7 de julio 2018
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El Gobierno renunció a su intento ilegal de conocer la identidad de los ciudadanos que han retirado más de 50,000 dólares de sus cuentas bancarias desde el 18 de abril, lo que violaba directamente el sigilo bancario. De paso, la Superintendencia retiró de facto, las multas y sanciones que había aplicado a los bancos Lafise, Ficohsa y Bdf. El martes 26 de junio, la Superintendencia de Bancos y Otras Instituciones Financieras (Siboif), demandó a los banqueros que le entregaran el listado de sus clientes que habían sacado más de 50,000 dólares de sus cuentas, a lo que ellos se resistieron, dado que iba directamente en contra del sigilo bancario.
La respuesta de la entidad fue que sancionaría con multas de 50,000 dólares al banco que se negara a cumplir esa demanda, a la vez que se les excluiría de la posibilidad de recibir recursos del Banco Central de Nicaragua para enfrentar los problemas de liquidez que se les podrían presentar si el público seguía retirando sus ahorros.
Ante la decisión de la banca, de no ceder ante la exigencia de la Siboif, esta multó y sancionó a tres instituciones financieras, mientras empresarios y líderes del sector privado, así como abogados, contadores, catedráticos y expertos fiscales condenaban la exigencia oficial, y advertían del riesgo de seguir pidiendo información aún en contra de la Ley.
Al final, preocupado por el retiro constante de los depósitos en el sistema financiero, y el efecto devastador que tendría la violación del sigilo bancario, la Presidencia ordenó recular al Superintendente Victor Urcuyo y que se limitara a pedir igual que siempre, los informes en que los bancos reportan los movimientos de capitales expresados en números, sin identificar a sus clientes, pero aumentando la periodicidad: de semanal o mensual, ahora los reportes serán diarios.
Según información disponible en la página web de la Siboif, al primero de julio se habían retirado US$716.4 millones en depósitos con relación al monto máximo que alcanzaron los mismos al 31 de marzo. De estos, US$555.8 millones correspondieron a depositos en dólares y US$161.6 millones a depositos en córdobas.
La Siboif tambien anuló por las vías de hecho el castigo de excluir a los bancos sancionados de las líneas de crédio del Banco Central de Nicaragua (BCN).
Una fuente vinculada al Banco Central explicó que la asistencia financiera del Banco Central es “una línea de apoyo a la liquidez de los bancos que se otorga con la garantía del mismo banco o de sus dueños de que ese crédito se honrará pase lo que pase a banco recurrente”
Preguntado si el BCN habría discutido o avalado sanciones a los bancos, en los términos que indica la resolución de la Siboif, la fuente indicó: “hasta donde yo conozco no se ha aprobado que la Siboif sancione a un banco porque este no provea información de depósitos del público. Esto iría contra la norma fundamental de confianza de los depositantes que nadie debe ser expuesto a revelar la condición personal de sus depósitos más allá de lo que la ley pide”, precisó.
Olvidemos la multa
Lo que la Superintendencia no hizo fue seguir el procedimiento para revocar las multas y sanciones. Fuentes de la banca nacional dijeron a Confidencial que el superintendente les pidió devolver la carta escrita que contiene la resolución con la que los multa y castiga, para aparentar que no ocurrió. Como si nunca la hubiera mandado, en vez de emitir otra resolución que anulara la anterior.
La decisión generó un rechazo unánime de todas las fuentes consultadas por Confidencial, quienes tacharon el hecho de “inverosímil”, y “barbaridad jurídica”.
El abogado Gabriel Álvarez consideró que la petición de que les devolvieran el documento, y fingir que la multa nunca existió “no tiene ninguna racionalidad jurídica”, en referencia a las formas, mecanismos y procedimientos usados para tratar de eliminar una sanción declarando ‘inexistente’, una carta que sí existió.
“Decir: ‘páseme esa carta’, confirma el despropósito de la sanción misma. Es una confesión de que la petición de la Superintendencia era una barbaridad, y reafirma ese comportamiento de irracionalidad, de menosprecio a la legalidad y a las mínimas racionalidades jurídicas”, sentenció el jurista.
Álvarez expresó que “ojalá los bancos no sigan permitiendo este tipo de comportamiento de las instituciones estatales y gubernamentales y de la Superintendencia; que no devuelvan la carta y la den por inexistente, porque todos los ciudadanos debemos empezar a exigir apegarse a Derecho. Esto es una barbaridad más”.
“Hay un procedimiento para revocar una solicitud. Lo que quieren es borrar las pistas de una decisión que puede tener consecuencias nacionales e internacionales sobre cómo se manejó la Superintendencia en este caso”, argumentó.
Pedir la devolución de la carta “es una actuación de facto sin ninguna racionalidad jurídica”, que los bancos deberían impugnar. A la Superintendencia por su parte, corresponde dictar una resolución anulando la resolución anterior, ya sea a solicitud de los bancos, e incluso de oficio”.
“Es una barbaridad jurídica. Un legicidio, pretender que la carta no existió: sí existió, y debe revocarse conforme a derecho”, concluyó.
Un consultor que trabaja de cerca con la banca nacional, consideró que la actuación de la SIB “no es correcta. Tendría que notificar por escrito que ya no procede la multa. Estamos hablando de principios de legalidad puros. Si no lo hace así, significa que legalmente la multa sigue existiendo”.
La actuación de la Siboif “queda al margen de la Ley, y cae en el ámbito de la discrecionalidad, enviando un mensaje de desconfianza en el sistema financiero”, recalcó el experto.
Eso no se hace así
Su colega Alejandro Aguilar también se mostró sorprendido, porque “es la primera vez que escucho que una entidad oficial te dice: vamos a hacer como que esto no sucedió nunca. Si eso es así, es sencillamente inverosímil, porque por principio de legalidad, toda la comunicación entre las entidades del Estado y los particulares -sobre todo en asuntos relacionados con procesos- debe realizarse por escrito, porque el Estado es el primero al que le interesa dejar evidencias sobre la corrección de su actuación”.
Aguilar considera que esa actuación se constituye en un segundo acto de abuso de autoridad, porque busca resolver el problema de las multas, “pero lo hace por un camino torcido. La legislación establece que los actos administrativos se recurren de revisión o de apelación, y que la autoridad los responde oficialmente”, recordó.
“Es sorprendente, viniendo de una autoridad como la Superintendencia. Es cierto que toda autoridad siempre puede revisar y corregir sus actos oficiosamente. Está dentro de sus facultades, pero tiene que hacerlo de una manera formal, no diciendo devolveme el documento”, aclaró.
Por su parte, Julio Francisco Báez dijo que “la medida ‘discreta’ de revocación por parte de la SIB, después de haber puesto en riesgo una estampida en el sistema financiero, debe respaldarse con la oficialización correspondiente, y no con esta cantinflada bancaria”.
Si no lo hiciera así, cabría una comunicación oficial de cada banco al Superintendente, demandando que revoque su resolución por escrito, y que si no lo hace de esa forma, los bancos lo asumirán como una revocación tácita con igual validez que si lo hiciera por escrito.
“No le luce al Superintendente decir ‘borro lo hecho, y punto y aparte’... actúa como si estuviera negociando diez libras de frijoles en el Oriental”, comparó Báez.
Una fuente vinculada al Gobierno dijo a Confidencial que “hubo una reunión, en la que se aclaró [a los representantes de los bancos] que lo que se quiere es saber qué tipo de clientes (empresariales, corporativos, etc.) están realizando operaciones mayores a 50,000 dólares, para saber dónde está el nerviosismo”.
También aseguró que “las multas se dejaron sin efecto, en virtud de la aclaración entre supervisados y el supervisor”, aunque se abstuvo de aclarar si se había emitido una resolución anulando la anterior, o simplemente se les pidió que devolvieran el papel, como declararon los bancos.
Alerta general
Durante dos días, la noticia de que la Superintendencia había decidido “jugar con fuego”, con un bien tan valioso como el sigilo bancario, desencadenó toda clase de advertencias a la administración Ortega, con la esperanza de que entendieran que no se puede arriesgar la confianza del público en el sistema bancario.
Entre los representantes del sector privado, Michael Healy, presidente de la Unión de Productores Agropecuarios de Nicaragua (Upanic), tildó de “injerencismo” la actitud de la Superintendencia, debido a que la banca tiene sus normas y regulaciones.
“Estamos totalmente en contra de esa petición”, que atenta contra el sigilo bancario, aseveró al ser entrevistado en el programa Esta Noche. “No podés obligar a la Banca a informar cuánto está sacando cada cuentahabiente, porque eso es una relación privada entre el cliente y el banco. No necesariamente el Gobierno ni la Superintendencia tienen derecho a saberlo”, rechazó.
A su juicio, la motivación detrás de esa insólita petición, es “ejercer más presión contra el sector privado. El gobierno ha venido presionando en diferentes formas al sector privado, debido a que el 18 de abril se rompió el diálogo bilateral”, argumentó.
“La Superintendencia debe entender que si sigue pidiendo información que los bancos no están obligados a dar, creará una afectación mayor en la economía nacional, especialmente el sistema financiero. No hay que jugar con fuego. Si las proyecciones de Funides hablan de un -5.8% de crecimiento para este año, esto podría incrementar mucho más esa caída”, advirtió.
“El sigilo bancario tiene que ser protegido. El sistema financiero en Nicaragua ha tenido un gran éxito desde su fundación, debido a que se ha fortalecido el sigilo bancario y no podemos quebrarlo”, concluyó.
El presidente del Cosep, José Adán Aguerri, reiteró que la solicitud del superintendente “es totalmente ilegal”, y cuenta con el rechazo del sector privado. “No existe ninguna disposición que le permita a la Siboif saber quién está sacando dinero y quién no”, sostuvo.
El líder gremial aseguró que “a los bancos les corresponde mantener una posición firme, una posición en la que no importa que sean multados, porque se tiene que proteger el sigilo bancario. No podés jugar a romper el sigilo por razones políticas, porque eso acaba con el deber que tiene un sistema financiero”.
Expertos: riesgo de daño mayor
El abogado Alejandro Aguilar, especializado en temas bancarios, consideró que la situación planteada es “sumamente preocupante, porque ninguna entidad oficial puede pretender obtener información de una forma en que no está facultado por ley, y luego pretender aplicar una multa por ello. Es un abuso de autoridad”, sentenció.
En su opinión, que un banco entregue las operaciones personales de un cliente al Gobierno, genera un ambiente de desconfianza en la Banca, y puede provocar un daño muchísimo mayor.
“La Ley es clara en cuanto a que el levantamiento del sigilo bancario se hace con orden judicial, cuando alguien está involucrado en un crimen. En todo el mundo, el sistema bancario está construido sobre la base de que se trata de operaciones de confianza entre la banca y el cliente, y si esa relación de confianza se fractura y desaparece, estás socavando la columna vertebral de tu sistema financiero”.
Para el economista Alejandro Aráuz, “la Superintendencia rompe el sigilo bancario al pedir esa información, y eso puede generar desconfianza generalizada en el sistema bancario”.
“La amenaza de que el Banco Central no les proveerá fondos, pese a que por Ley tiene que hacerlo… crea un riesgo adicional al sistema bancario, que puede repercutir en el riesgo país, si las calificadoras de riesgo disminuyen aún más las calificaciones del país”, alertó.
Otro que reaccionó con extrañeza es el empresario Gabriel Pasos, que hasta hace cinco semanas era miembro del Consejo Directivo de la Superintendencia de Bancos. Esta situación es “un asunto muy delicado. Un tema muy sensible: la confianza del público es lo más importante en un sistema financiero”, recordó.
