29 de marzo 2018
AA
La oposición venezolana exigió al Gobierno responsables por la muerte el miércoles de 68 personas en los calabozos de una comisaría en el céntrico estado Carabobo, en una de las mayores tragedias de este tipo en los últimos 25 años en el país, y a la que solo se refirió el gobernador oficialista de la entidad.
A la petición y denuncia del actual estado de los centros de reclusión en el país se sumaron diversas ONG y quejas que llegaron desde la ONU sobre un hecho que cogió a todo el país comenzando sus vacaciones de Semana Santa, muchos camino de la playa como informó a lo largo del día el canal estatal VTV.
En la mañana de ayer medios locales informaron de un "motín" en la Comandancia de la Policía de Carabobo en la ciudad de Valencia que al parecer había dejado cinco reclusos muertos y dos funcionarios heridos, una cifra que a lo largo del día alcanzó los 70 fallecidos.
Ya en horas de la noche el fiscal general, Tarek Saab, informó de la muerte de 66 reclusos y dos mujeres que estaban de visita en la comisaría en un "presunto incendio" que no especificó si se debió o no a un motín como defienden medios locales y varias ONG y anunció el comienzo de las investigaciones.
En el día de hoy el jefe de la bancada opositora en el Parlamento, Juan Guaidó, adelantó que la Cámara, de mayoría antichavista, abrirá una investigación sobre un suceso que varios de sus colegas calificaron de "tragedia" y "masacre" en las redes sociales.
"Lo sucedido en la Comandancia de PoliCarabobo no puede quedar impune. Desde la @AsambleaVE abriremos una investigación exhaustiva sobre este hecho, para dar a conocer a los ciudadanos el porqué de esta atrocidad", publicó Guaidó en Twitter.
Lamentable silencio
El presidente del Legislativo, Omar Barboza, también usó la red del pájaro azul para publicar que "ante la tragedia y el dolor por lo ocurrido en Carabobo, el silencio del gobierno, además de indolencia, indica que busca excusas para ocultar su evidente responsabilidad".
Diversas ONG se sumaron a las peticiones del diputado por Voluntad Popular y responsabilizaron al Ejecutivo encabezado por Nicolás Maduro de las muertes.
Familiares de presos del centro de reclusión de la Comandancia General de la Policía de Carabobo cargan un ataúd en un coche fúnebre | EFE
"Estamos hablando de 68 seres humanos que murieron por irresponsabilidad, por incompetencia, ignorancia de parte del Estado", sostuvo en una entrevista en el canal VPI el coordinador general del Observatorio Venezolano de Prisiones, Humberto Prado.
Prado exigió unas "responsabilidades" que, dijo, "están a la vista", ya que "las policías estadales, municipales y las comisarias del CIPC (policía científica) están superhacinadas" con una población reclusa que cifró en "el orden de los 32.600 detenidos en calabozos policiales" cuando el cupo, añadió "más o menos es para 8.500".
El Programa Venezolano de Educación-Acción en Derechos Humanos (Provea) fue un poco más allá y pidió, a través de su cuenta de Twitter, la renuncia de Maduro.
"En un país con un gobierno decente y sensible ante tragedias como la de policarabobo que dejó un saldo de 68 muertos según @MinpublicoVE el ministro del Interior y el gobernador de Carabobo ya hubiesen puesto su cargo a la orden para facilitar investigaciones. No a la impunidad", sostuvo la ONG.
A los mensajes de solidaridad y pésame su sumaron dos de los opositores candidatos a las presidenciales del 20 de mayo, Henri Falcón y el expastor religioso Javier Bertucci.
El suceso llegó hasta la ONU, organismo que en un comunicado de su oficina de Derechos Humanos se declaró "horrorizada" por el incendio y pidió respeto para las familias de las víctimas.
Ante este incidente el gobernador oficialista de Carabobo, Rafael Lacava, asumió el "compromiso" de crear un consejo superior de seguridad que sirva para crear "nuevos espacios" para los detenidos.
"Asumimos el compromiso de crear un consejo superior de seguridad (...) que permita descongestionar los retenes policiales (comisarias) y crear nuevos espacios para los privados de libertad en el estado Carabobo", se lee en un comunicado firmado por Lacava en la página web de la gobernación.
Afirmó que su Gobierno es "ante todo (...) garante de los derechos humanos" y que apoyarán "contundentemente" las acciones anunciadas por la fiscalía.
Hasta el momento, y según medios de la zona, las autoridades venezolanas habían entregado 45 cuerpos de los 68 fallecidos en el incendio, cuyo origen está todavía por determinar.
