29 de diciembre 2018
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La filtración en las redes sociales de una circular en la que Valeska Reyes, gerente comercial de la Distribuidora Nicaragüense de Petróleo (DNP), comunica a los clientes de esa empresa estatal que dejen de usar las cuentas del Banco de América Central (BAC), puso en alerta a empresarios y cámaras empresariales que se preguntan cuál es el significado de esa medida en apariencia inocente.
Seis fuentes -entre líderes gremiales, economistas, administradores de empresas y exfuncionarios de gobierno- consultados por Confidencial, externaron sus sospechas que van desde la “comodidad” de trabajar con un banco u otro, hasta la “precaución” de evitarse problemas mayores, siendo que el conglomerado colombiano dueño de ese banco nacional, aparece mencionado en las investigaciones de corrupción del caso Odebrecht, sin olvidar que la DNP misma puede estar al borde de recibir sanciones del Gobierno de Estados Unidos.
Manejada ‘en familia’ por la pareja presidencial, la distribuidora de petróleo es sujeto de un boicot ciudadano que orienta surtirse de combustible en otras gasolineras. Dado que el Estado dejó de publicar estadísticas, los defensores de esa medida de sanción social y económica defienden su ‘éxito’ basados en la imagen desolada de las estaciones de servicio de esa marca.
El documento filtrado establece que “en base a comunicado enviado el 21 de diciembre del año en curso, les estamos recordando que, hasta nuevo aviso estaremos recepcionando depósitos y/o transferencias bancarias en las siguientes cuentas”, para pasar a detallar dos cuentas en córdobas y otras dos en dólares, abiertas en Banpro y Bancentro.
“Solicitamos no realizar depósitos en las cuentas BAC, ya que a partir del día 3 de enero 2019 se encontrarán inactivas definitivamente”, dice la misiva que habría enviado Reyes.
Confidencial llamó a DNP, donde una persona que dijo trabajar en el despacho de la firmante, aseguró que ella estaba de vacaciones, pidiendo un número de celular para pasárselo a Reyes y que ella llamara para presentar su versión. Hasta el momento de publicar esta nota, esa llamada no se había producido.
Ante la posibilidad que tal decisión sea una medida de emergencia para responder a una supuesta crisis causada por el boicot referido antes, una de las fuentes preguntó “¿por qué dejar de trabajar con un banco si eso reduce las posibilidades de que la gente te pague? Esa no es la primera medida cuando tenés problemas, sino que buscás cómo ahorrar costos o cerrar puntos de venta que no sean rentables”.
“No entiendo la lógica de cortar con el BAC, que es un banco de capital extranjero, de modo que el Gobierno tiene menos conflictos con ellos, además que el grupo financiero colombiano que lo compró tiene una posición sólida”, dijo otro entrevistado.
En esa misma línea de pensamiento, un economista que aceptó hablar con esta publicación a condición de mantenerse en el anonimato, recordó que siendo que el gobierno no tiene mayores problemas con el BAC “porque ni siquiera pertenece a capitales nicaragüenses”, quizás la razón para dar prioridad a sus cuentas en Banpro y Bancentro sea “buscar cómo tener más influencia en esos dos bancos”.
Otra de las fuentes aventuró la posibilidad de que no sea más que una cuestión administrativa. “Quizás es un tema de comodidad o de que trabaja de forma más fluida con esos bancos que con el otro”, teorizó.
Alistándose para tiempos peores
Algunos de los entrevistados por Confidencial contemplan tesis más complejas, donde manejan una mezcla de posibles sanciones, con el riesgo de verse asociados con el banco local propiedad de un conglomerado financiero en apuros.
Una de las fuentes consultadas, asociada con un banco local, dijo saber que la distribuidora de combustibles se está adelantando al posible establecimiento de sanciones estadounidenses a tenor de las opciones legales incluidas en la NICA Act.
“DNP va a cerrar sus cuentas en los bancos que tengan corresponsalías con Estados Unidos, porque ellos son parte de la infraestructura financiera de Pdvsa”, la estatal petrolera venezolana que fue sancionada por el Departamento del Tesoro del país norteamericano en agosto de 2017.
“Si Trump finalmente sanciona a empresas como el BanCorp o la DNP, se verán afectados los flujos de financiamiento de los negocios de la familia presidencial, los que seguramente ya han bajado como producto del boicot ciudadano”, dijo un economista consultado.
Un antiguo líder de una influyente cámara del sector privado dijo que dos fuentes del negocio de distribución de hidrocarburos le confirmaron que “se trata de una medida preventiva”, ante la posibilidad de que el dueño colombiano resulte imputado en el escándalo de Odebrecht, donde ya murieron dos testigos y el hijo de uno de ellos.
La fuente recordó lo que pasó en Honduras, cuando Estados Unidos decidió sancionar a la entonces poderosa familia Rosenthal y sus negocios en Honduras, comenzando por el Banco Continental, lo que llevó al cierre obligado de sus empresas dentro y fuera de ese país, incluyendo un diario hondureño y tiendas libres de impuestos en Nicaragua.
“El cierre de Enrom en Estados Unidos afectó a todas las empresas que estaban asociados a ellos, así que yo veo esta decisión de DNP como una precaución adicional, en especial siendo que ellos saben que deben estar en la mira del Departamento del Tesoro”, aseveró la fuente.
Dejando de lado el entramado internacional, otras dos fuentes sugieren dos posibilidades más prosaicas, a saber: que el Gobierno esté tratando de ‘manchar’ a los dos bancos a los que la circular ordena seguir haciendo depósitos, o simplemente, que sean los dos bancos los que hayan solicitado que fuera así.
En el primer caso, se cita el “riesgo reputacional”, que deben pagar los dos bancos cuyo nombre ha sido asociados con una esa empresa estatal manejada de forma discrecional por la familia presidencial.
“Puedo asegurarte que a los dueños del Banpro es a quienes más han presionado para obligarlos a asumir una posición neutra. Tal vez el Gobierno decidió cambiar de estrategia, manchando la reputación de ambos bancos”, dijo una de las fuentes, mientras en las redes sociales se multiplicaban las voces que exigían a los dos bancos mencionados en la circular, que cierren las cuentas de DNP.
La segunda tesis, soportada por un antiguo funcionario estatal, apunta en la dirección que “quizás la DNP le debe más dinero a esos dos bancos, y ellos le hayan pedido que depositen más dinero en sus cuentas para respaldar los préstamos pendientes, o hasta para poder ser capaces de pagar los embarques”, aseveró.
