28 de febrero 2016
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Hartos de la corrupción y la impunidad en su país, miles de jóvenes hondureños, salieron a protestar a las calles a principios de mayo de 2015, para exigir la salida del presidente Juan Orlando Hernández y la instalación de una Comisión Internacional Contra la Impunidad, similar a la establecida en Guatemala. Un desfalco millonario en el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), que salpica a autoridades públicas y privadas, fue la chispa que prendió el movimiento y las antorchas ardieron como señal de reclamo por las calles de Tegucigalpa.
La Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), presentada públicamente esta semana, es la respuesta a la demanda que durante meses movilizó a los vecinos catrachos. La expectativa de muchos hondureños es que esta Misión siga los pasos de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que condujo a la dimisión del ahora expresidente Otto Pérez Molina, cuyo gobierno sigue envuelto en una trama de fraudes millonarios contra el Estado guatemalteco. Pero el mandato de la Maccih es claramente más limitado.
Confidencial conversó con analistas políticos hondureños, empresarios y académicos para conocer el alcance de esta Misión, el impacto que está generando en Honduras y las posibilidades de que una instancia similar se instale en otros países de la región, incluida Nicaragua.
“Lo primero que hay que tener claro es que esta Misión no es la Comisión Internacional Contra la Impunidad de Guatemala, porque no está a cargo de la misma gente”, asegura el abogado y exdiputado por el Partido Liberal de Honduras, Rodil Rivera.
A diferencia de la Cicig, liderada por la Organización de las Naciones Unidas (ONU), la Maccih está a cargo de la Organización de los Estados Americanos (OEA), que —según el abogado— , no parecía a simple vista la más idónea para hacerse cargo de la misión, debido al “desprestigio” acumulado durante los últimos años. Sin embargo, Rivera admite que los discursos pronunciados durante la presentación oficial de la Misión, este 22 de febrero, “hacen pensar” que sí hará un papel beligerante.
El secretario para el fortalecimiento de la democracia de la OEA y miembro de la Maccih, Francisco Guerrero, aseguró en su intervención de ese día que el objetivo de la Maccih es que se encuentren a los culpables de la corrupción "caiga quien caiga, sin distingo de partidos” y que “nadie está blindado”, pues prometió que “la Maccih será inflexible".
“Es obvio que el Gobierno de Nicaragua no busca establecer los mecanismos necesarios (para luchar contra la corrupción y la impunidad), porque no siente el calor de la demanda del pueblo”, asegura el economista y presidente del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) en Honduras, Hugo Noé Pino.
Acción limitada, pero voluntad será clave
El economista Hugo Noé Pino, presidente del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) en Honduras, añade que la capacidad de investigación de la Maccih será más limitada en comparación con la Cicig, y tendrá mayor dependencia de la voluntad de las instituciones hondureñas porque no podrá acusar penalmente a los investigados por corrupción, como sí ocurre en Guatemala.
Rivera y Pino coinciden en que, si hay voluntad de parte de la Misión, se podrá plantar una lucha efectiva contra la corrupción y la impunidad, pero que eso dependerá de que tan incisiva sea la Misión sobre los casos emblemáticos que los hondureños esperan que atiendan.
El desfalco en el Instituto de Seguridad Social de Honduras fue descubierto en 2014 y asciende a la suma de 355 millones de dólares. Las investigaciones señalan a su exdirector Mario Roberto Zelaya y una red de testaferros integrada por exfuncionarios y empresarios.
Este escándalo, que Pino llama la “cuna” del movimiento de los indignados, debe ser investigado por la Maccih y entre quienes aún dudan de la voluntad y capacidad de la Misión, será una clara señal de su labor, considera el especialista.
Pino añade que la Misión también tiene el reto de depurar la Policía Nacional vinculada con el crimen organizado, que además alcanza para la compra y venta de votos en la Asamblea Nacional.
El empresario Juan Ferrara, expresidente del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), afirma que en el gremio también hay interés en que se revisen las concesiones y obras para las que se ha desembolsado presupuesto, pero no se ha notado avance. “Desde el sector privado tenemos además disposición de colaborar”, agrega.
Durante su presentación oficial, la Maccih trazó como sus líneas principales de acción: la prevención y combate a la corrupción, la reforma del sistema de justicia penal, la reforma al sistema político electoral y la mejoría en las condiciones de seguridad pública.
"La Maccih —aseguró Francisco Guerrero, de la OEA— será autónoma técnicamente y financieramente, lo que ofrece las garantías para la transparencia que requieren los hondureños, bajo parámetros de neutralidad. No será un organismo innoperante".
Las primeras señales se esperan en los próximos meses. Antorcha en mano, dicen los analistas, los indignados están pendientes.
“Ortega no ha sentido el calor de la demanda ciudadana”
La dimisión de la cúpula gubernamental guatemalteca y la instalación de la Maccih en Honduras tienen en común la fuerza de la protesta de ciudadanos que no temieron ni dudaron en salir a las calles, según analistas políticos hondureños.
El abogado y catedrático Raúl Pineda, estima que el apoyo internacional también ha sido clave.
“Cuando los países no hacen las reformas ni dan respuesta a las exigencias ciudadanas sobre transparencia y combate a la corrupción, la población llega al nivel de aceptar que sean instancias internacionales las que permitan impulsar estos cambios con mayor fuerza”, opina Pineda.
El presidente del Instituto Centroamericano de Estudios Fiscales (Icefi) en Honduras, Hugo Noé Pino, y el abogado Rodil Rivera, coinciden en que es un error que gobiernos como los de Daniel Ortega, en Nicaragua, no escuchen las demandas ciudadanas sobre la necesidad de comisiones o misiones internacionales contra la corrupción y la impunidad.
“El mensaje principal que dan (estos gobiernos) es que no son países democráticos, porque un país democrático es aquel en el cual la población no únicamente va cada período a las urnas a elegir un gobierno, sino que un gobierno democrático también informa y es aquel que rinde cuenta y combate a la corrupción”, dice Pino.
Según el especialista, “en el caso específico de Nicaragua, es obvio que el Gobierno no busca establecer los mecanismos necesarios, porque no siente el calor de la demanda”.
“En Nicaragua —añade— la ciudadanía va a tener que despertar o establecer los mecanismos a través de los cuales exigir mayores niveles de transparencia. Los casos de Honduras y Guatemala no han sido gratuitos, han sido productos de movilizaciones sociales que en Honduras eran inéditas en los últimos cuarenta años. Como suele suceder, los cambios obedecen a presiones ciudadanas a sus gobernantes. Los gobernantes, principalmente cuando ya tienen patrones de conducta determinados, no lo van a cambiar si no es a través de medidas de presión de sus ciudadanos”.
Pineda reconoce que en la realidad política de los países “hay procesos a los que vamos a llegar solitos y hay otros a los que nos van a llevar. Lo ideal sería que no hicieran falta, pero de parte de algunos parece que no hay voluntad”.
Rondil no duda de la importancia de la demanda ciudadana.
“Si no es por ese movimiento tan grande de los indignados de Honduras, la instalación de la Maccih no se lograba. El presiente Juan Orlando Hernández se vio obligado a solicitar el apoyo internacional porque ocurre que el miedo no está entre la gente, sino que lo tiene el presidente y es seguro que si la Misión de la OEA no da las señales esperadas, esa indignación manifestada en las calles pueda resurgir. La chispa está en el pueblo”.
