18 de febrero 2018
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La reducción de los subsidios al costo de la factura de electricidad que pagan los clientes que consumen menos de 150 kilovatios hora (kWh) al mes, implica que unos 800,000 usuarios que están dentro de ese rango de consumo, tendrán que desembolsar más de 83 millones de dólares adicionales a lo que ya destinan para pagar por su consumo energético.
La reforma a la ley, que se aprobó como contrapartida a un préstamo concedido por el Banco Interamericano de Desarrollo, significa que solo en 2018 el incremento de la tarifa oscilará entre 3% y 13% para quienes consumen entre 125 a 150 kilovatios al mes, y seguirá aumentando de aquí al 2022.
Lo ocurrido “es un duro golpe al bolsillo de los consumidores de bajos ingresos, o sea, los que consumen menos de 150 kWh, que eran los principales beneficiarios del sistema de subsidio antes que se aprobara esta ley”, consideró el abogado César Aróstegui, experto en legislación energética.
Por su parte, el ingeniero eléctrico Fernando Bárcenas, explicó que dado que lo que se maneja en el país es una tarifa con bloques progresivos de consumo, “el precio va subiendo en la medida en que sube el consumo de energía”, de tal forma que los más afectados son los que están en el último bloque de 100 a 150 kilovatios.
Los cálculos muestran que hay unos 400,000 usuarios que consumen entre 0 a 50 kWh al mes, los que verán subir su tarifa en 5%. Para los 240,000 usuarios que se mantienen entre 50 a 100 kWh, la tarifa subirá 12%, mientras que para los 150,000 que consumen entre 100 a 150 kilovatios hora al mes, subirá 31% en el lapso de 4 años.
Aunque este último grupo representa menos del 19% del total de consumidores subsidiados, esos 150,000 clientes consumen más o menos el 40% de la energía que demanda todo ese sector.
Para mantenerse dentro del rango de consumo de 150 kWh en un mes, una familia requiere tener (y usar de forma cuidadosa) una plancha, una refrigeradora, un televisor, un abanico, y un pequeño minicomponente o un radio. Es imposible usar un aire acondicionado y tratar de matenerse en ese rango.
Hay otras formas
Los defensores de la reducción de los subsidios (básicamente, diputados de la bancada del Frente Sandinista en la Asamblea Nacional, cuya mayoría fue la que aprobó la reforma), aseguran que fue necesario dar ese paso para asegurar la sostenibilidad financiera del sistema eléctrico nacional.
Consultado al respecto, el abogado Aróstegui, observa que simplemente “el sistema no es autosostenible, porque está totalmente distorsionado. Si uno revisa la factura, el subsidio lo que viene a hacer es pagar parte del precio de la factura. Eso nada tiene que ver con el costo de la energía, que sí tiene que ver con la forma en que funciona la industria”.
“Si vemos el pliego tarifario, lo que hace que la energía sea tan cara en Nicaragua, es que el 70% se va en pago (de potencia o de energía) a los generadores. La negociación entre el generador y la distribuidora no ocurre en base a las fuerzas del mercado y a la competencia para ver quién ofrece el mejor precio posible, como dice la ley”, denunció.
Quizás lo que el Estado debería hacer, si lo que se quiere es reducir el costo de las tarifas, sea las pérdidas técnicas, que en este momento podrían ascender al 20% o 26%. Si ya es preocupante no tener certeza sobre ese dato, que cada punto porcentual represente a los usuarios un costo de 4.5 millones de dólares, lo es aún más.
“En teoría, las pérdidas que tenemos son de 20%, pero puede ser más porque nadie tiene un seguimiento exacto. Al privatizar la distribuidora, se estableció que tenían que competir con una empresa eficiente. Por norma, lo que se traslada es el costo de una empresa eficiente y no los costos reales que tiene la empresa, porque esto le llevaría a hacer una mala gestión, y a que los ciudadanos pagaran por esa mala gestión”, refirió Bárcenas.
El experto recordó que en 2005, la Ley 554 detalló que en la tarifa se va a incluir el 15% de pérdidas aunque estas fueran mayores, y que se reducirían cada año hasta llegar en 2009 al 11%, que es lo que habría de reconocerse en la tarifa.
Aunque en cierto momento se llegó a calcular en 11%, en 2009 volvió a subir al 13%, y en 2013 se subió al 16%, aunque en este momento estamos pagando el 14% porque bajó el 16%, al 15%, y al 14%. Cada punto porcentual representa 4.5 millones de dólares que se le paga en la tarifa a la distribuidora.
Mejor carbón o gas
Todo ello ha llevado a que la tarifa que se paga en Nicaragua sea la más alta de Centroamérica, a pesar que la matriz de generación incluye cada vez más fuentes renovables, que generalmente tienen un costo menor que la producción de electricidad con fuentes fósiles.
“Eso es una falacia. Aquí se ha vendido la idea que cambiar la matriz energética significa bajar la tarifa, y eso es falso porque cuando uno pone energía renovable es para no contaminar el ambiente, para combatir el cambio climático, pero no por un tema de costos. Si querían bajar la energía, debieron haber metido gas. Cuando Obama fue a Costa Rica ofreció gasoductos, y traer gas para bajar la tarifa, pero Ortega se opuso”, recordó Bárcenas.
Otra opción para bajar la tarifa es traer carbón, una fuente de generación que usa un país tan desarrollado como Alemania, y otros más cercanos a nuestra realidad, como Guatemala, Panamá, Honduras y El Salvador. Las plantas de carbón tienen tarifas que oscilan entre 40 a 45 dólares por megavatio hora, mientras que los generadores térmicos que la producen en Nicaragua cobran hasta 130 dólares, y las renovables andan en 115 dólares.
Además de expresar su deseo que “esos 83 millones sirvan para financiar inversión en educación y en salud”, Gustavo Ortega, subdirector del Instituto de Defensa de los Consumidores (Indec), aboga por “revisar todo el sistema energético, revisar los contratos con las generadoras. Nuestra posición es que hay que revisarlos”, reiteró.
De paso, haría falta que el Instituto Nicaragüense de Energía (INE, ente regulador), hiciera valer el compromiso de la empresa distribuidora, en el sentido de que invertiría 75 millones de dólares para reducir las pérdidas técnicas, sin que se tenga constancia de si lo hicieron o no.
Sabiduría popular
El año pasado vinieron más de 46,000 reclamos de Disnorte Dissur, a esta oficina.
Ortega refirió que “de las 61,670 personas que vinieron a poner una queja o una denuncia al Indec en 2017, solo de energía vinieron 42,607 personas de todo el país. De ellas (9,592 personas) tenían como demanda principal el tema de la alta facturación.
Antes de este cambio, la gente reclamaba por mala lectura del medidor, o porque el medidor estaba apagado, o no le están cobrando lo correcto o les estaban cobrando demás. Ese es el sentir de las personas. Así que “si ahorita vienen entre 80 y 90 personas diario, con este cambio, la gente va a venir aquí a que le expliquemos si es correcto o no es correcto lo que están cobrándole”, vaticinó.
Ciudadanos consultados en un rápido sondeo efectuado por Confidencial, instaron a la empresa distribuidora a encontrar otras maneras de mejorar su posición financiera. Ninguno de ellos es experto en el tema, pero todos sienten cada mes que están pagando más de lo que deberían, si, por ejemplo, la empresa se esforzara más en combatir el robo de energía.
Esa fue la demanda de doña Alicia Castro, que se mostró en contra de la reducción de los subsidios, “porque hay mucha gente que se roba la luz, y ellos son sabedores. Hay gente de mi barrio que debe hasta 35,000 pesos, y la empresa no hace nada, mientras uno se mata para estar al día con el pago del recibo de luz. Eso no es correcto: el trato tiene que ser igual para todos”.
Doña María López reclama porque quienes están legales con su servicio de electricidad, terminan pagando el consumo de quienes están conectados ilegalmente, aunque ella ve más allá.
“En vez de avanzar, nosotros vamos a retroceder, para estar subsidiando esos palos que incrementaron. Ahí nosotros vamos a pagar el consumo de esos árboles que decidió poner el Gobierno”, señaló en referencia a “los dichosos árboles del demonio, porque no son árboles de la vida: son árboles del demonio”, calificó.
Subsidio era por dos años
El ingeniero eléctrico Fernando Bárcenas, explicó que casi todos los países en América Latina tienen subsidios, y algunos incluso tienen subsidios más altos que los que tiene Nicaragua, en el rango, o en el monto, pero “aquí se trazó el subsidio por un criterio más político que técnico”.
Recordó que entre 2000 a 2005, el petróleo subió de 20 a 50 dólares el barril. Cuando subió a 70 dólares el barril y nuestra matriz energética era preferentemente térmica, entonces la tarifa tuvo un incremento. “Eso hizo que el gobierno de la época pusiera un subsidio para beneficiar a los sectores de más bajos ingresos pensando que quizá estaría vigente por dos años, y que el siguiente gobierno lo quitara, pero desde 2007, el Gobierno de Ortega lo fue prorrogando por dos años más, y así llegamos a 2017”, rememoró.
Detalló que antes, eso se financiaba con el IVA que la distribuidora tenía que entregarle al Gobierno por venta de energía, y lo usaba para pagarle a los generadores, y con eso asumían el subsidio”.
“Su elemento más insostenible fue que se congelaba la tarifa, independientemente de lo que pasara con los costos, y en la medida en que fueron aumentando los costos, los subsidios fueron creciendo”, explicó.
“En ese tiempo eran 400 000 clientes y ahora somos 800 000 y el consumo promedio de cada uno de los sectores fue aumentando en gran cantidad. Esos tres elementos hicieron que el costo de subsidio fuera creciendo hasta 522 millones de dólares acumulados desde que se aprobó la tarifa, y eso no es manejable ni sostenible”, concluyó.
