24 de agosto 2021
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El Gobierno de El Salvador sostuvo en 2020 negociaciones con las pandillas Mara Salvatrucha (MS13) y Barrio 18 —fracciones Sureños y Revolucionarios— para reducir las cifras de homicidios e “intentó esconder las evidencias”, según una investigación publicada el lunes por El Faro.
“El director de Centros Penales (Osiris Luna) ordenó retirar cientos de libros de novedades y computadoras de cárceles de máxima seguridad; y el fiscal (Rodolfo Delgado), impuesto por la Asamblea oficialista, desmanteló el grupo especial que investigaba estas negociaciones”, indica el periódico digital en un largo texto.
Señala que los fiscales encargados de la investigación bautizaron el caso como Catedral e incautaron documentos oficiales de Centros Penales luego de que este medio publicara, en septiembre de 2020, que el Gobierno llevaba un año negociando con la MS13.
Hasta abril de 2021, la Fiscalía, dirigida por Raúl Melara, “llevaba un proceso de investigación criminal contra varios funcionarios del Gobierno de Nayib Bukele y durante meses los fiscales intervinieron teléfonos, hicieron seguimientos físicos, se incautaron documentos, tomaron fotografías y entrevistaron testigos”, apunta la investigación periodística.
Desmantelan unidad
Sin embargo, el pasado 1 de mayo la Asamblea Legislativa, que ese día tomó posesión, destituyó a Melara y nombró a Delgado como el nuevo fiscal, quien, según la investigación de El Faro, “con el paso de las semanas desmantelaría la unidad que consiguió los hallazgos”.
La investigación fiscal era conducida, de acuerdo con el medio, por el Grupo Especial Antimafia (GEA), liderado por Germán Arriaza y quien seleccionó a cuatros fiscales para integrar un equipo e investigar las negociaciones entre políticos del opositor Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN) y pandillas.
“Tras la publicación de septiembre de 2020 sobre las negociaciones entre el Gobierno de Bukele y la MS13, el GEA también inició investigaciones al respecto (...) pero el GEA fue eliminado después de que el exfiscal Arriaza renunciara a su cargo porque Delgado ordenó moverlo de unidad”, reseña El Faro.
El periódico digital señala que obtuvo parte del expediente del caso Catedral en el que se consignan los hallazgos mencionados, analizó fotografías, contrastó con los documentos de Centros Penales obtenidos anteriormente, consultó fuentes con conocimiento de las negociaciones y buscó la reacción oficial de los funcionarios de Gobierno, sin obtener una respuesta.
Negociación y demandas
En septiembre del año pasado, El Faro publicó una investigación en la que se reveló que el Gobierno de Bukele mantenía negociaciones con la pandilla Mara Salvatrucha (MS13) para reducir las cifras de homicidios desde junio de 2019 y para obtener apoyo electoral en las elecciones de febrero de 2021, en las que el mandatario ganó la Presidencia.
En este nuevo texto, el periódico digital afirma que dichas negociaciones también incluyeron a la pandilla Barrio 18 —fracciones Sureños y Revolucionario— e indica que las pandillas “plantearon una serie de demandas que incluyen mejoras en las condiciones de vida carcelarias y beneficios para sus miembros en libertad”.
Son 19 demandas que “se refieren a la vida (de los pandilleros) al interior de las cárceles y el resto son peticiones para mejorar la vida de los pandilleros en libertad y de sus familias”, añade.
El año pasado, Bukele dijo que la investigación de El Faro era “falsa” y señaló que su Gobierno es criticado, incluso por entes internacionales, por la medidas implantadas en las cárceles, como la de sellar las celdas con placas metálicas para mantenerlos aislados tras un escalada de homicidios entre abril y mayo de 2020.
El Ejecutivo de Bukele implementa desde 2019 el Plan Control Territorial (PCT), al que le atribuye la caída de los asesinatos en los últimos años.
