29 de mayo 2018
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El empresario Piero Coen Ubilla, presidente del Grupo Coen –un conglomerado de empresas con fuerte peso en los servicios financieros, la agroindustria, ganadería, el sector agrícola, bienes raíces, y soluciones de ID– abogó por una salida “rápida”, “pacífica”, y “constitucional” a la crisis política, económica y social que vive el país desde que estallaron las protestas cívicas el 18 de abril.
Coen cuestionó la respuesta “autoritaria” del Gobierno que se “salió del control”, provocando más de 76 muertes, y abogó por una “solución rápida”, “pacífica y constitucional”, en correspondencia con las demandas de democratización que plantean diversos sectores de la población.
Sobre el papel que puede jugar el liderazgo del sector empresarial en la crisis, Coen dijo que “los empresarios ya no marcamos la pauta”. “La decisión tiene que ser aceptada de abajo hacia arriba; incluyente” y ojalá implique una salida “en la cual no haya un muerto más ni tenga que emigrar ningún nicaragüense de nuestro país”.
A continuación sus respuestas y comentarios, a las preguntas que Confidencial planteó a algunos de los más influyentes empresarios del país.
¿Cuál es su valoración sobre la situación que vive el país, a raíz de las protestas cívicas que se desataron desde el 18 de abril, y la respuesta gubernamental?
Muy difícil. Es una situación que ha afectado política, económica y socialmente al país.
Políticamente, porque el pueblo está demandando justicia, institucionalidad y democracia y la gente está exigiendo, que eso se logra con un cambio de Gobierno.
Económicamente, porque está afectando la inversión, el turismo, las exportaciones y porque el desempleo crece día a día. Los bancos están restringiendo sus créditos y servicios por temor a la situación actual y por tanto sus repercusiones aumentarán en la medida en que esta situación se prolongue.
Socialmente, el desempleo, aparte del daño económico, causa una preocupación y estrés en las familias. El costo emocional que nadie se ha puesto a valorar, tomará mucho tiempo sanarlo.
Creo que el Gobierno, al igual que muchos nicaragüenses, se enfocó en un modelo que consideraba únicamente los buenos resultados económicos. Jamás se percibió el grado de descontento que existía en muchos sectores de nuestro país por medidas que fueron, de una u otra forma, debilitando la independencia de los poderes del Estado y cerrando espacios políticos.
La respuesta del Gobierno fue totalmente autoritaria y se salió del control, lo que llevó a la muerte de más de 76 personas, muchas de ellas, mientras protestaban pacíficamente.
La Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la OEA presentó el lunes pasado un informe preliminar, documentando la existencia de 76 muertos y más de 800 heridos. La CIDH propuso 15 recomendaciones al Estado de Nicaragua, y aunque el canciller Moncada dijo en el Diálogo Nacional que el Gobierno las acoge, hasta ahora ninguna ha sido cumplida. ¿Cuál es su opinión sobre la situación de los derechos humanos en el país?
Es indudable que ha habido una drástica violación a los derechos humanos de los nicaragüenses. Por las redes sociales hemos podido ver de primera mano todo lo que ha estado sucediendo, en vivo. Y no solo porque la CIDH lo diga es que podemos afirmarlo.
Los derechos humanos no han sido una prioridad del Estado de Nicaragua; por el contrario, se han documentado violaciones a los derechos humanos que han sido denunciadas ante y por diversas instituciones proderechos humanos tanto nacionales como internacionales. Y la población siente que sus demandas contra tales violaciones no han sido atendidas por las instituciones estatales correspondientes.
Es aparente que el Gobierno ha perdido un poco de control sobre sus simpatizantes y que esto ha continuado generando el caos, la confrontación y la violencia que vimos durante toda la semana pasada. Me cuesta pensar que el presidente esté ordenando a policías o a fuerzas de choque sandinistas matar a alguien. Y por ello, la mejor forma y oportunidad del Gobierno para demostrar su interés en esclarecer esto es propiciar, permitir y garantizar la investigación de todos estos actos de violencia, a través de comisiones especiales con participación de expertos internacionales como los de la CIDH, para determinar los culpables y castigarlos, conforme los procedimientos de ley.
En el Diálogo Nacional, los obispos propusieron una agenda para la democratización, que incluye una reforma parcial a la Constitución, una reforma electoral, y una ley marco para facilitar la celebración de elecciones anticipadas. El Gobierno se rehúsa a discutir esta agenda, alegando que equivale a un “golpe de Estado”. ¿Cuál es su criterio sobre la demanda de democracia, y la reacción gubernamental?
La agenda planteada es una propuesta de diferentes sectores muy importantes todos de la sociedad en pro de la democracia. La respuesta del Gobierno en el Diálogo fue que en la forma en que está planteada la agenda constituye una ruta para un golpe de Estado, pero que el gobierno está dispuesto a discutir una agenda, siempre y cuando sea dentro del marco constitucional.
Todos tenemos claro que un golpe de Estado no se lleva a cabo en una mesa de diálogo. El concepto mismo de diálogo desacredita el de golpe de Estado. Yo sigo creyendo que un Diálogo accesible de parte del Gobierno es la mejor opción para resolver las demandas de la población y de todos los sectores mientras se garantice la seguridad de todos los nicaragüenses y el cese de actos de violencia que el Gobierno pueda controlar. Mientras estas condiciones no se presten, el diálogo seguirá siendo un mecanismo de alargue que deja sin resolver los puntos más críticos que aquejan a la población en general.
La democracia ha sido una aspiración y una demanda de los nicaragüenses desde mucho antes que yo naciera y por la que han muerto más de cien mil personas.
Apoyo las justas demandas de la población que exigen la democratización del país, pues son los países democráticos los que crecen de manera vigorosa y constante.
Lo que el Pueblo quisiera no es un Golpe de Estado, sino que una salida constitucional, democrática y pacífica.
En el diálogo nacional, la delegación empresarial ahora forma parte de una “Alianza cívica” con los estudiantes universitarios y la sociedad civil, como principal contraparte del Gobierno. ¿Por qué ha cambiado la relación del sector privado empresarial hacia el Gobierno del presidente Ortega?
Hay una enorme diferencia en el clima de desarrollo social y económico de Nicaragua antes y después de los hechos acontecidos en abril y mayo. Los empresarios no podemos pretender obviar ni las demandas de la población ni la falta de acciones claras del Gobierno para resolverlas.
La relación del sector privado empresarial con el Gobierno ha venido deteriorándose pues es un modelo que por definición no era sostenible para siempre y que como todo modelo sufre al no ser revisado. De ahí se empezaron a decidir cambios y políticas en el sector social y económico del país sin la participación o el consenso del sector privado. Aparte, al no encontrar decisión en los Ministerios, el empresario se vio sin poder proponer, debatir, discutir y resolver. Tal como lo mencionó el representante del COSEP en el diálogo, el sector privado gremial ya cambió su posición y no hay vuelta atrás.
Desde su perspectiva como miembro del liderazgo del sector empresarial, ¿cómo valora las opciones de salida que tiene el país frente a la crisis nacional?
Sigo confiando en el diálogo como la mejor salida para nuestro país. Una salida ordenada y pacífica. Abogo por una solución rápida para que pronto nos podamos concentrar en recuperar nuestra tranquilidad y enrumbar el crecimiento económico hacia un modelo sostenible. La decisión tiene que ser aceptada de abajo hacia arriba; incluyente. Ya no marcamos la pauta nosotros. Debe de ser una salida que ojalá implique una Nicaragua en la cual no haya un muerto más ni tenga que emigrar ningún nicaragüense de nuestro país.
