2 de agosto 2018
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Lanzada el 31 de mayo como una forma más de lucha cívica en contra de la dictadura, la propuesta de llevar la tesis de la desobediencia civil hasta el extremo de aplicar un ‘paro tributario’ sigue vigente, pero todavía no arranca, con la excepción del Mercado Oriental.
En esa fecha, la Academia de Ciencias, y la de Ciencias Jurídicas y Políticas, llamaron a “la desobediencia civil como imperativo nacional de ejecución inmediata”, invitando a empresarios, trabajadores, estudiantes y contribuyentes a suspender de inmediato, el pago de tributos a la DGI, la DGA y las alcaldías, en especial, “las retenciones del Impuesto sobre la Renta por salarios”.
A pesar que el llamado a desobediencia tributaria entra dentro del imaginario popular como una forma cívica –y por tanto legítima- de resistir al régimen de Daniel Ortega, ni las empresas ni los individuos han respondido con determinación ante esa proposición, por miedo, o por prudencia.
Prudencia como la mostrada por las fuentes consultadas para este artículo, que solicitaron mantenerse en el anonimato para explicar que la gente, los empresarios y administradores en particular, tienen temor a que la administración tributaria les aplique una multa o, peor aún, intervenga sus empresas o les clausure el negocio.
No todas las sanciones son catastróficas. Hay casos en que la multa a aplicar equivale al 2.5% del monto no enterado, si se trata del adelanto mensual del Impuesto sobre la Renta (IR) de las empresas, y del 5%, si se trata del Impuesto al Valor Agregado (IVA), o el IR que se le retiene a los asalariados.
“Técnicamente, es una apropiación indebida de retenciones, y puede ser sancionado penalmente”, además de cerrado, multado o intervenido, tal como lo explica una fuente con amplia experiencia en materia tributaria.
Pese a todo, la fuente encuentra varias razones para dudar de que se decidan a tomar medidas tan extremas, comenzando por “que yo sepa, nunca se lo han aplicado a nadie”. Otra más es que cerrar un negocio significa enviar a sus trabajadores al desempleo, lo que implica que ya no se recibirán los tributos de la empresa y los de esos consumidores.
Pero más allá de creer en la bondad que cualquiera de esas razones conlleva de forma implícita, la fuente señala un hecho más fácil de aceptar: “Si la decisión es masiva, la administración tributaria simplemente no tiene capacidad para fiscalizarlos y sancionarlos a todos a la vez”.
Los más grandes tienen más miedo
Si se decide a sancionar solo a algunos para sentar un precedente que atemorice a los demás, seguramente elegirá a alguno de los más grandes, que no solo tienen mayor capacidad de defenderse en los tribunales, sino también de negociar, precisamente en virtud de su tamaño.
Otra fuente asevera que “aunque parezca obvio, las empresas que menos arriesgan son las más poderosas, por la sencilla razón de que no son grandes contribuyentes, sino grandes recaudadoras”.
“A la DGI no le conviene indisponerse con ellas, porque si las debilitan se afectan los ingresos fiscales, principalmente en concepto de retenciones del IVA”. Cuando las grandes empresas que pudieran tomar esas medidas no la aplican, pese a su poder intrínseco, están mostrando “el rostro cobarde del gran capital. Si se decidieran, el golpe a la DGI sería inmenso”, asegura.
Róger Arteaga, exdirector general de Ingresos, coincide al declarar que “el gran capital no ha querido poner toda la carne en el asador. Es verdad que dio su visto bueno al paro, pero lo hizo con miedo y por poco tiempo”.
Hay al menos una categoría que se arriesgan más en un paro tributario: las empresas importadoras y las exportadoras, que requieren de una solvencia fiscal que solo se obtiene una vez que se han pagado los correspondientes impuestos.
“Si una de esas empresas no hace su declaración mensual, o la hace y no la paga, cae en insolvencia, y ya no puede importar o exportar. Las únicas importadoras que podrían darse ese ‘lujo’, serían las que tuvieran suficiente producto en bodega, especialmente en momentos como estos, de poco movimiento de inventario”, explicó una de las fuentes.
Las pymes –tanto las que están en cuota fija, como en el régimen general- igual pueden dejar de pagar impuestos mientras la situación no se normalice, y si bien eso las expone a sanciones, es poco probable que ello ocurra, en especial, una vez más, si se logra masividad en la aplicación de esa medida de castigo fiscal.
¿Cuánto tiempo aguanta el gobierno sin ingresos?
Las fuentes recuerdan que antes de honrar el pago de impuestos, el empleador debe garantizar el salario de sus trabajadores, y que la decisión de no pagar impuestos se encuentra “protegida por la figura jurídica superior, legalmente consagrada en la legislación nacional, del caso fortuito y la fuerza mayor. Nadie está obligado a lo imposible, en razón de que tal imposibilidad ha sido determinada por causas ajenas al empleador y al empleado”.
Los ciudadanos por su parte, podrían presionar a las empresas grandes y medianas, ofreciéndoles organizarse en un solo frente si el fisco arremeta contra ellas.
“En este contexto, el gran capital debe jugar un rol consecuente, actuando con firmeza ante un fisco que tantos privilegios especiales les concedió. Sería su más auténtica autocrítica por los 11 años que se aprovecharon fiscalmente a la sombra del poder. Esa mancha deben lavarla cuanto antes”, sostienen.
Como experto, Arteaga propone “que las empresas no cobren el IVA, ni los ciudadanos lo paguen. Tampoco el IR. Existen sanciones, pero hay que ignorar las sanciones y decisiones de este gobierno, que ya no tiene legitimidad. ¿Cuánto tiempo aguanta el gobierno sin recibir impuestos?”, se preguntó.
“La desobediencia tributaria apunta a responder los argumentos de Ortega cuando dice que se irá hasta el 2021: hay que encontrar una solución, y una de ellas es que el sector privado finalmente se decida a la desobediencia civil que es fiscal y monetaria”, explicó.
