Economía

¿Puede la economía nica soportar cinco años más de dictadura?

Con la presión internacional, y el estrés causado por la crisis política: ¿quién se atreverá a promover nuevas inversiones?

El continuo deterioro de las variables económicas será la seña de identidad de un nuevo Gobierno de Daniel Ortega, según tres economistas nicaragüenses, tras las elecciones del próximo 7 de noviembre, en las que Ortega busca reelegirse sin competencia política para un cuarto período presidencial consecutivo.

La reelección de Ortega en unas elecciones sin credibilidad enfrenta una creciente condena de la comunidad internacional, desafíos que comienzan a pasarle factura, como lo mostró la votación de la Organización de Estados Americanos (OEA), la mañana del miércoles 20 de octubre.

“No veo cómo Ortega pueda permanecer en el poder en las presentes condiciones. Tendrá que haber algún cambio drástico en alguno de los carriles en que se mueve, para que pueda mantenerse cinco años más”, visualiza el economista Enrique Sáenz.

“Si quieren mantener el balance macro, tendrán que aplicar un shock económico, cuyos resultados perjudiciales no duran uno o dos años, sino tres, pero si la comunidad internacional mantiene la vista en Nicaragua, como se vio en la OEA, pues no seguirán viniendo recursos al país”, agrega otro economista que pide omitir su identidad.

“Entre 2022 y 2026, el régimen no tiene garantías de que puede sostenerse por mucho tiempo, por los factores económicos, por la presión internacional, y por el proceso de implosión que se está gestando en el país”, señala el economista Óscar René Vargas.

El también sociólogo se refiere, en primer lugar, al pronóstico de crecimiento promedio de 1.8%, para el período 2022 – 2026, que coincide exactamente con el quinquenio que comenzará el 10 de enero del próximo año.

“Esos números no alcanzan para resolver ninguno de los problemas económicos del país”, señala, porque crecer 1.8%, en realidad significa estancamiento económico, como reflejo de la falta (o limitación) de la inversión extranjera y local, que llevaría al país a un proceso de haitización”, advirtió.

Se refiere a una situación en donde “el empobrecimiento se acelera; la brecha entre pobres y ricos se incrementa, y por lo tanto, crece la inseguridad ciudadana, con lo que la respuesta del régimen será incrementar la represión, lo que también afectará a su propia base social”.

Economía con crisis política

Después de pulverizar el marco legal del país, Ortega determina sus cursos de acción por la correlación de fuerzas existente, y la lectura que él hace en cada situación, opina Sáenz.

A criterio del economista, la farsa electoral no resuelve el aislamiento internacional del régimen, como lo resalta la resolución del Consejo Permanente de la OEA. Tampoco resolverá la crisis política, como lo evidencian los resultados de la encuesta de CID Gallup. “En vez de recuperar su base social, la sigue perdiendo. Si no resuelve la crisis internacional y la situación política, tampoco podrá resolver la económica y la social”, sentencia.

Sáenz está convencido que los economistas del régimen podrán mantener estables los indicadores macro, pero el régimen no puede resolver la crisis, ni el impacto de la crisis en la población.

Los datos del Banco Central apoyan el discurso triunfalista sobre el crecimiento económico, pero también ilustran que, en lugar de aumentar, el número de afiliados al INSS ha disminuido. Los datos del Inide muestran que, en vez de mejorar el número de personas en condición de subempleo y desempleo, el desempleo abierto y el subempleo están creciendo”, afirma Sáenz.

También le parece “un contrasentido” afirmar que el PIB creció 9.9% en el primer semestre, cuando las cifras del Banco Central muestran el sostenido y progresivo deterioro de los salarios reales de los trabajadores.

También, considera que, dado que Ortega no está resolviendo esas crisis, no le parece previsible proyectar la continuidad de esa crisis por cinco años más, y que se mantenga impávido.

Agrega que un equipo serio, que tratara de manejar la economía del país por los próximos cinco años, tendría que pensar en un choque económico que significaría una restricción para los más desfavorecidos, entre ellos niños menores de cinco años, embarazadas y ancianos.

“Nicaragua, por otra parte, tendrá que ver cómo hace frente al pago de la deuda pública: se espera que este año, el PIB vuelva a superar la barrera de los 13 000 millones de dólares, pero la deuda externa (pública y privada) ya supera los 12 000 millones de dólares”, remarcó el economista que solicitó el anonimato 

¿Quién se atreverá a hacer nuevos negocios?

Como una espiral que se autorrefuerza, el deterioro del clima de negocios afecta a la economía, lo que a su vez, deteriora más ese clima de negocios.

“A diferencia de Cuba y Venezuela, que tienen regímenes políticos con la misma vocación y voluntad de mantenerse en el poder, con la misma naturaleza dictatorial, en Nicaragua la actividad económica y los ingresos de la población, dependen de la pequeña, mediana y gran actividad privada”, dijo Sáenz.

Dado que en Nicaragua, el empleo depende de esa inversión privada, si los inversionistas están afectados por la incertidumbre, “difícilmente van a arriesgar más allá de lo que las condiciones les permiten, y sin esa inversión, difícilmente habrá nuevos empleos, mejores salarios, o mejores condiciones de vida para la población”, define.

Sáenz recuerda que la dictadura dice que “hasta abril de 2018 la economía iba viento en popa, pero los datos muestran que eso es una mentira flagrante: esta economía se sustentaba en la cooperación venezolana, y al mermar esos recursos, la inversión privada y la generación de empleo se vinieron abajo”.

La Rebelión de Abril ocurrió por “la profundización de una crisis que venía desde antes”, añade.

En este momento, si alguien va a invertir sus ahorros (sean miles o millones de dólares) necesitará una garantía de que no los va a perder, y que obtendrá una rentabilidad mayor a la que ganaría invirtiéndolo en otro lado, observa Sáenz.

En similares términos se expresa el economista que pidió mantener su identidad en reserva, al asegurar que, con esos síntomas, la inversión no se hará sentir.

“Un empresario revisa costos versus ganancias; el tipo de negocios al que pudiera entrar, la transparencia para hacer negocios, la estabilidad económica y social. Los antecedentes indican que Nicaragua pasa por mucha inestabilidad social, que puede estallar en cualquier momento. En esas circunstancias, el retorno de la inversión tendría que ser superior a la que puede lograr en otros países más estables, para correr el riesgo de invertir en un país inestable”, ilustra.

Sanciones y justicia

Se añade a eso, el hecho que una parte sensible de la cúpula estatal está sancionada, y que no se sabe por cuánto tiempo más seguirá así, lo que podría extenderse por todo el quinquenio a estrenar en enero de 2022.

Varios de los más altos funcionarios del régimen, además de estar sancionados, también están en la lista de Basilea y en la de Transparencia Internacional, lo que no es una buena señal, ni para este Gobierno, ni para sus oficiales.

Sáenz incluye otras variables que debe considerar un empresario, al verse ante la opción de hacer negocios en una economía en crisis, mencionando en primer lugar, la solidez de la economía, la tasa de cambio, el déficit fiscal; una inflación controlada, y que se asegure la libertad cambiaria.

Desde el punto de vista legal, ese empresario también analizaría las garantías institucionales y judiciales que den seguridad a su inversión pero “si hay una mafia que controla el Poder Judicial, quien no juegue con esa mafia tiene el caso perdido”, define.

Vargas coincide con Sáenz, al asegurar que “en la cuestión legal, en Nicaragua no hay ninguna garantía. Hoy te dicen una cosa y mañana hacen otra. El sistema judicial no le da seguridad jurídica al capital”. Y aún están pendientes las consecuencias de la escalada represiva que esta semana encarceló al presidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), Michael Healy, y al vicepresidente, Álvaro Vargas.

En lo político, insiste Sáenz, tendría que ver que el de Nicaragua, es un régimen que no puede sostenerse si no es con represión, y en ese caso, “¿cuáles son las perspectivas de legitimidad interna, y la sostenibilidad de ese régimen?”, cuestiona.

Finalmente, en el ámbito internacional, advierte que, “si ese Gobierno está enfrentado con sus principales socios comerciales, ese conflicto puede escalar, lo que podría tener consecuencias negativas para un inversionista, sea nacional o extranjero.

Difícil que nos saquen del Cafta

La aprobación de la Ley Renacer, tal como está redactada en este momento, otorgaría al presidente estadounidense, Joe Biden, la facultad de excluir a Nicaragua del Tratado de Libre Comercio entre República Dominicana, Centroamérica y Estados Unidos, (DR – Cafta, por sus siglas en inglés).

“Personalmente, no creo que vayan a sacar a Nicaragua del Cafta. Primero, porque tendría un efecto de bomba atómica en el país, lo que no le conviene a Estados Unidos, por la inestabilidad posterior, con un efecto negativo colateral para el resto de los países centroamericanos”, señala Vargas.

Para Sáenz, el Cafta es una de las cartas que puede jugar la administración estadounidense, para recrudecer las presiones internacionales. “Eso es factible desde el punto de vista legal, pero hay otros factores a considerar, porque no es un acuerdo bilateral, sino multilateral. Los otros Gobiernos de Centroamérica no se alegrarían —explica— porque hay otros intereses de por medio, que no solo tienen que ver con Nicaragua”.


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