Trump, la política migratoria y los latinos en EE.UU.

El presidente Trump buscará montar un ataque frontal a aquellos aspectos que, en su opinión, son un problema y han ‘debilitado’ a los Estados Unidos. Su agenda incluye reformas o eliminación de cláusulas y acuerdos en comercio internacional; la reducción de la migración ilegal y un cambio en la política migratoria; minimizar las políticas  sociales, como ObamaCare; reconsiderar la política exterior y de defensa actual; y una propuesta de reforma tributaria. Todas estas propuestas tendrán implicaciones para la población migrante en Estados Unidos, y en especial, para la población hispana.

En relación al asunto migratorio hay seis temas en los que Trump va a intervenir:

• Deportación de inmigrantes con un récord criminal y eventualmente de aquellos sin papeles,
• Autoridad discrecional para eliminar DACA y DAPA, y todas las formas de residencia temporal como el TPS,
• Eliminar los procedimientos administrativos existentes para lidiar con el arribo de los migrantes provenientes de Centroamérica,
• Introducir reglamentos en seguridad nacional para combatir amenazas potenciales (entre otros, personas provenientes de países considerados una amenaza terrorista, o basados en un ‘extremismo islámico violento’),
• Mantener una protección fronteriza mediante la construcción de un muro en la frontera sur, e
• Imponer tributos a las remesas
• Sanciones a las ‘ciudades santuarios’.

El enfoque de Trump consiste en actuar en todos estos frentes con base en un cálculo: su influencia vis-a-vis los costos políticos. Su interpretación del paisaje político le permite actuar mediante una estrategia de tres ejes: primero, utilizar una retórica populista; segundo, construir alianzas entre los Republicanos del Congreso; y, tercero, aplicar sus propios métodos en conjunto con sus asesores y sus medios. Sus acciones contra los migrantes le podrían ganar apoyo político dentro de un contexto difícil en su gobierno, pues el Congreso, aún bajo control Republicano, no está unificado al 100% en torno a la política migratoria o al presidente.

Deportaciones criminales 

Trump ha prometido deportar entre dos y tres millones de migrantes, aunque quizás clarifique que, en sus primeros 100 días, empezaría con números más pequeños.

La deportación lleva consigo un peso populista, pero no cuenta con todo el apoyo del Congreso y la opinión pública es favorable a una reforma migratoria pero se divide en torno a las deportaciones. La pregunta es qué acción política, o herramientas de Acción Ejecutiva tiene Trump a mano para llevar a ordenar deportaciones masivas.

Hay que valorar qué tan fuerte es el capital político del equipo en el cual se está apoyando. ¿Cuenta el equipo de Trump con el apoyo de todos los Republicanos? ¿Qué tipo de divisiones en torno a la migración hay al interior del partido? ¿Hasta dónde están dispuestos a pelear los Demócratas?

El partido Demócrata tiende a oponerse al principio, pero después concede con el tiempo, pues hay una falta de resiliencia ideológica al interior del partido, en parte debido a su propia naturaleza. ¿Está el partido preparado para ser más resistente en un momento en el que asuntos fundamentales de la política americana se encuentran en riesgo? ¿Estarían listos para la batalla en el terreno de la migración? En general, modificar la posición de Trump es poco probable, aunque él busque algún tipo de compromiso en cuanto a una reforma migratoria.

El escenario realista: Obama deportó 350,000 migrantes cada año (40% de los cuales tenían un récord criminal). Trump ha prometido triplicar el número de agentes en ICE. Siendo realistas, lo que Trump podría hacer es reordenar al personal de ICE en unidades de implementación o aplicación de la ley. Esta medida implicaría un reordenamiento de un 10-20% del personal dependiendo de la oposición burocrática interna, lo cual le daría lo que necesita para demostrar que su promesa de aplicar la ley migratoria y revertir el legado indulgente de Obama es real.

Las consecuencias: Una consideración que hay que tener en mente es que Trump no puede deportar legalmente a las personas con base en su nacionalidad, sino con base en sus ofensas legales. Por tanto, las propuestas de Trump tienen implicaciones para todas las naciones, incluyendo los miles de haitianos que han llegado a Estados Unidos por razones económicas, o los centroamericanos que escapan de la violencia. Si Trump elige deportar a migrantes sin récord criminal (los migrantes indocumentados con violaciones administrativas) sus recursos para implementar esta medida son aún más limitados. Las eventuales deportaciones y la reducción en el número de arribos a Estados Unidos afectarán las transferencias de remesas en un año a partir de ahora. Los efectos serán particularmente fuertes para México y los países centroamericanos.

Solicitudes de asilo de los centroamericanos

Trump busca eliminar los procedimientos administrativos para llevar a cabo deportaciones inmediatas.

Este es un asunto alrededor del cual hay consenso es el sistema de las cortes migratorias y su incapacidad para enfrentar los miles de casos de asilo que se han multiplicado en años recientes. Más de 200,000 niños provenientes de Centroamérica han solicitado asilo en Estados Unidos desde el año 2009. Pero la burocracia para manejar estos casos ha sido lenta: hasta octubre del 2016, 75% de los casos (familias y menores no acompañados) no habían sido atendidos. Las cortes tienen más de 500,000 casos pendientes y un inmigrante tiene que esperar 678 dias para aparecer ante un juez. Será difícil llevar a cabo deportaciones inmediatamente (en el caso de los menores no acompañados).

La Ley de Protección a Víctimas de Tráfico del 2008 estipula que menores no acompañados deben aparecer ante un juez de inmigración para solicitar asilo o permiso de permanecer en los Estados Unidos antes de ser deportados.

El escenario realista: La presidencia de Trump podría modificar estos procedimientos y convertirlos en órdenes de deportación expedita, pero el proceso legal sería difícil y costoso.

Las consecuencias: Las medidas implementadas hasta ahora, como las cortes expeditas para los casos de Centroamérica (rocket-dockets) han acelerado los casos de estos países, pero a expensas de la representación: las personas cuyos casos fueron acelerados, por lo general, llegan a la corte sin representación legal.

DACA y DAPA

Eliminar ambos programas y cualquier forma de residencia temporal (como el TPS).

Hay aproximadamente 750,000 beneficiarios de DACA y muchas de estas personas se han convertido en individuos exitosos. Por tanto, aún queda por determinar cuál sería la reacción a las deportaciones de tantas personas que se han beneficiado del programa y se han convertido en activos de la economía y sociedad estadounidense. El tema de estos jóvenes se ha convertido en un caso de solidaridad y apoyo humanitario ante las circunstancias que justifican su existencia.

El escenario realista: Estas dos iniciativas podrían ser las primeras en ser desmanteladas, lo que pondría fin a los beneficios de la Acción Diferida (de DACA), a lo que seguirían las deportaciones.

Remesas e impuestos

Estados Unidos es uno de los principales países donde se originan las remesas. Más de 35 millones de migrantes remiten US$130 mil millones de dólares al año, como mínimo. La propuesta de campaña de Donald Trump consiste tasar las remesas para pagar la construcción de un muro en la frontera México-Estados Unidos.

La propuesta es técnica y legalmente inviable. Tal acción requeriría no sólo la introducción de nuevos impuestos (una prerrogativa del Congreso), sino la modificación de la Ley Patriota que permitiría a los negocios (y empresas de remesas) revisar el estatus legal del migrante.

Actualmente sólo la Oficina de Impuestos (Internal Revenue Service, IRS) exige que los empleados prueben su estatus y, por consiguiente, su derecho a trabajar en el país. Más aún, sería difícil aplicar tal impuesto únicamente a los mexicanos y no a cualquier extranjero en los Estados Unidos. Tal acción requeriría la redacción de una nueva legislación y la aprobación del Congreso.

En un memorándum que presentó durante su campaña, Trump hizo alusión a la sección 103.121 de la CFR (que erróneamente llamó 130.121) para redefinir las instituciones financieras e incluir a las compañías de remesas, e introducir la regla de que ningún extranjero pueda enviar dinero a menos que pruebe su estatus legal. Pero las transferencias de dinero ya están legisladas en la sección 326. Al modificar algo, Trump estaría pidiendo al Congreso que modificara la ley de migración también, al esperar que los negocios constaten el estado legal de una persona, acción que cae bajo jurisdicción federal.

El escenario realista: El Presidente electo podría encontrar una alternativa para lidiar con la migración desde México más allá de los impuestos a las remesas. Pero a estas alturas, todo es incierto. Una posibilidad sería un proyecto de ley que ya se ha sido introducido más no ejecutado: “La ley de verificación de estatus por remesas, 2015” (Remittance Status Verification Act of 2015), que cobra un 7% de impuesto a quien envía una remesa sin poder probar su estatus migratorio.

Las consecuencias: Las implicaciones, más allá del impuesto a los migrantes indocumentados, a las economías de México y otros países, son enormes. Si se tasaran las transferencias de los migrantes, éstos optarían por mecanismos informales; otros también recurrirían a estos métodos por temor a que descubran su estado ilegal y algunos pocos desistirían temporalmente de enviar dinero. Ello tendría consecuencias adversas en los hogares receptores que, de manera predominante, utilizan instituciones financieras formales para cobrar su dinero.

Además, el llamado a construir un muro y financiarlo con impuestos de las remesas ya ha atemorizado a las familias de trabajadores migrantes y podría disuadir a migrantes potenciales.

Las personas temen las deportaciones masivas y los migrantes están sintiendo la presión del gobierno y la sociedad. La mayoría de los migrantes indocumentados llevan en el país por lo menos 6 años y envían dinero regularmente a sus países. Los más afectados podrían ser los centroamericanos y mexicanos, quienes representan más del 80% de la población indocumentada en el país.

En relación a los centroamericanos, los flujos migratorios que hemos observado son producto de la inseguridad regional en el Triángulo Norte.

Estos migrantes se encuentran en la base de la pirámide social y de ingresos de Estados Unidos, con ingresos personales menores a los US $25,000 anuales, 15% de los cuales son enviados en forma de remesas. En general, la mayoría en el Congreso y público estadounidense tiende a considerar las remesas como parte de un compromiso familiar y una cuestión humanitaria.

Ciudades santuario

Para llevar a cabo todas estas acciones, Trump necesitará la colaboración de fuerzas locales, estatales y federales. Varias ciudades conocidas como “santuarios” por ser amigables con los inmigrantes(como Los Ángeles, Nueva York y Chicago, entre muchas otras)ya se han opuesto a la política migratoria del presidente electo argumentando que no destinarán recursos locales (humanos y económicos) para implementar la ley federal de migración.

El escenario realista: Aunque Trump no ha detallado su plan “para eliminar las ciudades santuario”, el presidente electo tiene dos herramientas en sus manos: los recursos y demandas federales. En cuanto a los primeros, no queda claro qué dinero podría retener a los ayuntamientos, pero las agencias federales de Justicia y Seguridad Interior sí podrían hacer recortes importantes. En cuanto a las segundas, el poder recaerá en el Fiscal General, Jeff Session, gran crítico de la migración indocumentada.

Las consecuencias: Más allá de las batallas legales que se disputarán en este terreno, la política de Trump ya ha logrado poner a la población migrante bajo los reflectores mediáticos y propagado un sentimiento de “acorralamiento” en esta población. Sin embargo, no podrá eliminar todos los santuarios que también se extienden a las iglesias, universidades y algunos alcaldes que han tomado la defensa migrante como estandarte personal.

Referencias:

1. La Acción Diferida para los Llegados en la Infancia (DACA) y la Acción Diferida para Padres de Ciudadanos y Residentes (DAPA) son dos programas de la Acción Ejecutiva del presidente Obama, que ampararían temporalmente de la deportación a ciertos grupos de migrantes indocumentados: aquellos que llegaron a Estados Unidos siendo niños, y a los padres de ciudadanos estadounidenses y residentes legales permanentes.
2.  El Estatus de Protección Temporal (TPS) es una medida mediante la cual el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) puede designar un país extranjero como ‘no seguro’ para el regreso de sus ciudadanos (por conflicto armado, desastre natural o condiciones extraordinarias de carácter temporal).
3. https://trac.syr.edu/phptools/immigration/court_backlog/
4.  El Programa de Identificación de Clientes, que contempla la Ley Patriota, es un requisito mediante el cual las instituciones financieras deben verificar la identidad de los individuos con quienes realizan transacciones financieras.

*Investigador en temas de migración y desarrollo. Diálogo Interamericano