15 de agosto 2020
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El fiscal general de El Salvador, Raúl Melara, ratificó este viernes la acusación contra el expresidente Mauricio Funes (2009-2014) y otras cinco personas por la supuesta malversación y lavado de más de 45,2 millones de dólares de una represa.
De acuerdo con Melara, Funes lideró un "entramado criminal" que permitió llegar a un "acuerdo directo" entre el Gobierno y la empresa encargada de la obra, ASTALDI, para finalizar su contrato tras el pago de 108,5 millones de dólares, de los que 45,2 millones no fueron justificados.
"Hemos finalizado la etapa de instrucción y es el momento de presentar el dictamen de acusación", explicó Melara en una conferencia de prensa, en la que también indicó que analizaron más de 1.200 documentos, recibieron 115 asistencias internacionales y entrevistaron a más de 70 testigos.
La referida compañía tenía un contrato desde 2008 por más de 219,9 millones de dólares con el Gobierno para construir dicha represa, pero esta abandonó la obra por "imprevistos" geológicos.
Melara explicó que, según estudios de consultores, el Estado salvadoreño tenía el 70 % de posibilidades de ganar un juicio internacional, dado que el contrato establecía que la empresa ASTALDI, de capital italiano, debía asumir los costos de cualquier imprevisto en la obra.
No obstante, el jefe del Ministerio Público indicó que el proceso seguirá pero enfocado en los otros implicados, porque Funes se encuentra en Nicaragua y ante la imposibilidad de su extradición, dado que recibió la nacionalidad de ese país, la ley salvadoreña no permite juzgarlo como ausente.
"Está prófugo de la Justicia y, lastimosamente, la ley nos impide seguir el proceso para él (Funes) esto tendrá que esperar, pero el proceso para los demás sigue. Estamos confiados en que tendremos un resultado favorable en este proceso", indicó Melara.
Los otros acusados son Miguel Meléndez, José Samour, José Quinteros, Mario Pieragostini y Ada Guzmán, cónyuge de Funes.
De acuerdo con la acusación inicial, Funes habría lavado 3,5 millones de dólares en empresas "fachadas" en El Salvador, Panamá, Suiza, Islas Marshall y Curazao, fondos que supuestamente se dieron como "dádiva" por el arreglo.
Una corte autorizó el embargo preventivo de maquinaria y equipo de ASTALDI que dejó en el país y que fue valorado en unos 4 millones de dólares.
La autónoma Comisión Ejecutiva Hidroeléctrica del Río Lempa (CEL) se presentó como parte querellante en el proceso en representación del Gobierno y también presentará un documento al tribunal que conoce la causa.
Se desconoce la fecha en la que los procesados enfrentarán la audiencia preliminar, en la que se determinará si pasan a juicio.
Funes, quien gobernó bajo la bandera del cambio del Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN, izquierda) ante la corrupción de Administraciones anteriores, es el tercer presidente de la democracia salvadoreña en ser acusado de apoderarse de dinero público.
