Arlen Cerda
5 de marzo 2018
AA
La competencia desleal en la construcción “sí existe”, y además de concentrar los proyectos en un pequeño grupo de grandes empresas —como denuncia la Cámara de la Construcción—, también perjudica a más del 70% de los obreros, a quienes bajo esta práctica se les niegan los derechos laborales, sostienen sindicalistas nicaragüenses.
Dirigentes de la Confederación General de Trabajadores Independientes (CGT-i), el sindicato de trabajadores de la construcción (SCAAS), y de la Confederación de Unificación Sindical (CUS), critican que en lugar de que estas empresas enfrenten las consecuencias legales, más bien gozan de la protección del Estado, e incluso muchas son las mismas que acaparan proyectos de inversión pública.
“Las barbaridades que están pasando en el sector construcción son grandísimas y hay que decirlo con claridad… una empresa que no cumple con el pago de prestaciones va a presentar una licitación más baja que la que cumple con todo”, advirtió el secretario general de la CGT-i, Nilo Salazar, durante una entrevista en el segmento Cuentas Claras, del programa de televisión Esta Noche.
Su colega José Espinoza, de la CUS, agregó que “definitivamente” hay una protección del Estado. “De otra manera —reflexionó— (esas empresas) estuvieran bajo la Ley”.
La denuncia de la CNC
El presidente de la Cámara Nicaragüense de la Construcción (CNC), Rodrigo Pereira, denunció en Esta Semana, que hay “competencia desleal” de parte de empresas que “no están cumpliendo con las leyes” y así presentan costos más bajos en las licitaciones de obras de inversión pública. Son empresas “internacionales” y “más grandes que las nicaragüenses”, dijo, aunque no especificó nombres.
Salazar tiene más de tres décadas como sindicalista y reconoce que Pereira “quiere reventar y poner las cosas en su lugar”, pero opina que el empresario “tiene algún temor para poder decir las cosas tal como son”.
“Ellos (el sector privado) saben bien que aquí hay empresas que ganan licitaciones (bajo esas prácticas)”, reclama el sindicalista.
Los representantes de la Cámara de la Construcción no respondieron a las nuevas consultas de CONFIDENCIAL sobre el tema. Sin embargo, una fuente del sector opinó que “no corresponde a los miembros de la Cámara acusar a otras empresas”, y coincidió con el sindicalista en que el Estado falla en su obligación de regular.
Salazar asegura que desde hace un año los sindicatos y la Cámara han “elevado” esta demanda al Gobierno de Daniel Ortega. “Lo hemos hecho a todos los lugares donde está el Gobierno. Firmamos documentos a todos los que mandan en el país. No quieren seguir escuchando”, lamenta.
Denuncia con nombre y seña
Más de setenta empresas de construcción, suplidoras y consultores están asociadas a la Cámara Nicaragüense de la Construcción. Pero aún entre la misma Cámara, la competencia en las obras de inversión pública se limita a unas seis, que anualmente facturan unos diez millones de dólares cada una, según fuentes del sector. Ahora, incluso estas mismas también se han visto desplazadas por empresas internacionales, que acaparan los proyectos.
CONFIDENCIAL buscó a los miembros de la Cámara y representantes de las empresas señaladas por el sindicalista Nilo Salazar, pero no hubo respuestas.
Según Salazar, varias de las grandes empresas que obtienen la mayoría de proyectos son las mismas que compiten deslealmente, en detrimento de los derechos de los trabajadores.
“Hay empresas relacionadas desde el MTI (Ministerio de Transporte e Infraestructura) que todo lo subcontratan, violentando las leyes a su gusto y antojo, pero ahí están (en los proyectos)”, cuestiona.
El sindicalista y la fuente del sector de la construcción coincidieron, por separado, en que las empresas que destacan en esta práctica son de capital mexicano y español, además de aquellas relacionadas al entorno de Albanisa y el Gobierno de Ortega.
Salazar mencionó a Vienicsa o Viviendas de Nicaragua Sociedad Anónima, una empresa del tesorero del Frente Sandinista y vicepresidente de Albanisa, Francisco López.
En agosto de 2013, la empresa se vinculó a un escándalo por el uso de 1.3 millones de dólares de los fondos del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS), para la supuesta construcción de viviendas de interés social durante el 2009, en Chinandega. Cuatro años después, solo se había levantado una caseta para un vigilante.
“Ahí tenés también el caso del hospital de San Francisco Libre, que ganó la empresa Berotz con el monto más bajo, pero todo fue subcontratado”, añadió Salazar, en relación al proyecto de 70 millones de córdobas, inaugurado en diciembre de 2014.
“Ves casos de empresas que a la hora de una licitación, como la del hospital de San Juan del Sur (Rivas) presentan propuestas por 169 millones de córdobas, otras por 150 millones, 140 millones, 148 millones, y la que gana ofertó por 92 millones. Una extranjera de un nombre que no sé ni pronunciar. Pero en un proyecto, los costos entre la competencia son más o menos similares. Cuando tenés diferencias tan grandes hay que revisar si esa empresa que oferta por menos está cumpliendo con todas sus obligaciones”, demanda.
Trabajadores pagarán la factura
Espinoza reclama que el Estado debería garantizar “mejores inspecciones y dejar de lado cualquier proteccionismo y cualquier amiguismo”.
Salazar cuestiona que “el Seguro Social es como que no existe, no hay inspecciones. Vos hacés una denuncia y queda ahí la denuncia. El Ministerio del Trabajo también tiene sus debilidades”.
Un empresario de la construcción también afirmó a CONFIDENCIAL que la Cámara ya se ha visto obligada a expulsar a alguno de sus miembros por falsificar el pago de una fianza en un proyecto de infraestructura vial. “¿Pero qué pasa? Ahí tenés que siguen contratando, e incluso para el mismo Estado, ¿por qué? Porque tienen padrino”, alerta.
Salazar también reconoce que hay empresas que “no cumplen ningún beneficio (para sus trabajadores) y sin embargo les dan un subcontrato”.
A juicio de Espinoza, la factura más alta la pagan los trabajadores. “Le están anulando su futuro a ese trabajador que no cotiza”, reclama.
“Puede —valora— que ahorita el trabajador no note ni le ponga mucha mente al hecho de que no le paguen el Seguro Social, tal vez si acaso si se enferma, pero cuando llegue a los cincuenta años y empiece a enfermarse y empiece a necesitar o pensar en una jubilación, entonces sí van a venir los brincos. Vamos a tener mendigos”.
