22 de octubre 2018
AA
Después de crecer 4.0% a 4.5% durante el último quinquenio, el sector industrial nicaragüense pronostica una reducción a -0.5% en 2018. Y eso que las empresas del sector tomaron todas las previsiones que les fueron posibles para mantenerse en operación.
Ante las propuestas del Gobierno de intentar paliar los efectos económicos de la crisis política con medidas económicas, los industriales demandan decisiones políticas.
“Primero se debería resolver la crisis política. Todas las cámaras del Cosep venimos recalcando desde hace cinco meses –por eso somos parte de la Alianza (Cívica por la Justicia y a Democracia)– que debe llevarse a cabo ese diálogo que tanto estamos anhelando”, aseveró Sergio Maltez, presidente de la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin), en el programa televisivo Esta Noche.
“Por eso insistimos: el presidente debería recapacitar y sentarse a pensar para no llevar al país a una debacle económica. Debe instaurarse un diálogo político franco, en el cual se puedan dar todas las bases para poder darle estabilidad al país”, añadió.
El problema es que el Gobierno parece estar apostando a lograr que la sociedad se rinda, y que el sector empresarial acepte un diálogo económico en los términos que existían antes del 18 de abril, opción que Maltez considera “muy difícil que ocurra”.
Y si ocurre, “provocaría un derrumbe completo de la economía. ¿Por qué se venía desarrollando el país? Porque había confianza de los inversionistas, de los empresarios locales… este año, las empresas de zona franca dejaron de invertir 40 millones de dólares en ampliaciones. En noviembre hay que negociar los contratos de 2019, pero situaciones como la del domingo ponen nervioso a cualquier inversionista”, reflexionó.
¿Cómo invertir, si no confiamos?
El líder gremial se mostró escéptico de que la llegada al país de una misión del Fondo Monetario Internacional (FMI), haga realidad la esperanza del Gobierno de Daniel Ortega de que esa institución financiera multilateral pueda de alguna manera ‘bendecir’ sus planes económicos.
“Sí. Viene el Fondo, pero dentro de un mes se está hablando de la aprobación de las leyes del Gobierno de Estados Unidos (la Magnitsky Nica). ¿Qué hará el Fondo si aprueban esas leyes? ¿Querrá seguir apoyando a este país mientras haya represión, o van a llegar a algún arreglo (de cese de la represión) para seguir apoyando? Yo no creo que el Fondo ni otros organismos quieran seguir apoyando un país con tanta inestabilidad política”, consideró.
En otra prueba más de la importancia de confiar en el sistema, Maltez refirió que “muchas de las industrias, y de las empresas en general, preparan en noviembre su presupuesto para 2019. ¿Cómo hacer un presupuesto cuando no hay un arreglo político para solventar el problema económico? Es muy difícil, porque hay muchas variables que no sabes dónde ni cómo resolver”.
“Sucede que las empresas y las industrias han venido haciendo ahorros, sobre todo para conservar el empleo”, pero cuando el Gobierno vuelve a reprimir como el domingo pasado en Camino de Oriente, hace que el reto y el esfuerzo sean mayores, a lo que se suma el conjunto de nuevas leyes que se están proponiendo.
El industrial se refiere a la propuesta de ley que crearía la Empresa Nicaragüense de Exportaciones e Importaciones (Enimex); reglamentos (como el de la Unidad de Análisis Financiero, UAF), o el comunicado que vuelve opaco al Registro de la Propiedad, que por naturaleza debe ser transparente.
“Toda esas cosas ahuyentan la inversión. Por eso tratamos de hacer que el Gobierno recapacite. Necesitamos que el presidente se dé cuenta que tiene que recapacitar, que tenemos que llegar a un diálogo político, o la situación económica se pondrá mucho peor. Estamos hablando de empleo… y los actos de represión dan malas señales a todos los inversionistas”, recalcó.
El error de Enimex
La propuesta de crear una empresa estatal que se dedique a exportar e importar –y por consiguiente, a ejercer lo que quince organizaciones gremiales denominaron “competencia desleal” en su contra– inquieta al sector privado, que no ve la pertinencia de dar vida a una entidad como esa.
Considerando que Enimex no se ha aprobado, esas quince organizaciones enviaron un mensaje al Gobierno “para que recapacite, porque creemos que no puede haber un control oficial sobre las exportaciones”, explicó Maltez.
Los registros históricos señalan que a finales de los años 70, Nicaragua exportaba alrededor de 1000 millones de dólares. Luego, en 1990 las exportaciones sumaban unos 200 millones de dólares, y ahora están en el rango de los 5000 millones de dólares.
“Obviamente por la crisis, esa cifra tendrá una gran baja, porque no es fácil llegar a ese número: es un trabajo de muchos años de esfuerzo, de muchas industrias, y de muchas empresas del sector exportador”, recordó Maltez.
Se trata de hacer que funcione la cadena de abastecimiento, que incluye al productor, al transformador, y al comprador. “Mantener un mercado externo es muy laborioso, por los requisitos fitosanitarios que imponen, o por toda la logística que conlleva para que el producto llegue en tiempo y forma. No se trata de inventar una empresa, y ya: es una relación de muchos años”, ilustró.
Acerca de lo que Enimex pueda hacer en realidad, “el problema es que la ley no está tan clara, pero sí deja abiertas todas las posibilidades. Con solo eso genera una gran incertidumbre”, reconoce.
“Como parte de esta cadena de valor que te estoy hablando, de esta cadena de abastecimiento, aquí se financian cientos de millones de dólares, para que todo este sistema exportador funcione. Yo no creo que un banco nacional o extranjero quiera financiar una empresa que no te da seguridad ni la tradición del producto que venías recibiendo”, expresó.
“Leyendo los motivos de la ley, dice que es para aumentar la inversión, el empleo, y más bien está ‘desayudando’ a fomentar ese tipo de cosas. Nuestra economía está dolarizada. Los productores prefieren su pago en dólares; los préstamos se hacen en dólares, así que es muy delicado jugar con eso. No se puede estar creando incertidumbre, y menos en este momento, así que no se entiende cuál es el mensaje que se quiere enviar”, cuestionó.
Crisis para todos
Ante los problemas de transporte e inseguridad que llegaron con la crisis, “muchas empresas tomaron medidas sobre todo en el aspecto logístico, de horarios; hubo que hacer arreglos de contrato con los trabajadores, y algunos tuvieron que hacer cierres temporales”, recapituló el presidente de Cadin.
Después que la protesta bajó de intensidad, y mientras el sector empresarial esperaba percibir el atisbo de tranquilidad mínima que hace falta para seguir desarrollando su actividad de negocios “comienzan a suceder cosas como la que pasó el domingo, lo que crea más incertidumbre, en especial entre los inversionistas”, y eso augura que la economía siga cayendo.
El problema es que no se sabe por cuánto tiempo será eso. Lo que sí se sabe es que “2019 se ve muy difícil para el sector industrial y para todo el país, porque la crisis no afecta solo al Cosep, sino que a todos los empresarios, incluyendo los empresarios sandinistas”, refirió.
En vez de diálogo político, el mandatario busca opciones para parchar los daños causados a la economía nacional, como cuando asegura que está en un proceso de reorganización de la “economía popular”, llamando a la pequeña y la mediana empresa, en contraposición con lo que fue el diálogo con las cámaras empresariales.
“Entonces ¿con quién está hablando? Porque solo nosotros en Cadin, tenemos unas 1300 pymes, así que no sé a qué se refiere cuando habla de la pequeña y mediana empresa. Nosotros como Cosep generamos casi el 100% de las exportaciones del país, y ya no digamos lo que puede generar para el PIB. Ignorarnos sería engañarse”, dijo Maltez.
Al graficar el daño económico, explica que han perdido su trabajo entre 15 000 y 20 000 personas (del área de manufactura y agroindustrial) que estaban afiliados al seguro social, lo que resulta en una situación muy difícil para las familias, y revela la dimensión de la crisis.
El café es un ejemplo de un rubro en el que la pérdida de empleos y productividad es grande. Maltez detalló que en los últimos tres meses del año, los cafetales requieren la aplicación de un fertilizante para que pueda desarrollarse de cara a la cosecha del próximo año, pero muchos productores no pudieron conseguir crédito para comprarlo.
“Ese es un síntoma claro de una baja de casi 15% a 20%, en la producción del próximo año. Toda esta incertidumbre genera falta de crédito y atracción de inversiones. Por eso insistimos: el Gobierno debe recapacitar. El presidente debe recapacitar, tiene que haber un diálogo político; tiene que haber las pautas para poder generar la confianza que buscamos todos para estabilizar el país”, repitió.
