitos por las tierras indígenas, los conflictos estuvieron a la orden del día durante este año.
Según Elvira Cuadra, “estos no son conflictos pequeñitos ni son conflictos locales; son conflictos que tienen una dimensión nacional”.
Además, advierte que “hay un alineamiento (en el Gobierno) que va desde la aprobación de un marco jurídico (como la Ley de Seguridad Soberana) hasta la creación de ciertas capacidades institucionales para responder con una estrategia de fuerza y coerción más que diálogo y negociación”.
El general en retiro Hugo Torres opina que el 2015 estuvo marcado por un “acelerado deterioro institucional y una acelerada descomposición de la Policía Nacional junto a la desinstitucionalización del Ejército”.
Esto, añade Torres, incluyó también al Poder Judicial y a la Fiscalía General de la República como “instituciones absolutamente subordinadas a Daniel Ortega, su esposa Rosario Murillo y sus hijos”.
El despertar campesino
Roberto Cajina, quien se autodefine como un pesimista, destaca sin embargo que el 2015 también fue el año del surgimiento de actores sociales no tradicionales, como el movimiento campesino contra la concesión canalera, un hecho que Cuadra y Torres también resaltan como el ingrediente positivo en el balance político anual.
“Significa —estima Cuadra— que los ciudadanos están reclamando su derecho a la libre movilización y a expresar su opinión de manera pacífica y democrática. En la medida en que la gente se moviliza y sale a la calle lo que te está mostrando es que están apropiados de su derecho a la movilización y a la expresión y están haciendo uso de ellos”.
Ese despertar no ha pasado desapercibido por Ortega. En sus comunidades, los campesinos y representantes del movimiento, aseguran que han recibido amenazas y presiones del Gobierno. Pero en la voz del rostro más conocido de ese movimiento, una mujer llamada Francisca Ramírez, por defender su tierra, labrada con la esperanza de heredarla a sus hijos, están dispuestos a morir.
La mañana del martes 27 de octubre, cuando los campesinos finalmente llegaron a Managua, también se toparon con un cerco policial y oficialista en la Carretera Norte que les impidió alcanzar su objetivo de acampar frente a la Asamblea Nacional. Un grupo que como acto simbólico avanzó unas cuadras hacia Bello Horizonte se topó con motorizados del Frente Sandinista, que agredieron a varios de ellos y también a simpatizantes de partidos políticos que se sumaron en respaldo a la protesta.
Sin embargo, Cuadra afirma que “cualquier tipo de acción de fuerza lo que genera es mayor descontento”. La gente, dice la analista, no desiste ni se desmoviliza ante estas acciones. Lo que ocurre, agrega, es que “tiende a escalar el conflicto, la movilización e incluso la violencia y por eso es importante que se abran los espacios para el diálogo”.
Sobre el diálogo, los consultados concuerdan en que Ortega no ha dado señales.
El temor del comandante
Cuadra y Cajina consideran que la represión oficial apuntó este año a desanimar e intimidar las protestas sociales y políticas. Sin embargo, estiman que las mismas se mantendrán y aumentarán para el próximo año, principalmente la demanda de elecciones libres y transparentes.
Según Torres, el rechazo de Ortega a esta demanda y la falta de señales para un diálogo nacional verdadero son “una expresión del miedo, del pánico” de Ortega y su familia a perder el poder en el cual intentan consolidarse indefinidamente.
“Alardean de una supuesta popularidad, según los números manipulados en sus encuestas. Sin embargo, mantienen intacto el aparato del fraude, hasta ahora (…) prefieren el fraude antes de arriesgarse, pagar el costo que haya que pagar, como dijo (el comandante) Tomás Borge (1930-2012) antes”, subraya Torres, quien afirma que el régimen, no obstante, tendrá un entorno difícil debido al incremento de la queja nacional y la posible presión internacional para dar garantía del respeto a la voluntad popular.
La privatización de la solidaridad
Cuatro camiones copados con 800 quintales de productos que campesinos de Nueva Guinea reunieron para donar a las poblaciones del Corredor Seco, hambrientas por los efectos de la sequía que les golpeó por segundo año consecutivo, fueron decomisados el 20 de octubre por la Policía Nacional. Horas después, la vocera del Gobierno, Rosario Murillo, anunció que cualquier donación debería ser canalizada a través del Sinapred.
En los medios oficiales se habló de la medida de “la compañera” como un “esfuerzo” por organizar la cooperación y solidaridad al pueblo nicaragüense. Pocos hablaron del decomiso y nadie supo del destino de la donación.
El general en retiro Hugo Torres estima que lo ocurrido con este y otros casos de donaciones particulares o de movimientos sociales o políticos son un acto “ilegal, ridículo y absurdo” de parte de un gobierno que además se autollama “cristiano, socialista y solidario”.
“Bajo esa lógica, un buen vecino ya no podría regalarle a otro vecino en apuros una libra de azúcar o un saco de arroz o de frijoles, porque tendría que ser canalizado a través del Sinapred”, reclama Torres. “Es una falta de humanidad impresionante”, lamenta.
