22 de agosto 2020
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La Asamblea Nacional reformó este jueves 20, la Ley 698, Ley General de Registros Públicos, lo que podría alejar aún más la posibilidad de atraer nueva inversión extranjera, en opinión de varios miembros del sector privado entrevistados por CONFIDENCIAL.
“Esta reforma establece una situación en donde un inversionista puede sentirse incómodo. Esto es algo que ellos van a evaluar al hacer el due diligence. Van a detener sus decisiones de inversión, hasta que veamos cómo se aplica la ley, porque muchas veces se hace a criterio del funcionario, y no de lo que dice el texto”, aseguró Guillermo Jacoby, presidente de la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN).
Después de acercarse a los 900 millones en inversión extranjera neta en 2016, el 2017 mostró un descenso de 14.1%, con lo que cerró en 771.9 millones. Ese monto se redujo aún más, y cerró 2018 en 359.2 millones, ante la violenta represión gubernamental que causó más de 300 muertos, y dio al traste con el clima de negocios y la estabilidad jurídica de la nación.
El 29 de julio, la primera secretaría de la Asamblea Nacional, recibió una propuesta de reforma y adiciones a la citada Ley 698, firmada por la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Alba Luz Ramos, en la que se pedía, entre otras cosas, la creación de un registro de beneficiario final, que identifique al dueño último de las sociedades anónimas.
“Esta ley, en teoría, es un avance en la normativa, porque le da un rango de mayor fortaleza”, al marco legal vigente sobre ese tema, además que muestra que el país está interesado en cumplir las resoluciones del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para salirse de la Lista Gris, “pero en Nicaragua todo esto suscita sospechas”, dijo el economista Mario Arana, representante del sector privado.
Sin usar esa palabra, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), abogó por que “la transparencia de las sociedades mercantiles pueda ser una realidad, que permita contrarrestar los malos usos o abusos de las sociedades mercantiles, pero que asegure la tutela del derecho a la privacidad, que sigue siendo un derecho ciudadano que sólo puede violentarse por una concreta causa justificada”.
“No sabés si la Ley va a ser instrumentalizada en tu contra por razones políticas”, añadió Arana.
“Si esta reforma se hace para crear un mecanismo de investigación que no le va a gustar al inversionista, él va a detener su inversión. Esto es siempre un tema de confianza, y en este caso, no se sabe si esta ley se va a aplicar correctamente, o de forma arbitraria”, señaló Jacoby.
Un poder omnímodo
El diputado Wálmaro Gutiérrez, presidente de la Comisión de Producción, Economía y Presupuesto, defendió esa reforma que a su juicio, “pretende crear un mecanismo que venga a reducir significativamente la posibilidad que el crimen organizado y la narcoactividad utilicen a las sociedades, particularmente a las mercantiles, para delinquir”.
Arana reconoció que la idea de reformar la 698 es parte de una iniciativa para prevenir el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo, y que es algo que se viene implementando en todo el mundo.
“En otras condiciones esto sería bueno, pero en este caso, no guarda correspondencia con las recomendaciones del GAFI, sino que es como una adaptación a la nica”, señaló.
Además de considerar la posibilidad de que esta reforma no esté cumpliendo con el espíritu y la letra del GAFI, Arana advierte la gravedad de “la desinstitucionalización, la desconfianza, la falta de rendición de cuentas, y de pesos y contrapesos”, lo que deja al inversionista “en indefensión”.
El resultado es que “lo que tenga que ver con el sistema judicial, termina resolviéndose políticamente y al más alto nivel. Esa es la forma de funcionar en Nicaragua: las decisiones no se toman en las instituciones, conforme a criterios técnicos y normativas, sino que se politiza todo”.
“Nuestra legislación en temas mercantiles está muy atrasada, no cabe duda, pero esta reforma no resuelve esos problemas: no es una reforma integral que busque más transparencia en el tema de sociedades, porque en ese caso pensaría en la automatización, la facilidad en el acceso, la fácil corrección de datos”, dijo una fuente del sector corporativo que habló con CONFIDENCIAL, manteniendo su nombre en el anonimato.
“Esta reforma tiene muy poco rigor técnico… es como meter un elefante en una cristalería, y viene casi exclusivamente de la Dirección General Centralizadora de la Información y Prevención (Dgcip), que trabaja en coordinación con la UAF. Es curioso que siendo una reforma a los registros públicos, los registradores y su personal técnico sean los primeros excluidos”, añadió.
“Esto es casi como un operativo para crear un sistema que acaba con el derecho a la privacidad de los grandes capitales, pero también de los pequeños”, dijo la fuente.
“Si alguien pensaba que podía conservar su confidencialidad a través de sistemas mercantiles, esta Ley acaba con eso sin necesidad de justificación, porque ahora quienes controlan el país, tendrán acceso a toda esa información, lo que les dará un poder omnímodo sobre cualquier capital”, concluyó.
