6 de agosto 2020
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El Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), denunció nuevamente lo que llamó “voracidad recaudatoria”, de parte del régimen de Daniel Ortega, enlistando diez acciones implementadas por el Poder Ejecutivo para tratar de extraer más dinero de las cuentas de las empresas y de los bolsillos de los ciudadanos, advirtiendo del riesgo de que eso ralentice aún más la recuperación del país.
El freno de la actividad económica a partir de abril de 2018, que se exacerbó con el inicio de las afectaciones por la pandemia, golpeó fuertemente las finanzas públicas, que han perdido gran parte de su capacidad recaudatoria, al extremo que se calcula que se podrían dejar de percibir otros 8000 millones de córdobas en el presente ejercicio presupuestario.
“Mientras los organismos multilaterales, y la [Comisión Económica para América Latina] Cepal, están diciendo que hay que dejar de implementar las decisiones que quitan recursos a las empresas, aquí, en lo que va del año, hemos visto la aplicación de diez situaciones” que hacen precisamente eso, aseguró José Adán Aguerri, presidente de esa entidad gremial.
Las diez medidas recaudatorias
La primera de las medidas mencionadas por Aguerri, es la reforma, en marzo pasado, de las leyes 1024 y 1025, ambas leyes de patentes, “lo que significó un aumento de tasas”.
A eso le siguió el aumento de los pagos por rentas de capital, así como la sobrevaloración del valor catastral en las alcaldías, lo que aumentó la base imponible del Impuesto de Bienes Inmuebles, decisión que se vio complementada con la orden de cobrar las deudas a través de procesos penales.
También recordó que “las dudas de valor se han convertido en política sistémica con todas las importaciones”, a la vez que deploró la constante aplicación de dudas sobre la clasificación arancelaria; el aumento en los impuestos que se aplican a los timbres fiscales, y el incremento en los costos de los servicios que presta la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA).
Citando decisiones que se han conocido en las últimas semanas, Aguerri mencionó el cobro de 150 dólares por la realización de la prueba para detectar el covid-19, con lo que Nicaragua es el único Estado que impone un cobro de esa naturaleza a sus ciudadanos, a lo que se suma ahora el pago de 30 dólares, para aplicar la vacuna contra la fiebre amarilla, que es requisito para poder viajar a ciertos países, y antes era gratuita en Nicaragua.
Finalmente, recordó que, la decisión de expresar en moneda extranjera el costo de los pasaportes y de otros trámites migratorios, “dolariza los cobros del Estado, en una economía que no está dolarizada, a la vez que indexa los costos a la ciudadanía”.
A juicio del presidente del Cosep, todo esto evidencia una “voracidad recaudatoria que va en aumento y no se detiene. Esto afecta a las empresas, al ciudadano de a pie, y a la posibilidad de enfrentar la pandemia, porque siguen quitando lo poco que uno tiene, para sostener al Estado”, declaró.
“Si esto sigue así, lo que veremos es mayor retroceso, y esas cifras de caída de -8.2% del PIB, podría ser aún mayor”, vaticinó.
