11 de marzo 2018
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La corrupción, que hasta hace poco reinaba con total impunidad en Centroamérica, ha comenzado a ser combatida en el Triángulo Norte de la región, donde expresidentes, exministros y funcionarios de gobiernos han sido apresados y procesados judicialmente. El ejemplo más fehaciente es el de Guatemala: con el respaldo de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), el Ministerio Público que encabeza Telma Aldana mantiene en jaque a los corruptos y al sistema político, desde que destapó el caso “La Línea” y envió al banquillo al binomio presidencial de Otto Fernando Pérez Molina y Roxana Baldetti.
En El Salvador, los expresidentes Francisco Flores, Tony Saca y Mauricio Funes (asilado en Nicaragua) han sido acusados por el Ministerio Público y procesados por corrupción, mientras en Honduras, la exprimera dama Rosa Elena Bonilla Lobo, fue detenida por haber desviado a una cuenta personal 500 mil dólares de un programa social. Honduras cuenta con la presencia de la Misión de Apoyo contra la Corrupción y la Impunidad de la OEA (MACCIH), pero es el menos beligerante en el combate contra la corrupción en el Triángulo Norte del istmo por la nebulosa en torno al Gobierno de Juan Orlando Hernández
En contraste, Nicaragua es el país más rezagado de la región, donde la corrupción campea y no hay visos, bajo la administración Ortega Murillo, de castigarla. El caso más escandaloso es el del magistrado Roberto Rivas Reyes. El presidente del Poder Electoral fue sancionado por Estados Unidos por fraude y corrupción, pero lejos de ponerlo a la orden de la justicia ante los múltiples señalamientos que pesan sobre él desde hace varios años, el Gobierno del comandante Daniel Ortega lo mantiene en su puesto: le quitó funciones pero le preserva su inmunidad.
Después de la decisión presidencial de proteger al magistrado Rivas (quien no da la cara públicamente desde que fue sancionado el 21 diciembre de 2017), el caldo de la corrupción lo sigue salpicando. Confidencial reveló el palacete que Rivas y su familia tienen en una lujosa zona de Madrid, en España. Así como un viaje en un jet privado, valorado en más de 130 mil euros, que tomó con destino a Managua luego de que fue incluido en la lista negra de la Oficina del Tesoro norteamericano.
¿Qué pasa en Guatemala, El Salvador y, en menor proporción, en Honduras, donde los corruptos ya no duermen tranquilos? ¿Es definitivo este sistema que castiga la corrupción, en una región en la que, por décadas, ha sido endémica en gobiernos de diferentes idolologías?
“Somos países sin ley, dominados por ladrones”, resumió José Rubén Zamora, periodista guatemalteco, y fundador de diario elPeriódico. Zamora llegó esta semana a Managua para participar un foro titulado “Corrupción, Impunidad y Memoria Histórica” junto su colega salvadoreño Carlos Dada, fundador del diario digital El Faro.
Guatemala y la CICIG en un momento determinante
El jefe de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG), Iván Velásquez, en conferencia de prensa en la sede del Ministerio Público.
El destape de la enorme red de defraudación aduanera que involucraba al expresidente Otto Pérez Molina y a su exvicepresidenta, Roxana Baldetti, fue la primera cruzada contra la corrupción que la CICIG ganó en Guatemala.
Luego de ese caso, otros casos han venido aflorando, como las sospechas sobre la financiación ilícita de la campaña electoral del actual presidente Jimmy Morales. Pese a que el comisionado Iván Velásquez ha sufrido embestidas por parte del establishment de la corrupción, la CICIG logró consolidarse de forma positiva ante la opinión pública guatemalteca. Incluso, los empresarios que antes no apoyaban su intervención, en “las últimas 48 horas” –ironizó el periodista Zamora– han comenzado a darle su beneplácito.
“La CICIG lleva diez años y se han logrado judicializar algunos casos. En Guatemala, por primera vez en 60 años que tengo de vida, hay temor ante su majestad la ley. Por primera vez todos somos medidos por la misma vara”, dijo Zamora, premio María Moors Cabot, en el programa Esta Semana. “Son pequeños pasos. No podemos pensar que ya son cambios institucionalizados, pero ya hay una luz al final del túnel”.
Zamora comentó que ante el actuar de la CICIG, el Ministerio Público y la Fiscalía General de Guatemala comenzaron a ver su importancia y a “existir, a estar en el radar”. El periodista señaló que detrás de la CICIG estuvo desde un principio Naciones Unidas y, recientemente, sumó su apoyo Estados Unidos. Al principio, Washington “vio con desdén” a la comisión, pero cambiaron de parecer. ¿La razón? Según el fundador de elPeriódico, las oleadas migratorias que abarrotaron las fronteras estadounidenses, en especial con la crisis de los menores de edad que llegaban solos.
En Guatemala la ciudadanía estuvo aletargada por más de veinte años, pese a que el periodismo independiente estuvo publicando sobre casos de corrupción. Nunca fueron judicializados. En la opinión de Zamora, la irrupción de la CICIG cambió el panorama y empoderó a la ciudadanía, que ahora protesta y exige transparencia con beligerancia.
“Tenemos un club de los desvelados y los madrugones, gente que tiene miedo que los conduzcan a la cárcel por errores que han cometido de manera deliberada o inconsciente”, satirizó Zamora.
Pero nada está definido con respecto a la CICIG. “En Guatemala hay dos bandos bien definidos y en los próximos tres meses sabremos qué pasará”, alertó Zamora. “En un bando está la cleptocracia a la que el sector privado le jaló la alfombra por las amenazas del imperio; se pasaron al lado de la CICIG. El imperio sabe que si las desigualdades económicas persisten, habrá más migrantes. Por eso creo que va a prevalecer la CICIG. Pero tenemos un agarrón muy fuerte”.
Zamora señaló que en Guatemala la corrupción acapara entre el 18 y el 20% del Producto Interno Bruto (PIB). “Significa gente que se muere de hambre, que no tienen medicinas, que se muere sin camas en el hospital”, comparó.
El Salvador: expresidente preso, poderes más independientes
Mauricio Funes en una sesión plenaria, en San Salvador cuando era todavía presidente. Roberto Escobar | EFE | CONFIDENCIAL.
Aunque en El Salvador no opera una CICIG, tres expresidentes han sido acusados, procesados y señalados por corrupción. El primero fue Francisco Flores, quien durante el proceso judicial murió. La justicia también centró su mira en Antonio ‘Tony’ Saca, que está tras las rejas, y contra Mauricio Funes, quien decidió huir a Nicaragua, donde el presidente Daniel Ortega le concedió asilo político.
Los dos primeros expresidentes mencionados pertenecen al partido Alianza Republicana Nacionalista (ARENA), y Funes al Frente Farabundo Martí para la Liberación Nacional (FMLN). Las dos agrupaciones políticas que dominan El Salvador, y que han mantenido una rivalidad enardecida.
Para Carlos Dada, fundador de El Faro, en esta rivalidad se explica mucho la acción de la justicia contra los expresidentes. Según Dada, con la llegada de la izquierda al poder empezaron a abrirse expedientes contra la derecha. Una especie de decisiones dirigidas desde una cabina de radio por el expresidente Funes.
“Pero los casos no iniciaron en la Fiscalía, sino en salas de redacción”, precisó Dada. “La rivalidad histórica entre las dos fuerzas políticas permite que las acusaciones se ventilen de otra manera. Si bien la posibilidad de una CICIG se abrió, a medida que dio pruebas de su viabilidad en Guatemala, en el Salvador dio miedo. La posibilidad de algo así dio pánico. Están de acuerdo (ambos partidos) en que no lleguen a medirles las costillas”, analizó el fundador de El Faro.
El Salvador experimentó, con la llegada del FMLN al poder en 2009, independencia de poderes. El Ejecutivo, el judicial y el legislativo comenzaron a tener posturas propias confrontándolas. La Sala de lo Constitucional en El Salvador protagonizó varias de esas crisis al imponer su criterio contra violaciones a la ley. Según Dada, algunos magistrados “que llegaron por accidente” dieron muestras de independencia. Sin embargo, eso no es definitivo.
Este domingo El Salvador elige una nueva legislatura y luego los magistrados serán suplantados. “Si algo tienen claro los políticos (de ambos partidos), es que no quieren machos sin dueños. En el Salvador, la ciudadanía no se ha apropiado de esto, y por eso esto es reversible”, indicó Dada.
Honduras y el designio estadounidense
El presidente del Congreso Nacional de Honduras, Mauricio Oliva, entrega la banda al reelecto presidente Juan Orlando Hernández. Foto AFP
El caso hondureño es más complejo. Carlos Dada lo sabe de primera mano. Ha investigado el asesinato de la dirigente ambientalista y luchadora social Berta Cáceres, las redes del crimen organizado, Además, cubrió la ilegal reelección de Juan Orlando Hernández, y durante la toma de posesión del mandatario le fue impedida la entrada al recinto donde sucedió la ceremonia de investidura.
Mientras Estados Unidos juega un “papel importante” contra la corrupción en Guatemala, en Honduras sucede todo lo contrario. Según Dada, Washington apoya abiertamente a Juan Orlando Hernández, después que se reeligió en unas elecciones de resultados opacos que, incluso, la misma Organización de Estados Americanos (OEA) recomendó realizarlos de nuevo.
“El Departamento de Estado emitió una declaración felicitando a Honduras por su mejora en derechos humanos durante la crisis del conteo de votos. Todavía no se ha resuelto el asesinato de Bertha Cáceres. En el caso hondureño no es cierto que Estados Unidos apoya la lucha contra corrupción”, refutó Dada.
Dada, un periodista conocedor de la realidad hondureña debido a sus múltiples investigaciones periodísticas en uno de los países más peligrosos del mundo, sostuvo que Washington solo “saca la carta contra la corrupción cuando le conviene, solo si le corresponde a sus intereses”.
Los ejemplos de corrupción abundan en Honduras. El exdirector de El Faro cita la “perversión del sistema democrático” bajo la administración de Juan Orlando Hernández: primero su reelección. El mandatario despidió a magistrados cuando no le aprobaron leyes, despojo de tierras a campesinos, una reforma eléctrica a costa de recursos naturales, y la distorsión del Poder Legislativo y el Tribunal Electoral, cuya actuación durante las elecciones de reelección fue opaca.
Dada coincide con la afirmación de que, al menos, en lo político, Juan Orlando Hernández emula al comandante Daniel Ortega, aunque ambos mandatarios estén en las antípodas ideológicas.
A juicio de Dada, en Honduras el sistema es tan corrupto por el contubernio entre tres sectores: El público, que abarca a las fuerzas de seguridad; el narcotráfico, que lava dinero; y el sector privado.
El capital hondureño más grande es el de la familia Rosenthal, el poderoso clan acusado de lavado de dinero y narcotráfico. El siete de octubre de 2015, el Departamento del Tesoro identificó a Jaime Rosenthal, a su hijo Yani y su sobrino Yankel como miembros de una red al servicio del comercio internacional de narcóticos mediante el lavado de activos.
Tomando el ejemplo del caso de los Rosenthal, el periodista Dada descalificó las voces del sector empresarial que alegan que la lucha contra la corrupción “desestabiliza” a los países”: “Es mentira”, zanjó. “El testimonio del cartel de los Cachiros ha sacado eso (caso Rosenthal) a la luz. La lucha contra la corrupción genera inestabilidad porque los tiene presos”, comentó.
Para Dada, su descalificación aplica para todos los países centroamericanos, incluido Nicaragua. Explicó que la lucha contra la corrupción solo desestabiliza a sistemas que dependen de ella. Dada no conoce un sistema más estable que el sueco, una de las sociedades más transparentes del mundo.
“La inestabilidad la genera para los empresarios corruptos. Protestan porque puede afectar sus intereses”, insistió el periodista salvadoreño.
El modelo corporativista de Ortega visto desde el norte
Los titulares de AMCHAM y el COSEP junto al comandante Daniel Ortega. Carlos Herrera/Confidencial
Los periodistas Dada y Zamora coincidieron en que el modelo de “diálogo y consenso” instaurado por el Gobierno del comandante Daniel Ortega con los empresarios nicaragüenses es visto con interés por los sectores privados de Guatemala y El Salvador.
“Es admirado, querido y respetado por muchos empresarios de Guatemala” aseguró Zamora. “He escuchado ese discurso de ‘reglas claras y estables’ en Nicaragua. Una cleptodictadura que garantiza de mano de obra barata y seguridad ciudadana. Los empresarios quieren alguien así para comprar privilegios”, detalló.
En el caso salvadoreño, recientemente el dirigente y candidato a diputado del FMLN, José Luis Merino, dijo que a su partido le atrae el modelo de Ortega con el sector privado.
“En Nicaragua los empresarios grandotes actúan junto a los empresarios chiquitos para mantener a ese país caminando en la ruta del crecimiento del desarrollo, nos dan envidia y quisiéramos reproducir eso aquí”, expresó Merino.
A Dada no le extraña. El periodista dijo que Daniel Ortega le ha enseñado al FMLN “enseña capacidad de subsistir en el poder a toda costa”. Sin embargo, en el caso de los empresarios salvadoreños “son otros diez pesos”.
El fundador de El Faro resaltó que los principales empresarios de su país son del partido ARENA. Juegan un papel político, no solo económico. Los empresarios areneros recuerdan de forma constante a los salvadoreños que emular a Nicaragua o a Venezuela no conviene.
Pero a la hora de adoptar o acudir al modelo de consenso de Ortega, los empresarios de Arena no tienen reparos. “Esos principios de los que hablan no pasan de la frontera. Yo estoy asombrado de la cantidad de inversiones de Areneros en Nicaragua. Ese doble rasero es inmoral, esos principios prodemocracia deberían ser universales”, lamentó Dada.
