Economía

Ley que protege a sancionados causaría una “catástrofe” en la banca nicaragüense

Róger Arteaga: Impacto en Gobierno, bancos, tarjetas de crédito y remesas. Nadie se salvará de las consecuencias si quiebra el sistema financiero

La aprobación de la Ley de Adición y Reformas a la Ley 842, que tutela los derechos de los consumidores, causaría una catástrofe en el sistema financiero nacional, y golpearía a la economía nicaragüense de una manera devastadora, opina el economista Róger Arteaga, expresidente de Amcham y exdirector ante el  Banco Centroamericano de Integración Económica (BCIE).

El proyecto de ley, aprobado este miércoles en lo general,  pretende, entre otras cosas, sancionar a los bancos y prestadores de diversos servicios que rechacen a un cliente, sin una causa que esté sustentada en una ley nacional, lo que a todas luces es una forma de tratar de obligarlos a atender a los familiares y funcionarios del régimen que han sido sancionados por Estados Unidos.

El resultado de obligar a la banca a atender a los sancionados, afectará no solo su capacidad de hacer negocios, sino también la de muchas empresas que efectúan operaciones internacionales, así como a los ciudadanos que reciben remesas… y hasta al propio Gobierno, que se vería imposibilitado de recibir los desembolsos de los organismos financieros multilaterales.

Las consecuencias de reformar la 842 tal como fue planteada “son dramáticas en el sentido de que provocarían que los bancos –que están obligados a hacer el uso más eficiente de los recursos que les confiaron los depositantes- se verían obligados a atender a personas que son un riesgo para la institución, e incurrían en un delito”, además de perder la autonomía de hacer negocios con quien ellos quieran.

En una entrevista con el programa Esta Noche Arteaga advirtió que el “delito” es la violación de la orden presidencial 13851, firmada por el expresidente estadounidense Donald Trump, en la que se establece que quien dé servicio, preste ayuda, o tenga relaciones con sancionados, será también objeto de sanción.

Un paso atrás en listas del GAFI

Obligar a la banca a relacionarse con personas sancionadas internacionalmente al cargar acusaciones de corrupción y violación a Derechos Humanos, tiraría por la borda los esfuerzos del país, y los de la misma Administración Ortega, por cumplir los requisitos del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), para anclarse en la lista gris, de cara a mejorar su posición y salirse de ella.

Sin embargo, aprobar esta ley haría que el país fuera en dirección contraria, y que el GAFI colocara al país en su ‘lista negra’, lo que bloquearía todas las operaciones internacionales que quiera hacer Nicaragua como país, no solo los bancos.

El temor al efecto contagio, lleva a que otras entidades financieras extranjeras (nacionales o multilaterales) se inhiban voluntariamente de efectuar transacciones con el país o entidad afectada, de donde ocurriría que el mismo Gobierno de Ortega ya no podría recibir los desembolsos ofrecidos para enfrentar la pandemia, o el desastre de los huracanes Eta y Iota.

Cuando los multilaterales otorgan un préstamo, el desembolso de los recursos se realiza en las cuentas que los bancos locales mantienen en sus bancos corresponsales en el exterior, pero si un banco nacional es sancionado por incumplir lo que señala la 13851, el banco corresponsal cortará sus relaciones con el banco local, explicó el experto.

“Eso significa trastocar todo el sistema, porque cuando el exportador mande un producto, ¿cómo va a recibir el pago por su exportación? Los importadores: ¿cómo harán para que les manden mercadería? ¿Cómo van a llegar las remesas al país? Hasta las tarjetas de crédito desaparecerían. Es un cierre, un aislamiento… una locura”, aseguró.

Al igual que el dinero que proviene de otras fuentes, las remesas requieren de un banco corresponsal que las capte en el extranjero y las envíe al país, ya sea a un banco local, o a una agencia de envío de fondos para que las entregue a su destinatario en Nicaragua, pero “si eso no existe, y Nicaragua está aislada porque se quedó sin bancos corresponsales, vamos a volver a enviar dinero en diligencias, como en el viejo oeste”, graficó.

También puede ocurrir que los inversionistas extranjeros que tienen negocios en Nicaragua –sea en la minería, los servicios, supermercados, etc.- vean que existe el riesgo de que volvamos a la lista negra del GAFI, y decidan sacar su dinero, e irse del país, advirtió.

¿Quiere negociar el Gobierno al amenazar la economía?

Si bien la aprobación de las reformas en lo general –pero no en lo particular, o sea, artículo por artículo- parece ser parte de una estrategia para abrir un compás de negociación, el exdirector general de Ingresos, Róger Arteaga, espera que, pase lo que pase, esa Ley no sea aprobada nunca.

“No sé hasta qué punto habrá contactos entre la Comisión Económica o algunos diputados con Asobanp. Sí sé que, de cualquier forma, esto no puede pasar así, porque nos afecta a todos, no solo a los testaferros, o solo a los remesados, porque el sistema financiero es la columna vertebral de un país”, declaró.

Arteaga reveló que algunos banqueros tienen la esperanza de que cuando la Asamblea pase a discutir artículo por artículo, puedan darse cuenta de la trascendencia de la Ley que intentan aprobar, que puede provocar la quiebra de un banco, o hacer que se tambalee, y que la gente deje de pagar.

Por todo ello, tiene la esperanza de que los esfuerzos del sector privado rindan frutos a la hora de convencer al oficialismo de dar marcha atrás, comenzando con la carta que Asobanp dirigió a la Comisión, texto que catalogó de “un poco suave, porque esto no es algo que puede tener un efecto normal o mediano. ¡Esto es dramático! Si esto se aprueba así como está, este país puede colapsar”, advirtió.

Además de Asobanp, también se han pronunciado el Cosep, la Cámara de Comercio Americana de Nicaragua (AmCham), la Cámara de Industrias de Nicaragua (Cadin), la Asociación de Productores y Exportadores de Nicaragua (APEN), la Cámara Nacional de Turismo (Canatur), “y todavía falta que se pronuncien los multilaterales, que también tienen un compromiso”, adelantó.

“Es cuestión de hacer conciencia y presión con los diputados, que si lo que quieren es negociar –que parece que eso es lo que andan buscando- que lo digan de una sola vez, pero que no vayan a destruir al país, por querer obligar al sistema financiero y al sector privado” a establecer relación con clientes tóxicos.


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