2 de febrero 2019
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Nadie fuera del Gobierno, o del círculo de seguidores y aduladores del régimen, reconoce alguna bondad a la propuesta de reforma tributaria presentada ante la Asamblea Nacional por un sonriente ministro de Hacienda, Iván Acosta, quien aseguró que ese paquete de medidas había sido analizado durante “varios meses… con mucha responsabilidad”.
“Quien haya presentado esa propuesta de reforma al Gobierno, debería ser despedido porque le está haciendo daño a la economía y al país: en vez de recaudar más, habrá contracción”, opinó el ejecutivo de una empresa asociada a la Cámara de Industrias, que pidió mantener su nombre en reserva.
El economista Néstor Avendaño, presidente de Consultores para el Desarrollo Empresarial (Copades), cuestionó al ministro Acosta por presentar esa propuesta siendo que “Iván sabe muy bien que las empresas no están bien en lo económico y financiero”, en especial, cuando plantea aumentar el Pago Mínimo Definitivo.
Hacia la depresión económica
“Él sabe que esto afectará la escasa liquidez de las empresas. El ministro debería analizarlo un poco más, porque deja el 1% para las más pequeñas, que igual están muy golpeadas; 2% para principales, y 3% para las grandes. Dudo que vaya a tener éxito, porque eso se hace cuando un país está en bonanza, no cuando está afectado con una recesión, que podría desembocar en una depresión económica si el conflicto político no se resuelve”, vaticinó.
Junto a Avendaño, muchas otras voces han destacado lo inadecuado del momento elegido para presentar una reforma que podría haber funcionado bien en los tiempos en que la economía crecía a razón de 4% o 5%, y Gobierno y sector privado disfrutaban de un mecanismo de entendimiento que permitió la aprobación conjunta de cerca de un centenar de leyes.
“En una economía en franca recesión, es absurdo aumentar los costos de producción y los costos del trabajo y el empleo. Es todo lo contrario de lo que hay que hacer”, dijo un economista que pidió el anonimato.
“Lo que habría que hacer es estimular a las empresas y la economía, recortándoles los costos para que contraten más y se mantengan en marcha, porque lo que va a suceder es que aumentará el despido, y muchas tendrán que cerrar”, aseguró.
“Las más grandes reducirán poco a poco su actividad hasta llegar al mínimo, lo que es un balazo a la inversión, y mata la producción de futuro, siendo que la actual ya está muerta. Esta reforma aumenta el costo de la vida, y disminuye el poder adquisitivo de los trabajadores, porque les va a quitar más dinero de la bolsa”, añadió.
“Parches”
La diputada liberal Azucena Castillo, miembro de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, observa que “eso de las exenciones y exoneraciones se los venía diciendo el FMI y otras organizaciones, pero por negligencia o indolencia no hicieron caso, y ahora retoman la propuesta sin hacer el análisis real de cómo estamos”.
A su juicio, “no hay capacidad técnica ni visión a largo plazo. Esta reforma es meramente recaudatoria, para rellenar el déficit del presupuesto anual y cumplir el gasto social, porque el Gobierno se ha visto afectado por el corte de la cooperación internacional y las donaciones”.
Castillo recuerda que “no hicieron caso cuando se les advirtió de las consecuencias del cierre de la cooperación”, con el agravante que la Administración no parece tomar en serio las advertencias de Estados Unidos con respecto al Tratado de Libre Comercio con los Estados Unidos, ni las de Europa y el Acuerdo de Asociación vigente.
El cese de ambos tratados “equivaldría a sendos embargos comerciales y llevaría a esta Administración a exprimir más al pueblo para buscar esos recursos”, aseveró, por lo que expresó su rechazo a estos “parches con los que se trata de tapar los huecos del presupuesto, aplicando medidas cortoplacistas y recesivas”.
“Si hubieran hecho antes algo como esto, las medianas empresas ahora serían grandes. Al hacerlo en este momento, el efecto será el contrario”, aseguró.
Las estadísticas muestran que las observaciones de Castillo con respecto a los huecos del presupuesto, son correctas, toda vez que a noviembre 2018, se observaba una caída de 6.4% (un poco más de 4000 millones de córdobas), con respecto al mismo mes de 2017.
Algunos de los aranceles que sufren los mayores niveles de descenso son el Impuesto al Valor Agregado (IVA) que aplica a los productos importados; el Impuesto Selectivo de Consumo (ISC) importado, y los aranceles y otros impuestos aduaneros. En todos los casos, como efecto de las menores importaciones de bienes, muchos de los cuales están destinados a la producción o al comercio.
La disminución de la actividad productiva y la comercial, representa una carga adicional para las empresas del sector que ya no solo deben lidiar con sus menores operaciones, ventas y ganancias, sino también con la amenaza de tener que destinar al pago de impuestos, el flujo de caja con que operan día con día.
“Hay preocupación e incertidumbre porque se esté implementando este tipo de medidas, sin buscar las condiciones para que sean viables”, dijo el economista Mario Arana, ahora presidente de Amcham, entrevistado en el programa Esta Noche.
En referencia al aumento del Pago Mínimo Definitivo, Arana adelantó que las empresas de distribución masiva se quedarían sin utilidades si tienen que pagar el 3%, mientras que en el caso de las afectaciones a la industria fiscal, opina que “el flujo de caja no da para eso”.
El experto fue más allá al referir que hay inversionistas extranjeros que están comentando en privado que la aplicación de las reformas, tal como están planteadas, haría que dejara de ser rentable seguir en Nicaragua, por lo que están sopesando las ventajas y desventajas en seguir en el país o salir de él.
Rechazo unánime
Las cámaras y gremios del sector privado se manifestaron al unísono en contra de una reforma que pretende recaudar 300 millones de dólares en el primer año, aunque en el proceso empuje al cierre de empresas, crecimiento del desempleo y aumento de la pobreza, en especial cuando se considera que subirá el precio de siete de cada diez productos de la canasta básica.
“El 70 % de los productos de la canasta básica incrementará sus precios hasta en 50% del valor actual, en deterioro del poder adquisitivo”, a la vez que el costo de la mano de obra formal se incrementará en un 15.8%, “provocando una reducción del empleo, adicional a la ya causada por la crisis sociopolítica”, alertó la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin).
“El sector industrial rechaza tajantemente estas medidas y reitera que la única salida a la crisis es el Diálogo Nacional, para dejar de afectar a la población”, señalaron.
La Cámara Nacional de Turismo de Nicaragua (Canatur), rechazó la idea de reformar la Ley de Concertación Tributaria en medio de la aguda crisis sociopolítica y económica que vive el país, ya que “lejos de alcanzar su finalidad recaudatoria, lo que hará es profundizar la recesión económica, el deterioro social, acelerar la quiebra de empresas e incrementar el desempleo”.
La industria turística pasó de crecer 30% en divisas generadas en 2017, a ser la más duramente impactada por la crisis. “El 75% de las empresas se encuentran en estado de sobrevivencia realizando enormes esfuerzos y sacrificios para sostener sus operaciones y los empleos”, reconoció el gremio.
Más desempleo
Por su parte, la Asociación de Exportadores de Café de Nicaragua (Excan) advirtió en un comunicado, que las reformas “ponen en riesgo” los ingresos de 450 millones de dólares anuales producto de las exportaciones de café y la pérdida “de forma inmediata” de más de 60 000 empleos de un total de 300 000 que genera el sector.
Los caficultores añadieron que el impacto de ambas reformas será “devastador en la economía nacional”, incluido este sector “que ya ha sido afectado por la caída de los precios internacionales y la falta de financiación”.
A juicio de ese gremio, las iniciativas no resuelven la necesidad de mayores ingresos y mucho menos “la aguda” crisis sociopolítica en que está sumergido el país. “Al contrario, traerá más recesión económica, quiebra de empresas, disminución del empleo y la discrecionalidad de su aplicación estimulará la corrupción”, alertó.
Asimismo, consideró que tanto la reforma fiscal como las modificaciones a la Seguridad Social, “son inconstitucionales por su carácter confiscatorio en alguno de sus aspectos”.
La Federación de Asociaciones Ganaderas de Nicaragua (Faganic) advirtió que “esto encarece la cadena de producción y eleva los precios, porque las empresas no pueden imponer los precios internacionales, van a trasladar los costos al consumidor, que va a pagar más”.
La Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic) señaló que la crisis económica deriva del conflicto sociopolítico interno y necesita de un Diálogo Nacional para resolverse, no de reformas fiscales y a la Seguridad Social, como las que ha planteado el Gobierno.
“El problema frontal es (la falta) de diálogo. Debemos sentarnos a dialogar, no estar haciendo reformas legales”, dijo el presidente de Upanic, Michael Healy.
Por su parte, la Asociación de Bancos Privados de Nicaragua (Asobanp) declaró “su profunda preocupación” porque “las reformas tributarias y de Seguridad Social propuestas tendrán un efecto negativo en la economía nacional, impactando en la población menos favorecida, incrementando el desempleo, fomentando la economía informal, y desincentivando a la inversión nacional y extranjera”.
Es “determinante que cualquier reforma propuesta sea supeditada a una solución integral de la crisis sociopolítica por la que atraviesa el país, para así restablecer la confianza de todos los sectores económicos”, dijo el gremio.
El “paquetazo” fiscal
Entre los cambios principales que incluye la propuesta de reforma tributaria, está el incremento del Impuesto sobre la Renta (IR) a las grandes empresas, que pasarían de pagar 1% de Pago Mínimo Definitivo a 3%, mientras que las empresas medianas, pasarían del 1% al 2%.
También se plantea un incremento en 1.5 el impuesto a las exportaciones, cuyo monto actual depende de cada producto, y los servicios pagados en el exterior pasarán de un 15% a un 25%.
Además, se propone elevar el Impuesto Selectivo al Consumo (ISC) sobre los cigarrillos hasta un 70% en 2021, y que las bebidas alcohólicas, vinos y cervezas, ahora paguen 1.5 dólares por litro de alcohol absoluto, además del 15% a las gaseosas, refrescos y bebidas energéticas, que todavía pagan un 9%.
Si se aprueba tal como fue presentada, cuando la reforma tributaria entre en vigencia comenzará a cobrársele IVA a todos los productos agrícolas no industrializados, con la excepción del maíz, trigo, frijoles, tomate, cebollas, chiltoma, repollo, papas, banano y plátano.
También se cobrará este impuesto al arroz de calidad superior a 80/20; al azúcar refinada, (pero no a la sulfitada); al aceite comestible, (excepto el aceite vegetal de soya y palma), así como al café molido en presentaciones superiores a 115 gramos, además de las bebidas no alcohólicas a base de leche, aromatizadas, o con frutas o cacao natural o de origen natural, y el pan dulce.
Otros productos a gravar son el papel higiénico, jabones de lavar y de baño, detergente, pastas y cepillos de dientes, desodorantes, escobas, fósforos y toallas sanitarias. También se impondrá IVA a la venta de paneles solares, baterías solares de ciclo profundo, lámparas y bujías ahorrativas.
