16 de febrero 2019
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La Comisión de Producción, Economía y Presupuesto de la Asamblea Nacional, controlada por el oficialismo, emitió un dictamen favorable a la iniciativa de Ley de Reforma a la Ley N°. 822, Ley de Concertación Tributaria, presentada por el ministro de Hacienda y Crédito Público, Iván Acosta, el 28 de enero pasado.
En el texto enviado al diputado Gustavo Porras, presidente del órgano legislativo, se menciona la necesidad de “garantizar los recursos económicos necesarios” que permitan compensar “las pérdidas en la recaudación… cubrir la brecha presupuestaria, estabilizar las finanzas públicas y retomar la ruta de estabilidad macroeconómica y crecimiento económico por el que el país venía transitando”.
De forma adicional, se reconoce el deterioro del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), y se dice que parte de los recursos que se obtengan de la aplicación de esta reforma serán dirigidos a fortalecer las finanzas del INSS y asegurar las pensiones.
Una de las medidas en que confía la administración de Daniel Ortega para conseguir esos recursos, es el incremento del Pago Mínimo Definitivo (PMD), aunque es muy poco probable que logre obtener tanto como su administración espera, según el análisis del economista Néstor Avendaño, presidente de Consultores para el Desarrollo Empresarial (Copades), de Nicaragua.
Aumentar el PMD “se hace cuando un país está en bonanza, no cuando está afectado con una recesión económica, en la que si el conflicto político no se resuelve, podríamos desembocar en una depresión económica”, por lo que considera “bastante difícil”, que esa propuesta genere los 300 millones de dólares que anhela el régimen.
El ministro Acosta “debe recordar que el escenario macroeconómico de Nicaragua se caracteriza por la recesión económica, la mayor tasa de desempleo y subempleo, los menores niveles de ingreso de la población, el menor gasto de consumo de los hogares, y la estrepitosa caída de la inversión, por la incertidumbre que se vive en el país”, enumeró Avendaño.
El director de Copades tampoco cree que esta reforma sea “progresiva”, porque para ello debería descansar más en la recaudación de impuestos directos -como el de la renta- y en ese renglón “lo único que observo es el alza de las alícuotas del PMD, que afecta principalmente a los grandes contribuyentes, al pasarlo del 1% al 3%, lo que afectará la escasa liquidez de las empresas”.
El dictamen incluye excepciones que benefician a los supermercados (para proteger a los consumidores del incremento de los precios de los productos), y a las grandes empresas pesqueras establecidas en el Caribe, en este caso, con la intención de fomentar la actividad productiva.
Menos contribuyentes que antes
Al tratar de justificar su decisión de aumentar el peso de este tributo (el PMD), la comisión parlamentaria argumenta que alrededor de 1050 contribuyentes (de un universo de 135 000, o sea, solo el 0.8%), están en la categoría de grandes o principales contribuyentes, y que serían los únicos afectados por esta medida, con lo que nada cambiaría para el 99.2% restante.
Esa ‘verdad estadística’ deja por fuera otra verdad: que ese 0.8% de quienes pagan impuestos, representan entre 66% y 75% de los recursos recaudados, lo que significa que esa medida en realidad, sí perjudica a un sector que, siendo pequeño porcentualmente hablando, representa la mayor parte de los montos colectados.
De paso, resulta notorio que cuando la Comisión cifra el universo de contribuyentes en 135 000 está reconociendo una caída importante en ese número, que habría descendido, cuando menos, a niveles de inicios de 2011, siendo que a junio de ese año había 138 242 contribuyentes.
Los firmantes del dictamen garantizan que “todos los productos del sector agropecuario que se necesitan para impulsar este sector, quedan exonerados del IVA a través de listas taxativas con el objetivo de garantizar que también el pequeño y mediano productor pueda beneficiarse de esta medida”.
De ser así, quedarían exonerados del IVA “los productos veterinarios, vitaminas y premezclas vitamínicas exclusivas para uso veterinario y los destinados a la sanidad vegetal, insecticidas, plaguicidas, fungicidas, herbicidas, defoliantes, abonos, fertilizantes, semillas y productos de biotecnologías para uso agropecuario o forestal, melaza y alimento para ganado vacuno, porcino, aves de corral y acuicultura”.
Del mismo modo, se insiste en que la reforma no afectará “los bienes de consumo popular de primera necesidad de la canasta básica. Todos los bienes de consumo popular producidos en el país… continúan sin ser afectados por el IVA en la comercialización”, lo que cubre el consumo de verduras, frutas, hortalizas, pescados frescos y carnes de res, cerdo y pollo “en sus diferentes cortes populares”.
La Comisión también decidió mantener el crédito tributario del 1.5%, que incentiva a exportadores y fabricantes de los bienes exportados, “mejorando la redacción del artículo para garantizar que el beneficio llegue a los fabricantes y productores de bienes exportados, como ha sido el espíritu de este incentivo”.
A las cooperativas les aumenta el techo a la exención del pago del Impuesto sobre la Renta y el Pago Mínimo Definitivo de 40 a 60 millones de córdobas, con lo que “contarán con un mayor flujo de efectivo que les permita invertir en medios de producción, mejorar su productividad y las condiciones de vida de sus cooperados”.
Al otro lado de la línea de ‘ganadores’, se sitúan las empresas que producen o comercializan productos de tabaco, bebidas alcohólicas, bebidas azucaradas y productos de bajo valor nutricional, para quienes se mantiene el alza de impuestos propuesta inicialmente durante la comparecencia de Acosta.
“Esta Comisión consideró necesario incrementar a 40 dólares la alícuota para las máquinas de juego, sin importar la cantidad de máquinas por sala, y 450 dólares para mesas de juego en 2019 y 500 dólares del 2020 en adelante, atendiendo los argumentos exteriorizados por los representantes de ese sector económico”, se señala.
Finalmente, se decidió apartar del texto lo relacionado al ‘Título de deuda del Pago Mínimo Definitivo’ por no ser este un tema de carácter tributario, aunque dejaron a criterio del Ejecutivo la opción de presentarlo en una nueva propuesta de ley.
¿Quiénes llegaron?
Aunque sean impuestos, los tributos siempre requieren de un importante grado de aceptación para tener legitimidad, y superar la resistencia de quienes tendrán que sacar más dinero de su bolsa para entregárselo al Estado.
De ahí que el dictamen de la comisión parlamentaria haga un extenso planteamiento de las 89 empresas y sectores que llegaron a la consulta, como de aquellos sectores que, estando invitados, eligieron no hacer el juego al Gobierno.
En la primera lista está fundamentalmente una serie de organizaciones afines al partido de Gobierno, incluso algunas cuyo peso tributario es sencillamente irrelevante, así como empresas de capital extranjero que prefieren ser muy cuidadosas con una administración que sabe muy bien cómo chantajear, incluso a multinacionales como Esso en 2007, o más recientemente, a Puma y UNO.
En la segunda, hay 19 cámaras o gremios asociados al Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), que se abstuvieron de responder al llamado gubernamental a negociar temas económicos, hasta tanto no se aborde el problema principal, que es de índole política.
