25 de julio 2020
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Nicaragua fue ubicada en la antepenúltima posición de América Latina y el Caribe, (31 de 33 países, solo superando a las Islas Caimán y a Haití), del Noveno Índice AML de Basilea, que mide “los progresos tangibles en la lucha contra el lavado de activos y la financiación del terrorismo en todo el mundo”.
A escala global, Nicaragua ocupó la posición 125, (o sea que quedó a 16 posiciones del final de la lista de 141 naciones), siendo catalogada como un país de alto riesgo para el lavado de activos.
“Estados Unidos y la Unión Europea ya venían diciendo que Nicaragua está escalando niveles de riesgo en la prevención del lavado de activos, y ahora nos lo dice el Instituto de Gobernanza de Basilea”, explicó el economista Róger Arteaga.
“Es una entidad privada, es cierto, pero es muy respetada. Su análisis se basa en información de instituciones serias, (el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial) no de lo que podamos estar diciendo los nicas. Es un informe mundial que tiene suficiente prestigio”, añadió.
Decisión política… y económica
Los autores del Índice detallan que este proporciona puntuaciones de riesgo basadas en datos de 16 fuentes de acceso público como el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), Transparencia Internacional, el Banco Mundial y el Foro Económico Mundial.
Esas puntuaciones abarcan cinco ámbitos: calidad del marco de prevención del lavado de activos y financiamiento del terrorismo; soborno y corrupción; transparencia y normas financieras; transparencia pública y rendición de cuentas; y riesgos legales y políticos.
Dos expertos en temas contables y de auditoría, que hablaron con CONFIDENCIAL pidiendo mantener sus nombres en reserva, explicaron que “el sistema nicaragüense de prevención de lavado de dinero es uno de los más débiles de la región”.
Si bien consideran que la banca sí está bastante ordenada, el problema es que no se trata solo de ellos, sino también de instituciones financieras no bancarias, como aseguradoras, corredurías de seguros, financieras y microfinancieras, casas de empeño, casinos y tragamonedas, autolotes, distribuidoras de vehículos, empresas de bienes raíces, etc.
Conocedores del ecosistema financiero local, estas fuentes detallaron que “regular el sistema tiene implicaciones políticas, pero también de capacidad de gestión”, lo que se traduce en costos, sea de parte de la Unidad de Análisis Financiero (UAF), o de las instituciones mismas, que muchas veces se acomodan a cumplir los mínimos que exige la ley, aunque eso haga que sus controles no sean tan férreos como pueden ser.
La peor prevención del istmo
“Este ránking también está relacionado con el clima de inversión. Los lectores pueden ser inversionistas, banqueros, u otros gobiernos, para ver qué reglas están vigentes en Nicaragua, o qué piensan la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), o la ONU, acerca de nuestros sistemas de regulación”, añadieron.
“Esto evalúa al país. Cuando yo estaba en la Dirección General de Ingresos, siempre nos decían que Suiza y Panamá eran paraísos fiscales donde se lavaba dinero, y Panamá se defendía de ese señalamiento. Hoy, nosotros estamos a 16 posiciones del último lugar, y ellos están 20 posiciones por encima de nosotros, lo que implica que nos consideran un mayor paraíso que Panamá, Belice y Honduras, aquí en Centroamérica”, detalló Arteaga.
La copiosa construcción de edificios, torres y condominios, en las capitales de algunos países del istmo señalados como sitios de fácil acceso para el lavado de dinero, evidencian el avance de esa actividad ilícita. Otras formas de lavar dinero incluyen la venta de vehículos y propiedades, así como el pago de grandes premios en casinos y casas de apuestas, entre otros.
Mientras esté Ortega no hay regulación
Al detallar lo que se puede hacer “como país” para mejorar la prevención del lavado de dinero, los expertos señalan que “se puede reforzar el marco regulatorio, y se puede usar la experiencia de los países que están mejor ubicados en la lista. Hay suficiente jurisprudencia y documentos públicos para guiar ese proceso”, aunque admiten que eso levanta suspicacias dentro de Nicaragua.
El consejo para las empresas, es que “pueden ir mucho más allá del marco regulatorio, buscar estudios comparados, asumir mejores prácticas mundiales, etc., pero no lo hacen porque necesitan invertir en más personal y sistemas, y prefieren resolver con unas pocas personas”.
Los bancos, especialmente, necesitan fortalecer sus controles, porque “todos trabajan con bancos corresponsales como Wells Fargo, Chase Manhattan, o el Banco de Nueva York, y si tu país sale mal en esa lista, vos tenés que demostrar que tu banco es más estricto que tu país”, añadieron.
“La regulación es una solución, pero mientras esté Ortega no habrá ninguna regulación, así que la solución es salir de Ortega, porque la ruta que llevamos es hacia nuevas sanciones y menos financiamiento interno, por el riesgo de lavado de dinero; aislamiento, pasar de recesión a depresión económica, desempleo, pobreza, y al final, el colapso, porque el conductor que dirige la nave del Estado nos lleva al precipicio”, consideró por su parte Arteaga.
