Economía

Más de 50 000 empresarios de Centroamérica reclaman liberar a José Adán Aguerri y precandidatos presidenciales

Gremio empresarial de El Salvador, Honduras y Costa Rica reclama "urgente intervención de la secretaría general del SICA"

La detención inesperada de José Adán Aguerri, expresidente del Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), y titular del Comité Consultivo de la Integración Económica (CCIE), así como cuatro precandidatos presidenciales de Nicaragua, elevó el nivel de alerta de organizaciones gremiales nacionales y regionales, que se pronunciaron exigiendo la liberación de los secuestrados, a la vez que advertían de los efectos sobre la economía nicaragüense e ístmica, derivados del aumento de la inestabilidad política.

Ante el silencio del Sistema de la Integración Centroamericana (SICA), entidad que basa su existencia en la observación de los derechos humanos, así como en la promoción de la democracia, desarrollo y libertad, el CCIE, presidido por Aguerri, demandó la liberación de su presidente.

Asimismo reclamó “la urgente intervención de la secretaría general del SICA como entidad facultada para velar por el cumplimiento de los objetivos regionales, y evitar cualquier situación que pueda afectar los principios del Sistema de Integración Centroamericana, o amenazar el ordenamiento institucional”.

El CCIE, creado dentro del marco de la integración regional, representa a los empresarios centroamericanos, organizados en 17 federaciones, 95 cámaras y asociaciones, y más de 50 000 empresarios.

Una de esas 17 federaciones (la Federación de Cámaras y Asociaciones Industriales de Centroamérica y República Dominicana, Fecaica), condenó “los hechos ocurridos en Nicaragua, que atentan contra el desarrollo del país, causando inestabilidad económica, política y social”.

Adicionalmente, advierten que “poner en riesgo la certeza jurídica del país traerá graves consecuencias, afectando directamente el empleo y la inversión, elementos indispensables para la recuperación económica del país y el intercambio comercial de la región”.

En una línea similar, el Cosep dijo que con estas acciones, el Estado “está sumiendo al país en una crisis política mucho más profunda con consecuencias que erosionan la paz, la estabilidad social y económica, que afectarán el presente y futuro de todos los nicaragüenses”, por lo que se declaró “en sesión permanente”, prometiendo establecer coordinaciones con diferentes sectores de la sociedad, para trabajar unidos en función de una mejor Nicaragua.

Centroamérica también

La Unión Costarricense de Cámaras y Asociaciones del Sector Empresarial Privado (Uccaep), expresó en un comunicado su solidaridad con el pueblo nicaragüense, mientras indicaba que “privar la libertad del empresario es un indicador que los procesos de diálogo y participación ciudadana están cerrados, por lo que se insta a las autoridades de ese país y la sociedad a que se abran las vías democráticas”.

“La apertura de los canales de comunicación y el respeto a los disensos que vengan desde cualquier trinchera, son claves para recuperar la paz social, la armonía y la construcción de una sociedad libre y solidaria”, indica la gremial tica.

Por su parte, el Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep), que aglutina a los empresarios del vecino fronterizo norte, consideró que la detención de los candidatos presidenciales “pone en serio peligro la legalidad, legitimidad, y justicia de un proceso que debe promover la elección de autoridades de forma democrática, libre y transparente”.

Con respecto a la detención de Aguerri, expresidente de la Federación de Entidades Privadas de Centroamérica, Panamá y República Dominicana (Fedepricap), indicaron que este “en todo momento ha mantenido posiciones valientes que promueven la democracia y desarrollo de Nicaragua, contrario a las acusaciones de las cuales es objeto”, e instaron a su “liberación inmediata”.

Desde El Salvador, la Asociación Nacional de la Empresa Privada (ANEP), se unió al llamado “por una liberación inmediata de líderes empresariales nicaragüenses detenidos arbitrariamente, bajo procesos ilegales y leyes inconstitucionales producto de represión y persecución política”.

La entidad hizo notar cómo la crisis creada por el régimen puede afectar la economía regional, al condenar “los graves retrocesos democráticos que se están vislumbrando y que ponen en riesgo la estabilidad política, social y de inversión para todos los centroamericanos que anhelamos desarrollo, libertad y paz”.

Enrique Egloff, presidente de la Cámara de Industrias de Costa Rica (CICR), declaró que “un país sin libertad, democracia y garantía de los derechos humanos, no puede progresar y nadie puede ser indiferente ante esta situación”.

Con base en eso, la cámara tica, “rechaza estas acciones y hace un llamado al régimen de este país hermano para que libere a los presos políticos y garantice un proceso electoral abierto, libre y transparente, con la debida observación internacional que le brinde la credibilidad no solo de su pueblo sino de la comunidad internacional”.

“Coartar los derechos de precandidatos, periodistas, empresarios y la ciudadanía en general, representa una amenaza a la democracia, la seguridad jurídica, la inversión, el desarrollo productivo y la generación de empleo”, añadió el comunicado de los industriales costarricenses.

Cosep: reclamar es nuestro derecho

En su comunicado, el Cosep indica que “se hace presente y respalda a todos los nicaragüenses a quienes les han sido arrebatados sus derechos ciudadanos. Es necesario que podamos escoger libremente a nuestros líderes; como ciudadanos tenemos la prerrogativa de exigir, demandar y auditar para que los comicios electorales se celebren con la debida transparencia”.

La entidad recuerda que “estamos en el derecho de denunciar los abusos y arbitrariedades contra los nicaragüenses que pensamos diferente al Gobierno. Esta represión tiene que cesar porque se deben garantizar nuestros derechos constitucionales. El respeto a nuestros derechos inicia por la liberación de todos los presos políticos, y el restablecimiento de los derechos y garantías ciudadanas”.

El empresariado nacional insistió en respaldar “a Cristiana (Chamorro), Arturo (Cruz), Félix (Maradiaga), Juan Sebastián (Chamorro), José Adán (Aguerri), Violeta (Granera), José Pallais, a los medios de comunicación independientes y a todos los detenidos” por razones políticas. El Cosep apoya las demandas de las Madres de Abril y de los presos políticos, así como el retorno seguro de más de 100 mil exiliados; asumiendo su compromiso para la restauración de la paz e institucionalidad democrática del país”.

 



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