19 de enero 2020
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Como organización gremial, el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep) admite que perdió los privilegios que tuvo cuando era parte del ‘esquema de consensos y acuerdos’ con el Gobierno de Daniel Ortega, y parece haber interiorizado que –por ahora- solo le queda advertir, vía comunicados, los males que generarán las decisiones económicas del régimen, o decir “te lo dije”.
Mientras tanto, después de siete trimestres de recesión consecutiva, las empresas siguen reduciendo operaciones, costos y personal, mientras crecen sus gastos, tributarios incluidos, lo que sigue empujándolos hacia la reducción, la informalidad… y el cierre, al menos para aquellas (la mayoría) que no pueden emigrar.
“Ante la crisis que estamos viviendo, el denominador común de las empresas es la reducción significativa de sus ingresos por el alza en los impuestos, y en los precios de los diferentes tipos de servicios”, admitió José Adán Aguerri, presidente del Cosep.
Esa situación los ha obligado a tener que reducir los costos operativos de las empresas, lo que ha ocurrido de diferentes maneras: reduciendo horarios, despidiendo personal, y en general, aplicando cualquier medida que ayude a disminuir los gastos administrativos.
“Eso es negativo para el crecimiento del país, porque al verse obligada la empresa a tomar este tipo de decisiones, se está compactando el empleo y la economía, y eso se refleja en las cifras de crecimiento que presentan los organismos internacionales: -3.8% el año antepasado; -5.7% el año pasado, y se anuncia una nueva caída para este año”, argumentó Aguerri.
“Mientras siga ese círculo vicioso, las empresas tendrán que seguir reduciéndose o trasladándose al sector informal, lo que generará una mayor reducción en los montos de las contribuciones que colecta el Gobierno. Por eso imponen estas medidas coyunturales, que al final, no resuelven el problema de fondo”, sentenció.
El factor electricidad
Aunque “no hay cifras oficiales, porque desafortunadamente, el gobierno las tiene bloqueadas”, el líder de la gremial empresarial advierte que “es evidente que la inversión nacional y la extranjera, se han reducido significativamente”.
Ese proceso se mantendrá “mientras no regrese la certidumbre a la economía”, que solo se recuperará “cuando se resuelva el tema político” porque “esta crisis nació de un tema político, y no de un tema económico”, repitió.
Los empresarios también están agobiados por el creciente costo de la electricidad, que subió 20% para el sector industrial en todo 2019, “mientras en El Salvador se anuncia para enero y febrero una reducción de hasta un 10% en el precio de la energía”, comparó Sergio Maltez, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin).
La combinación de ambos factores hace que las empresas pierdan aún más competitividad, y vuelve menos relevantes los esfuerzos del sector por crear departamentos específicos de ahorro de energía para disminuir su consumo de electricidad, sin afectar sus operaciones.
“Si el Gobierno sigue buscando cómo sacar dinero de dónde sea, lo que va a lograr es que las industrias y las empresas tengan menor radio de acción, y acelerar lo que ya viene pasando, que es afectar la producción, con lo que, o te quedás como un simple distribuidor, o desaparecés”, advirtió el titular de la Cámara de Industrias.
Otro comunicado
El Cosep reaccionó con otro comunicado, al anuncio del sancionado presidente de la Asamblea Nacional, Gustavo Porras, de reformar la reforma tributaria. En el texto, los empresarios piden evitar “una mayor contracción del crédito y el empleo; el freno a la inversión y el consumo… promover la recuperación económica y contrarrestar el incremento de la pobreza”.
Con base en eso, consideran que es necesario “revisar integralmente las medidas tributarias que fueron implementadas, y revertir aquellas que han contribuido a la abrupta contracción económica del país en el 2019”.
La medida más importante es la que propone reducir los porcentajes del Pago Mínimo Definitivo que se debe enterar a la administración tributaria, pues consideran que, tal como está en este momento (1% a 3% en dependencia del tamaño de la empresa) tiene efectos “descapitalizadores y confiscatorios” para el tinglado empresarial del país.
También propugnan por volver a niveles de exención y exoneración de impuestos, similares a los que había en el pasado, por entender que esto incentiva las inversiones productivas, y ayuda a recuperar la productividad, a evitar más fuga de capitales y atraer más inversiones.
De paso, abogan por “restituir las exenciones que afectan los bienes de la canasta básica, para mejorar la capacidad de compra de las personas de más bajos ingresos”, y “ajustar el monto mínimo exento del IR de rentas del trabajo al costo actual de la canasta básica, para proteger el salario de los trabajadores y estimular un mayor nivel de consumo”.
