Arlen Cerda
8 de diciembre 2017
AA
La crisis política y social que atraviesa Honduras, desde el pasado 26 de noviembre, no es resultado exclusivo de las polémicas y reñidas elecciones generales que aún no tienen un ganador oficial, coinciden analistas políticos en Honduras y Nicaragua, quienes además advierten varias similitudes con las “movidas” del comandante Daniel Ortega para mantenerse en el poder, como lo busca su homólogo Juan Orlando Hernández.
El hondureño Joaquín Mejía Rivera, del Equipo de Reflexión, Investigación y Comunicación de la Compañía de Jesús (ERIC – SJ), estima que la crisis en su país es también cosecha de la inestabilidad y el deterioro institucional que comenzó en Honduras hace una década, aún antes que aquella madrugada de domingo el entonces presidente Manuel Zelaya fuera llevado en pijamas a un avión que lo forzaría a dejar el país.
Mejía Rivera sostiene que la crisis que estalló a mediados de 2009, cuando el golpe de Estado frenó a Zelaya en su intento de una reforma constitucional que le permitiera reelegirse, no se ha solucionado desde entonces, y “lo que vemos ahora es el resultado de un deterioro institucional que más bien se ha agravado en los últimos años”.
“De hecho —agrega el analista— estas elecciones guardan mucha similitud con el contexto que ya vivimos en las elecciones de aquel noviembre de 2009 y en las posteriores de 2013”, cuando Hernández saltó de la Asamblea Nacional a la presidencia de Honduras.
Sentencia reeleccionista en el espejo de Nicaragua
En entrevista con Confidencial, vía telefónica desde Tegucigalpa, el coordinador del Departamento de Derechos Humanos de ERIC – SJ, advierte al menos tres coincidencias entre el contexto hondureño actual y el de sus elecciones presidenciales de 2009.
“En primer lugar —detalla— ambas elecciones están precedidas por la ruptura del orden constitucional: en el 2009 por el golpe de Estado, y en el 2017 por la suplantación de la soberanía popular con una sentencia inconstitucional que permitió de facto la candidatura de Hernández para la reelección”.
En septiembre de 2009, en Nicaragua, una Sala Constitucional constituida exclusivamente por magistrados afines al gobernante Frente Sandinista, falló en contra del artículo 147 de la Constitución Política, que establecía un doble candado contra la reelección, despejando a Ortega el camino para permanecer indefinidamente en el poder.
El proceso entre el recurso de Ortega y 109 alcaldes del FSLN hacia la Corte Suprema de Justicia y su acato de parte del Consejo Supremo Electoral, fue tan expedito que tomó menos de cinco días. En Honduras, a Hernández le demoró un poco más.
Fue entre abril y agosto de 2016, con un fallo de la Sala Constitucional y su posterior ratificación por la Corte, que Hernández logró anular el artículo 239 que desde 1982 prohibía la reelección en Honduras.
Poder absoluto y árbitro electoral sin crédito
La segunda y tercera coincidencia en el contexto hondureño de 2009 y 2017, señaladas por Mejía Rivera, también son otro paralelismo entre Honduras y Nicaragua. Se tratan del control institucional a manos del Ejecutivo y la alta desconfianza en el tribunal electoral.
“La subordinación es absoluta en todo el Estado hondureño”, asegura Mejía. “Así es que se explica porqué la Fiscalía no reaccionó contra la sentencia reeleccionista, porqué el comisionado de Derechos Humanos más bien avaló la misma y porqué también la Asamblea Nacional no actuó en defensa de la Constitución ni exigió el correspondiente plebiscito para poder modificar la Carta Magna”, reclama el analista.
En Nicaragua, ninguno de los poderes del Estado reaccionó tampoco en defensa de la Constitución cuando Ortega logró su fallo reeleccionista.
Y si se trata de los poderes electorales, tanto el Consejo Supremo Electoral (CSE) de Nicaragua como el Tribunal Supremo Electoral (TSE) de Honduras tienen en común que siete de cada diez ciudadanos en sus países les tienen una alta desconfianza, según diversos estudios de opinión pública.
La exdiputada nicaragüense Edipcia Dubón, quien participó como observadora en la jornada electoral hondureña, coincide con Mejía Rivera en que el presidente Hernández comenzó su concentración de poder desde su ejercicio como presidente de la Asamblea Nacional, designando desde ahí miembros para la Corte Suprema de Justicia y el TSE, que respondían a él una vez que llegó a la Presidencia de la República.
Dubón añade que “la falta de celeridad y transparencia del TSE ha reforzado las sospechas de que el peso político del Presidente está incidiendo en las decisiones del Tribunal”.
“Estas anomalías —compara Dubón— contrastan con las presentaciones previas que se nos hicieron a los observadores sobre arquitectura tecnológica y eficacia del sistema y de los procedimientos electorales”.
¿Recuento acta por acta saldará la crisis?
A doce días de las elecciones generales del 26 de noviembre, Honduras no tiene certeza sobre quien será su presidente para los próximos cuatro años.
Tras una falla técnica en el proceso de escrutinio, que duró ocho horas, el TSE revirtió la tendencia que hasta entonces mantenía a la cabeza al candidato de la Alianza de la Oposición contra la Dictadura, Salvador Nasralla, favoreciendo al presidente Hernández.
Ahora, el TSE debe decir sobre un conteo acta por acta, que también han pedido los observadores internacionales, incluyendo a la Organización de Estados Americanos (OEA), que no descarta la posibilidad de repetir los comicios.
La numerosa observación electoral nacional e internacional en las elecciones de Honduras, con más de mil quinientos extranjeros acreditados, es una condición en la cual no hay coincidencia con Nicaragua, donde en las votaciones nacionales de 2016, Ortega conculcó el derecho a la observación electoral independiente.
Mejía Rivera estima que el gobierno de Hernández se confió de su control institucional y el favor de los recursos del Estado, y permitió una amplia observación electoral porque no esperaba una votación tan apretada.
Dubón opina que “salvo la realización de un recuento acta por acta, que deje satisfecho a todas las partes, o la realización de nuevas elecciones, las perspectivas son de una gobernabilidad frágil”.
“El hecho de que en términos prácticos la sociedad hondureña este partida en dos grandes bloques, el debilitamiento institucional, la precariedad de la legitimidad del mandato de Juan Orlando Hernández en caso de ser declarado electo aunado a los problemas socioeconómicos estructurales, conducen a esta conclusión”, argumenta.
Ni JOH ni Nasralla tendrían un gobierno fácil
Mejía Rivera no ve tan sencilla la salida. “Lo único que está claro es que más allá de los resultados del 26 de noviembre, el gobierno que surja es claro que será el gobierno más débil en la historia del país”.
El analista hondureño indica que “si contra toda lógica y tendencia, Juan Orlando Hernández se reelige, él tendrá dos problemas fundamentales: la desconfianza y altos niveles de rechazo, con una reelección inconstitucional que logró manipulando la Sala de lo Constitucional; y por otro lado, la sombra del fraude que lo va a acompañar durante todo su gobierno”.
Mejía Rivera añade que igualmente, si se declara ganador a Nasralla, el expresentador de televisión introducido a la política, también enfrentará sus desafíos. “El primero —precisa— es una negociación bastante complicada con el grupo o el sector del expresidente Manuel Zelaya, que forma parte de la Alianza de la Oposición contra la Dictadura”.
El desafío posterior será un gobierno con una “institucionalidad controlada por el Partido Nacional, del presidente Hernández, y también por un Congreso Nacional que aparentemente va a estar controlado por el partido de gobierno actual”.
Algo más optimista, Mejía Rivera deposita su confianza en la movilización ciudadana, que dio una muestra con las protestas inmediatas a la jornada electoral, aunque las mismas se vieron empañadas por los brotes de vandalismo, y luego diezmadas por un toque de queda decretado por el Gobierno.
Sin embargo, el analista hondureño sostiene que “hay un fuerte movimiento ciudadano”, que afirma no está compuesto solo por simpatizantes del candidato Nasralla, sino también por independientes que rechazan la reelección de Hernández.
“Son —dice— ciudadanos que cumulan indignación desde los sucesos de 2009, no por el caso de Manuel Zelaya, sino por la crisis que se ha profundizado en el país”.
“Este movimiento ciudadano —agrega— está pensando en seguir el ejemplo de lo que ha sucedido en Guatemala, en relación con que la movilización ciudadana puede hacer caer a un gobierno”.
