4 de octubre 2015
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El Acuerdo Administrativo 003-2015, publicado el 22 de septiembre en el diario oficial La Gaceta, provocó descontento en el sector privado, luego que el Instituto Nicaragüense de Telecomunicaciones y Correos (Telcor), impusiera nuevos cobros a las empresas del sector de telecomunicaciones.
“Es un acuerdo ministerial sin consenso, sin coherencia y no fomenta la industria a través de las mejores prácticas internacionales”, reclamó José Adán Aguerri, presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep). “Este acuerdo lo que hace es encarecer los costos, volvernos anti competitivos”, agregó.
Aguerri sostuvo que si “se llegaran a aplicar las tasas que plantea el acuerdo, lo que hará es encarecer el Internet, el acceso a la televisión por suscripción, y el uso de la tecnología para todos los ciudadanos del país”. “Esto obviamente se tiene que trasladar al consumidor final que es el gran perdedor”, afirmó.
Lo que propone Telcor es subir los costos de inversión con una serie de nuevas tarifas, porque, según el acuerdo administrativo, “el aumento del número de operadores y usuarios, debido al despliegue de nuevas tecnologías en la prestación del servicio de transmisión de datos e internet, inclusive en las zonas rurales, se traduce en mayores ingresos para los operadores y a la vez implica que Telcor incurre en mayores gastos administrativos… Por tales razones, se hace necesaria la adecuación de los valores”.
El Partido Liberal Independiente (PLI), también rechazó la medida y aseveró que el Director General de Telcor, Orlando Castillo, “no está facultado por la Constitución Política ni por otra Ley de nuestro ordenamiento jurídico” para dictar el acuerdo. “Los artículos 114 y 115 de la Constitución Política establecen que es atribución exclusiva de la Asamblea Nacional la potestad para crear, aprobar, modificar o suprimir tributos, y que no se pueden crear o establecer tributos de carácter confiscatorio”, acotaron.
