Nación

15 senadores estadounidenses piden sanciones contra Daniel Ortega

La iniciativa es liderada por el senador Bob Menéndez, a quien se le unieron otros colegas republicanos y demócratas

Los senadores de Estados Unidos están presionando para que el Secretario de Estado ejerza más presión sobre el régimen de Daniel Ortega y, al igual que hizo la Unión Europea que sancionó a la vicepresidenta Rosario Murillo, también se apliquen sanciones individuales en contra del dictador nicaragüense.

En una carta enviada al Secretario de Estado Antony Blinken, el senador Bob Menéndez, al igual que otros 14 senadores demócratas y republicanos, demandaron que la administración Biden ponga más atención sobre lo que ocurre en Nicaragua y se incremente la presión para evitar un mayor deterioro de la democracia en el país.

“La comunidad internacional debe tomar acciones urgentes para cortar de raíz una de las más severas campañas de represión en el hemisferio occidental desde las dictaduras militares de 1980”, dice parte de la misiva.

Los congresistas se refieren a la más reciente escalada represiva que ha dirigido el régimen desde mayo de 2021, cuando inició una cacería de opositores en contra de precandidatos presidenciales, líderes de la oposición, miembros del sector privado y periodistas que adversan o critican al régimen de Ortega y su esposa Rosario Murillo.

En mayo, el Ministerio Público inició una “investigación”, en contra de la Fundación Violeta Barrios de Chamorro alegando supuestos delitos de lavado de dinero, mismos que se hicieron extensivos a otras organizaciones como la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).

Dos extrabajadores de la Fundación Violeta fueron detenidos a finales de mayo y a inicios de junio la cacería de precandidatos presidenciales inició con la detención de Cristiana Chamorro, exdirectora de la misma organización no gubernamental.

Días después, el régimen también encarceló a los precandidatos presidenciales Arturo Cruz, Félix Maradiaga, Juan Sebastián Chamorro, Miguel Mora, Medardo Mairena y otros políticos y opositores hasta eliminar cualquier competencia electoral para anular la competencia política y electoral de Ortega, quien va por su cuarta reelección presidencial consecutiva, en una boleta donde solo caben los partidos colaboracionistas.

A la fecha, 37 nicaragüenses permanecen detenidos en esa nueva ola de represión y persecución política, elevando la cifra de presos políticos del régimen a 150.

“La administración (Biden) tiene poderosas herramientas a su disposición, incluyendo la Nica Act, y las medidas definidas bajo la Ley para Reforzar el Cumplimiento de Condiciones para la Reforma Electoral en Nicaragua (RENACER), que fue aprobada por el Senado el 6 de agosto. La completa implementación de la Nica Act enviará un claro mensaje al régimen de Ortega: la continua represión es inaceptable. Mientras evalúan opciones, exigimos que expanda las sanciones al presidente Daniel Ortega y los rangos militares y su fondo de inversiones el Instituto de Previsión Social Militar (IPSM)”, continúa el documento.

Condiciones para financiamiento

También, los senadores recomiendan que se condicionen los préstamos que se realizan desde los organismos multilaterales y que alegan solo sirven para beneficiar a los miembros del régimen y no aportan ningún tipo de ayuda a la población nicaragüense directamente.

Esta es la segunda ocasión en una semana que los políticos norteamericanos piden que los organismos financieros dejen de entregar fondos al régimen de Ortega. El 24 de septiembre, el congresista Albio Sires, envió una carta a la directora del Fondo Monetario Internacional (FMI), Kristalina Georgieva, alegando que el dinero no es utilizado con fines de combatir la pandemia, por ejemplo.

Ahora los senadores también quieren llevar las consecuencias para el régimen mucho más allá, y vuelven a solicitar que se le aplique el artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana a Nicaragua en el seno de la Organización de Estados Americanos.

“El régimen de Ortega prospera por la falta de coordinación multilateral. Le pedimos que promueva un sostenido escrutinio internacional y condena por parte del Secretario de las Naciones Unidas Antonio Guterres y demás cuerpos relevantes de las Naciones Unidas. A menos que los candidatos presidenciales sean liberados de la detención, sus partidos sean reinscritos, y les sea permitido nominar a un candidato presidencial para las elecciones de noviembre, los Estados Unidos debería reunir a sus aliados en la OEA, para apoyar una resolución condenando la votación (de noviembre) como ilegítima y considerar la invocación del artículo 21 de la Carta Democrática Interamericana para suspender a Nicaragua de la OEA”, agregan los senadores.

Explican que con todas estas medidas, Ortega no tendría otra opción más que permitir un cambio democrático en el país. Pero si eso no ocurriera, dicen, se tendría que hacer una revisión del Tratado de Libre Comercio entre Estados Unidos, Centroamérica y República Dominicana (DR-Cafta).

Esta semana, el canciller nicaragüense Denis Moncada Colindres aprovechó su participación en la Asamblea General de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), en representación del régimen orteguista, para calificar las sanciones contra los operadores del Gobierno como “obstáculo salvaje para erradicación de pobreza” y crimen de lesa humanidad, al mismo tiempo que calló sobre las violaciones de derechos humanos.

Moncada utilizó su discurso de 24 minutos para solicitar el “cese inmediato” de las “políticas coercitivas y agresivas” contra los pueblos, en clara alusión a las sanciones impuestas en contra de funcionarios e instituciones del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.

Insistió que “en tiempo de pandemia” de la covid-19 “estas medidas se convierten en crimen de lesa humanidad por parte de quien las impone”.

Las sanciones de la comunidad internacional han sido aplicadas a título personal contra quienes, valoran, son responsables de graves violaciones a los derechos humanos de los nicaragüenses. Estas medidas incluyen el bloqueo de activos, prohibición de transacciones, negación o revocación de visas, y penalidades económicas.
En total, son 31 los funcionarios y operadores del régimen sancionados por Estados Unidos, y más de media docena de ellos también están sancionados por la Unión Europea y los Gobiernos de Canadá, Suiza y Reino Unido.


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