19 de febrero 2022
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El anuncio del nuevo megaproyecto del Gobierno, que promete invertir 564.1 millones de dólares en proyectos de telecomunicaciones y de infraestructura eléctrica, puso la mirada de inversionistas y expertos sobre un elemento del sector -la generación de energía- que consideran atrasado y urgente de renovación.
El lunes 7 de febrero, el ministro de Energía y Minas, Salvador Mansell, sugirió en entrevista la inversión de USD 556.1 millones en diversos proyectos del sector eléctrico, más ocho millones para telecomunicaciones.
Eso incluye 251.3 millones de dólares para el proyecto hidroeléctrico Mojolka, sobre el río Tuma; 106.1 millones en el proyecto solar El Hato, en Terrabona; 101.6 millones para nuevas líneas de transmisión eléctrica entre Terrabona, Mulukukú y Boaco; 40 millones en el sistema de gestión comercial y distribución eléctrica; 8 millones para construir y modernizar el Centro Nacional de Despacho de Carga, y 49.1 millones para movilidad eléctrica.
Estos proyectos estarían incluidos en un memorándum de entendimiento que habría sido firmado con China Comunications Construction Company Limited (CCCC), empresa que fue sancionada por el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, desde junio de 2021.
“Todos esos proyectos los veo más cuesta arriba que la central hídrica propuesta para construirse en Tumarín en su momento”, dijo una de las fuentes. Luego de varias décadas de haber sido propuesto, el proyecto Tumarín se le entregó en concesión a Centrales Hidroeléctricas de Nicaragua (CHN), propiedad de las brasileñas Queiroz Galvão y Eletrobras, que lo abandonaron en abril de 2016.
“¿Quién va a arriesgar millones de dólares en inversiones que se recuperan en diez a doce años, con la imagen y situación actual de Nicaragua? Como no pueden financiar nuevos proyectos, buscan a China y a otros países, para ver qué consiguen” añadió la fuente.
La ejecución de cualquier proyecto de generación eléctrica requiere obtener una serie de permisos locales y regionales, (porque toda la red del istmo está interconectada) lo que implica varios años de gestiones, de efectuar un estudio de impacto en la red, y otro del Centro Nacional de Despacho de Carga; evaluar la calidad de la energía, y asegurarse que su ubicación no genere turbulencias que afecten al resto de la red regional.
Según Mansell, el proyecto hidroeléctrico Mojolka (valorado inicialmente en 231 millones de dólares), tendría capacidad para generar 120 MW, y sería capaz de producir 585 GWh/año de energía.
“Ese es un proyecto hidroeléctrico que se quiere desarrollar desde hace más de 30 años, pero ahora tendrían que iniciar casi de cero, haciendo nuevos estudios de factibilidad. Construirlo sería conveniente porque se lleva al menos cuatro años para desarrollarlo”, de tal manera que estaría listo para suplir la salida de plantas más viejas, explicó una de las fuentes.
Una reserva disminuida
Si bien se reconoce la necesidad de invertir para modernizar y ampliar la capacidad de generación y distribución de energía en el país, hay dudas de que los proyectos propuestos (la presa hidroeléctrica Mojolka; los proyectos solares El Hato, más otras tres plantas en occidente y una entre Masaya y Tipitapa), sean lo más apropiado así como están planteados, sin obviar las dudas sobre quién va a financiarlos.
En el transcurso del año, la demanda de electricidad no ha llegado ni una sola vez a los 720 MW, lo que es menos de los 1460.1 MW de capacidad instalada que tiene el país, aunque de esa cantidad, solo 1034.2 MW estén realmente disponibles, de modo que la reserva real no es de 740.1 MW sino de 315 MW, alguna de ella generada por plantas muy viejas y muy caras.
Esa cesantía de casi 426 MW (29.2% de la capacidad instalada), se explica, en parte, porque en el país siguen operando unidades que tienen más de 65 años de uso, lo que las hace propensas a estar más tiempo fuera de servicio, porque requieren mayores niveles de reparación o mantenimientos.
“Mucha de la capacidad instalada en el país tiene más de 20 años. Incluso ese nivel de antigüedad ya no es normal en el mundo”, señaló una fuente.
Otra razón es que las sanciones contra Albanisa, dejaron inutilizada una capacidad de generación que supera los 200 MW, en un contexto en que las centrales hídricas, solares y eólicas, no pueden generar más allá del 50% de su capacidad instalada, mientras la planta geotérmica de Momotombo tiene problemas técnicos, y New Fortress Energy no termina de construir su planta de gas, supuesta a generar 300 MW.
La poca confiabilidad del sistema local obligó a comprar energía en la región. Datos ofrecidos por Mansell muestran que, en 2021, Nicaragua importó 1005.24 GWh (21.64% de toda la energía consumida el año pasado), pero el aumento de los precios de esa energía hace que sea cada vez menos viable económicamente, además que los proveedores podrían requerir quedarse con su energía, en caso que tuvieran que enfrentar alguna emergencia.
Mientras en el mediano plazo se materializa alguna de las inversiones millonarias sugeridas por el ministro de Energía, parece más plausible que se hagan algunos avances en el corto plazo, instalando paneles solares “en todas las instituciones del Gobierno, para que nos reduzca el costo de la energía, así como lo hemos visto con algunas instalaciones de paneles solares en el Ministerio de Energía, que representan el 60% de nuestro consumo”, detalló.
