22 de agosto 2018
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Tras la aprobación de la reforma presupuestaria que incluye un recorte de gastos por 8000 millones de córdobas, el economista José Luis Medal considera que la crisis económica “se va a profundizar”, porque esta crisis tiene una “causa política” e indica que el Gobierno mismo en ese ámbito está optando por medidas que la van a profundizar “como la continuación de la represión, los presos políticos y no aceptar el grupo de trabajo de la Organización de Estados Americanos (OEA)”, aprobado para apoyar el Diálogo Nacional que sigue suspendido.
“Como la crisis económica tiene una causa política, y se continúa con la falta de una institucionalidad democrática, esto va a profundizar la crisis económica, y las medidas, son contractivas: mayor endeudamiento y mayor contracción económica”, asegura Medal.
El expresidente del Banco Central, Mario Arana, considera que “no es sano seguir jugando con ese tipo de herramientas en una economía como esta, y con las expectativas de la gente”, y a su juicio un entendimiento debería recuperar el balance de fuerzas, reconociendo “la envergadura de la convulsión masiva” de cientos de miles de ciudadanos en las calles del país.
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“Todos estamos obligados a presionar, sí, pero para que haya una solución temprana y no estar jugando como se maneja la correlación de fuerzas en el largo plazo y si me puedo perpetuar en el poder, como ha sido la pretensión que se ha tenido en este país”, cuestiona el economista.
Ambos economistas coincidieron en un análisis durante un panel en el programa de televisión Esta Semana, el domingo reciente.
El ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, cifró la semana pasada el crecimiento de la economía nicaragüense en el uno por ciento. Sin embargo, Arana estima que la proyección de Acosta aún es optimista, pues considera —como otros economistas— que la contracción de la economía puede ser entre el -3% y el -6%. “Eso significa la posibilidad de recibir aún menos ingresos y recortar aún más los gastos”, explica Arana, en relación a la reducción de más del 9% del Presupuesto General de la República, que la Asamblea Nacional de mayoría oficialista aprobó el martes pasado.
Los bonos de la masacre
La Asamblea Nacional también concedió al Gobierno de Ortega la autorización para crear “Bonos de Estabilidad Financiera” por nueve mil millones de córdobas, calificados también como “bonos de complicidad” o “bonos de sangre”, porque según economistas independientes podrían usarse para lavar la liquidez en manos del régimen, tras la crisis derivada de la matanza de más de trescientos nicaragüenses.
El Gobierno citó entre los argumentos para lograr la emisión de los “Bonos de Estabilidad Financiera” las garantías y protecciones para el sistema financiero nacional, que ha experimentado la salida de depósitos y reservas.
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Según Medal, en cuatro meses de crisis en Nicaragua, se han retirado más de 650 millones de dólares, de los 4040 millones de dólares depositados, es decir un 16% de estos. En Argentina, compara, antes del llamado corralito financiero –que limitó el retiro de depósitos—se había retirado el 21% en los diez meses previos.
Arana asegura que a pesar de estos movimientos “el sistema financiero está líquido y solvente en este momento”, por lo que a su juicio el Gobierno únicamente tiene una “preocupación” y busca un “blindaje” en caso de que estos continúen, lo cual no es nada malo, pero en el caso del Gobierno de Ortega genera suspicacias.
“Asumo que el Gobierno teme que eso (el retiro de depósitos) continúe y está tratando de crear una protección, de superblindaje, para poder responder a cualquier situación de demanda de depósitos creciente, o inclusive la insuficiencia de capital de algún banco, que pueda enfrentar algún problema”, explica Arana.
“Si uno piensa bien es una medida adecuada a hacer en circunstancias como estas. El problema es que eso es paliativo. En el fondo lo que tenemos es un problema político, entonces la solución debería de estarse dando por ese lado, que esto de cualquier manera va a costar: ya sea financiar el déficit con bonos, o financiar el blindaje de los bancos. Es deuda, eso lo vamos a tener que pagar, probablemente se va a adquirir sumamente cara, si acaso se consigue el fondeo. Entonces aquí realmente el país está llamado a buscar una solución, una salida a esta crisis, y es de índole política”, advierte Arana.
El economista relata que dos meses atrás supo que había grupos interesados en adquirir bonos en Nicaragua. Sin embargo, afirma que ahora ha vuelto a preguntar y le han asegurado que estos grupos necesitan que en el país haya algún tipo de “entendimiento interno” y sostiene que la solución a esto llama a lo mismo de la solución a la crisis económica en general, que es tener una salida negociada a la crisis política del país.
Bonos cuestan más de lo que parece
Medal también considera que las medidas económicas que el Gobierno puede adoptar ante la crisis actual “están muy limitadas, en el sentido de que el margen de acción está bastante reducido para el Gobierno”, porque a su juicio este “ha creado un problema político”.
El economista citó al excanciller de la República, Francisco Aguirre Sacasa, para alertar que, si no hay un “arreglo político”, el sistema económico nicaragüense, incluyendo el sistema financiero, estaría en una situación “muy difícil” para diciembre de 2018.
“Si no hay institucionalidad democrática esto se va a agravar. No se pueden tomar medidas económicas, y no políticas”, advierte.
A juicio de Medal, las presiones internacionales e internas son necesarias contra el régimen. Sin embargo, también considera que los grandes empresarios “deben aportar de una manera mucho más decidida y más firme para una transformación democrática”, y alerta que “una prolongación de esto hasta el 2021 —cuando están previstas las elecciones generales—, simplemente la economía se deterioraría aún más”, sin contar con que igual la represión se recrudecería también con un alto costo sociopolítico.
“Con solo que los bancos le digan al Gobierno Central que no le compra esos bonos, este Gobierno no tiene financiamiento”, asegura Medal, tras agregar la posibilidad de que disminuya el financiamiento de la cooperación internacional.
“Este Gobierno es irresponsable, por mantenerse a perpetuidad en el poder, desbarató la institucionalidad democrática y es él rompiendo de la institucionalidad democrática la causa de la crisis”, sentencia.
Medal asegura que estos bonos tiene un “riesgo enorme”, porque estos se venderán en dólares, pero se pagarán en córdobas dentro de un plazo de hasta 25 años y asegura que “es absurdo” definir el tipo de cambio que habrá de aquí a cinco o diez años. Además, estima que los mismos “son especulativos, con muy alta tasa de interés”.
Los bonos, además, significarían un incremento de casi 300 millones de dólares en la deuda pública interna.
Medal recordó que “históricamente las deudas públicas están muy ligadas a la corrupción y las crisis políticas”, como —precisó— los 1400 millones de dólares de la llamada “piñata sandinista”, que llama “la mayor deuda pública interna en la historia de Nicaragua”, y la segunda de estas, que fueron los 500 millones de dólares de los CENIS.
“A mayo de 2018, todavía hay 229 millones de dólares de bonos de la piñata (…) y aún se deben 138 millones de dólares (de los CENIS)”, detalló.
Presión a empresarios
La falta de voluntad que el Gobierno de Daniel Ortega ha demostrado para solucionar la grave crisis sociopolítica del país, que ha dejado más de trescientos muertos, está profundizando una crisis económica, que tendría por objetivo presionar al sector económico para “provocar una negociación”, aunque su cálculo “le puede salir mal”, según alerta el economista y expresidente del Banco Central de Nicaragua (BCN), Mario Arana.
Al analizar la crisis económica del país, que estima será más profunda que la calculada por el Gobierno, el economista considera que Ortega “está poniendo tal presión que lo que quiere provocar es que los sectores económicos se acerquen a negociar algún entendimiento, pero en el proceso nos podemos llevar el sistema”.
