"Mandan a los inspectores a multar, y si vienen con poco, los mandan a multar más"

Los funcionarios de la Dirección General de Ingresos (DGI), encargados de aplicar la política gubernamental de chantaje económico en contra de las empresas, han demostrado que, para ellos, el tamaño sí importa.

A partir de 2019, la DGI, junto a la Dirección General de Servicios Aduaneros (DGA), más el complemento de la Alcaldía de Managua, se han puesto al frente del acoso fiscal en contra de las empresas privadas.

Si son grandes, ¡mejor!

La ruptura de la alianza que la Administración de Daniel Ortega y Rosario Murillo tenía con el Consejo Superior de la Empresa Privada (Cosep), fue la señal para desatar las manos de los inspectores de la DGI, y los aforadores de la DGA, que a partir de ese momento pudieron actuar con la discrecionalidad que los empresarios trataban de anular.

El directivo de una cámara adscrita al Cosep, dijo a CONFIDENCIAL que las empresas no están comunicando esta situación a sus gremios, y que tratan de manejarlo de forma directa, pero en la mayoría de los casos no logran resolverlo.

“Todos estamos enterados, porque los afectados lo comentan con el resto como una forma de compartir su experiencia, para que se cuiden los demás empresarios”, relató el directivo.

Al detallar qué tipo de empresas son las más afectadas, dijo que “en este caso, el tamaño sí importa, pueden ser parte de una transnacional, o tener apoyo de un país extranjero, quizás con un acuerdo comercial vigente, los ponen en la mira, porque saben que pueden pagar más”.

CONFIDENCIAL conoció el caso de una empresa dedicada al comercio internacional de productos agrícolas, a la que se le castigó con una multa cuyo monto rondaba el millón de dólares.

“El argumento que nos dieron es que ‘ustedes pagan muy pocos impuestos, y tienen que pagar más’, lo que implica que no importa lo que diga la ley”, dijo una fuente familiarizada con los detalles de este caso.

Al final, el empresario negoció hasta lograr un descuento de más del 80% de la multa impuesta, por lo que terminó pagando menos de un cuarto de millón de dólares.

“Mandan a los inspectores a multar, y si vienen con poco, los mandan a multar más”, refirió la fuente.

Ten cuidado a quién le pides favores

El directivo citado antes explica que lo que existe en este momento, es “una queja generalizada, transversal, por la presión que ejercen la DGI, las Aduanas y los municipios”, lo que se materializa en visitas y auditorías frecuentes a empresas, al punto que “eso llega a constituirse en acoso”, estableció.

Este administrador considera que, para los empresarios, en este momento no es posible apegarse al marco jurídico “en coordinación con las autoridades, que deberían actuar de forma responsable, colaborando con el desarrollo de actividades económicas, pero eligen actuar de forma inquisidora”, describió.

Más que abogar por un retorno al ‘maridazgo’ que existió entre el sector privado y el Gobierno, esta fuente plantea que las instituciones públicas deben colaborar para corregir “adecuadamente, más que inquisidoramente”, aquello que las empresas estén haciendo mal.

El problema es que “en Nicaragua, todo se hace en función de maximizar la recaudación, así que no queda margen de colaborar para corregir”, insistió.

El directivo señala cómo, antes de 2018, el sector privado le decía al Estado que la respuesta para aumentar las recaudaciones no era cambiar la ley, sino ser más eficiente en el cobro de los tributos.

De forma autocrítica, admite que “el Estado dejaba pasar muchas situaciones”, haciendo referencia a ‘favores’ que pedían las empresas, los que eran concedidos por un Gobierno necesitado de mantener una percepción de facilitación.

“Las empresas debieron haber pedido siempre que todo se hiciera conforme a la ley, y con el respaldo de una resolución escrita en la que se consignara cuál era el acuerdo o la ley, en la que se había basado el servidor público para acceder a lo que la empresa le pedía, de modo que no fueran decisiones de hecho, sino de derecho”, reflexionó.

En vez de eso, el empresario recibía un favor, y el Gobierno lo anotaba para cobrarlo cuando lo necesitara, o para castigar lo que ahora consideran ‘traición’, incluyendo a empresas que son propiedad parcial o total de sus ‘amigos’.

La fuente señala que si había impuestos que no se colectaban, no era por ineficiencia, sino que todo respondía a una decisión política.

“Conocían esas situaciones, pero las dejaban pasar. Lo que vemos hoy es que el Gobierno se volvió más 'eficiente' para recaudar más, pero también por revancha contra ciertas empresas y empresarios. ¿Por qué hasta ahora sí son eficientes para cobrar?”, cuestionó.

Manos arriba

Hace unos meses, el equipo gerencial de la sede local de una empresa extranjera afincada en Nicaragua desde hace varios años, se llevó una sorpresa inesperada: les habían impuesto una multa de más de un millón de dólares. Si bien su poderío económico les permite enfrentar un pago de ese tamaño, “eso no estaba en sus planes ni en sus presupuestos”, relata una fuente que conoce el caso.

Después de superada la sorpresa inicial, y luego de consultar con su casa matriz, la empresa decidió negociar con la DGI, mientras busca el dinero para pagar, sea que deban enterar el ciento por ciento de la multa, o que puedan conseguir algún descuento, como han logrado otros.

Aunque podrían buscar el apoyo de la cámara empresarial a la que están asociados, o pedir ayuda a los diplomáticos de la embajada que representa al país de donde proviene el capital inicial, decidieron que “no se pelearían con el Gobierno, porque no les conviene y tampoco pueden cerrar su operación y simplemente irse”, refirió la fuente.

Su criterio es que la Administración Ortega - Murillo actúa de esa forma “para oxigenar sus finanzas y solventar gastos, ante la reducción de sus recaudaciones tributarias”.

Si esta compañía, que por su origen y tamaño podría sentirse acuerpada al momento de contender contra el Gobierno, elige pelear en silencio, empresas más pequeñas que dependen de los contratos gubernamentales “prefieren callarlo todo”, relató una emprendedora que años atrás sirvió como directiva de una cámara adscrita al Cosep.

“Entre lo poco que comentan, es que les piden documentación de forma arbitraria, que no forma parte de los requisitos que se pueden exigir conforme a la ley, mezclando la situación de la persona natural, con la persona jurídica que representa”, relató.

Aunque las normativas señalan que los funcionarios públicos no tienen más atribuciones que las que les señala la ley misma, y que los ciudadanos no están obligados a hacer lo que la ley no manda, al final, aquellos se sienten en la libertad de pedir lo que quieran, y estos, se ven obligados a proporcionarlos.

El temor principal es que, si se niegan a entregar esa documentación, la DGI les bloquee el acceso a la Ventanilla Electrónica Tributaria (VET), lo que puede impedir que obtengan algún documento o solvencia, necesaria para que les paguen por un trabajo o servicio prestado, hacer una importación, o efectuar un desaduanaje.

“Igual pueden mandar una auditoría del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social, o de las alcaldías, y cualquiera de ellos puede pedirte documentos personales que no tienen que ver con el patrimonio de la empresa”, relató.

“Estamos desarmados”, dice la emprendedora, considerando que “la capacidad de gestión del gremio en el que estamos es mínima, y existe el temor de que los medios de comunicación afines al Gobierno publiquen nuestros casos para dañar nuestra imagen”.

Apelaciones mueren en TATA, CSJ, y Hacienda

El dueño de una empresa con décadas en el mercado nicaragüense, que en la actualidad es uno de los líderes en la industria del ocio, acumula más de un quinquenio de gestiones legales para tratar de capear el pago de una multa que se ha multiplicado por más de cinco veces, hasta rondar los 150 000 dólares en la actualidad.

Aunque este reparo fue impuesto en la época en que el Cosep tenía derecho de participar en la formación de las leyes, el negocio propiedad de este empresario fue castigado porque “decían que no estábamos reteniendo el IR a los clientes, y que estábamos poniendo como deducibles, gastos que no lo eran. Nos multaron por un fallo administrativo”, alegó.

En ese escenario, su primera opción fue apelar ante el Tribunal Aduanero y Tributario Administrativo (TATA), que falló en su contra. Luego elevó el caso ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ)... “que también falló en nuestra contra”, lamentó.

Después de años de litigios, de gastos en abogados; de pedir a amigos que gestionaran en su nombre para resolver el problema, lo único cierto es que no pasó nada que le beneficiara. Ahora, la deuda inicial se multiplicó hasta rondar los 150 000 dólares, que no posee, pero espera poder pagar con una propiedad.

Aunque los peritos del Estado valuaron la propiedad en una suma que excede el monto de la deuda, y a que hay un fallo aceptándola en pago, por alguna razón no se la aceptan, así que mientras la deuda sigue activa “no nos entregan la solvencia, y no puedo venderle al Gobierno, ni hacer otros negocios”, aseguró.

En similares circunstancias se encuentra una empresa del sector alimenticio, cuyo gerente general declara que siente que los tienen “con una pistola en la cabeza”, toda vez que tiene  cinco años de estar disputando los resultados de una auditoría que les hicieron hace casi cinco años.

El resultado fue un reparo por un monto superior al cuarto de millón de dólares, que apelaron ante la DGI, pero “a esos nunca se les puede ganar: en pocos días ratificaron la decisión”, relató. Aunque después llevaron el caso ante el Ministerio de Hacienda y ante el TATA, el resultado es el mismo: deben pagar.