6 de marzo 2018
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Reformar las instituciones -incluyendo al Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS)- es cada vez más necesario. No porque lo diga el Fondo Monetario Internacional (FMI), sino porque urge hacerlo para fortalecer la economía nacional, y para encontrar soluciones al afligido sistema de pensiones.
Nicaragua “es uno de los países que ha tenido un muy favorable desempeño del PIB, con condiciones macro que apoyaron el desarrollo de la economía, de la inversión y del empleo”, aseguró Alejandro Werner, Director del Departamento del Hemisferio Occidental del Fondo Monetario Internacional (FMI), al dictar la conferencia: “Perspectivas de la Economía Global, Latinoamericana y Caribeña”.
A pesar de ese “favorable desempeño”, Werner resalta que hay un deterioro en las finanzas públicas. “En nuestros trabajos hemos sido repetitivos en resaltar la necesidad de un plan fiscal de mediano plazo, que al revisar las exenciones fiscales y mejorar la administración tributaria, corrija los desbalances en los sistemas de pensiones, y regrese la fiscalidad a una situación más balanceada”, añadió.
Ya lo habían dicho. La última vez, cuando Fernando Delgado jefe de misión del Fondo, propuso una reforma tributaria para crear un ‘colchón fiscal’, además de alertar acerca de la necesidad de hacer algo para salvar al INSS.
La más antigua, quizás hace unos 20 años. “Esas recomendaciones son las mismas desde el gobierno de Arnoldo Alemán, y después con Enrique Bolaños”, recordó el economista Adolfo Acevedo.
Werner resaltó la importancia de “seguir trabajando en estos aspectos macroeconómicos”, pero también que se puedan generar instituciones que garanticen que los fenómenos económicos favorables que vimos en los últimos años se vuelvan sostenibles en el mediano plazo. “Que no dependan tanto de personas, sino de instituciones”, insistió.
Menos discrecionalidad; más institucionalidad
Acevedo coincide con su colega mexicano en cuanto a la importancia de fortalecer la institucionalidad, tanto si se piensa en salvar al INSS, como en encontrar un modo sostenible de cambiar el modelo en el que se sostiene la economía nacional en su conjunto.
“Hay que revisar las exenciones, las exoneraciones y los tratamientos especiales”, que se otorgan a las empresas “más grandes y rentables del país, que son las de mayores ingresos, en vez de proteger a los más desfavorecidos. Esa es la función del Estado, no la de entregar subsidios a los sectores más poderosos”, dijo el economista.
Por eso, asegura que “se requiere un nuevo acuerdo social, pero nadie lo está planteando. Tiene que haber un consenso de la sociedad -no un diálogo- para definir qué tipo de país queremos crear para enfrentar el proceso de envejecimiento de la población, y ver qué tipo de instituciones son las que van a manejar ese proceso”.
El experto cita la “enorme disparidad” que hay en el número de semanas por año que logra cotizar cada trabajador, según el sector de la economía en que esté. A modo de ejemplo dijo que la mayor parte de las veces, los empleados del Estado pueden llegar a cotizar 52 semanas, pero los que trabajan en construcción, agricultura u otros, solo llegan a sumar unas cuantas.
Por eso, “los empresarios deben comprometerse a disminuir esa heterogeneidad, de tal manera que cada empleo creado cotice el máximo de semanas al año, comenzando por eliminar la tercerización”, recomendó.
La aplicación de esas medidas es cada vez más urgente, en la medida en que se confirma que si en este momento hay seis adultos cotizando por cada adulto mayor que recibe una pensión, en 30 años esa proporción será de un poco más de dos cotizantes por pensionados.
“Tenemos que definir un nuevo arreglo social para decidir qué país queremos, y qué futuro queremos para este país, para enfrentar ese proceso de envejecimiento, para crear las instituciones profesionales y autónomas que puedan sostener ese proceso, asegurándonos de que haya una separación de las personas que llegan al gobierno vía elecciones, de aquellas que trabajan en ellas de manera profesional”, detalló.
La sostenibilidad del INSS
Si bien “se ha avanzado bastante en reformas tributarias pasadas, y esto ha llevado a un aumento del impuesto sobre la renta como proporción de los ingresos totales, lo que lleva a mejoras en la progresividad del sistema tributario, siempre se puede mejorar más”, en opinión de Juan Sebastián Chamorro, director ejecutivo de la Fundación Nicaragüense para el Desarrollo Económico y Social (Funides).
El economista hizo notar que “el Fondo está insistiendo en los subsidios y las exoneraciones, y hay que ponerlo en la discusión. En Funides pensamos que esos beneficios deben ser focalizados, temporales, y encaminados a objetivos específicos, tales como fomentar nuevas inversiones, aumentar el empleo, y la adquisición de nuevas tecnologías”.
Junto con el tema recaudatorio, también hace falta modernizar la administración del sistema, sea por la simplificación de esquemas tributarios; logrando mejoras técnicas en la capacidad de recaudación; con uso de más tecnología; dobles chequeos en la fiscalización, etc.
“El gran objetivo es cómo hacer un sistema que no atente contra la formalidad, de modo que ‘formalizarse’ sea beneficioso para las empresas. Lograr una transformación productiva también ayudaría”, aseguró.
De manera específica sobre el tema del INSS, dijo que están haciendo estimaciones de los efectos que se obtendrían con cada cambio, “para ver con qué reformas se puede ‘comprar’ más sostenibilidad, en un escenario que es complejo para el INSS. Estamos viendo los números y las posibilidades de las que se han estado hablando, para ver cuál es más productiva”, refirió.
Chamorro coincidió con Delgado, el último jefe de misión del Fondo que estuvo en el país, al destacar la necesidad de llegar a acuerdos por consenso.
“Esa es como una regla general que debe aplicarse, porque cuando haces reformas de este tipo hay muchos intereses en juego, y es casi imposible ‘acomodar’ esos intereses. Siempre habrá sectores que sacrifiquen más que otros”, reconoció el director de Funides.
¿Por qué nadie hace nada?
“Ya deberían estarse buscando soluciones específicas” a los problemas que aquejan al sistema de pensiones, entre ellos, el hecho de tener que administrar las pensiones para las víctimas de guerra, o para los afiliados que no pudieron completar el mínimo de 750 semanas cotizadas. pesar que la ‘enfermedad’ del INSS fue anunciada desde hace mucho, mucho tiempo, los años pasan sin que se tomen las medidas apropiadas para frenar su caída, lo que es muy grave, en especial si se considera que las reservas del INSS se acaban al final de la década.
“Cualquier decisión que se tome tendrá costos, y eso explica la falta de acción, porque son reformas difíciles: las decisiones que se han tomado antes (aquí o en el extranjero), no son soluciones fáciles de tomar. Eso explica la resistencia a tomar decisiones”, insistió Chamorro.
Con todo, no descarta que “las autoridades” estén analizando la situación. “Debería suponer que hay un diálogo interno desde que el Fondo lo está mencionando”, añadió.
Su colega Acevedo señala directamente que “nadie hace nada porque el costo político sería muy alto. Lo que han hecho es hacer rodar la decisión hacia adelante. Si se decidiera aumentar las transferencias del Estado al INSS, suspender inversiones o reducir gastos administrativos”, la debacle se podría posponer, pero solo por un año más.
La otra opción es adoptar las reformas paramétricas que se han mencionado muchas veces, tales como aumentar la edad de jubilación, o disminuir el monto de las pensiones a pagar, pero hacerlo conlleva a que “la propia naturaleza de la seguridad social pierda su sentido, que es que al jubilarse, las personas tengan una pensión digna”, reclamó Acevedo.
Soluciones de corto plazo
Otra razón por la que desaconseja buscar la solución por esa vía, es porque “esta reforma solo extendería la solvencia del INSS por un periodo, pero al terminar ese periodo, como el proceso de envejecimiento habría avanzado más, las reformas tendrían que ser más draconianas, y eso devaluaría más el sentido de la Seguridad Social”, alertó.
Acevedo asevera que “el modo en que la actual administración manejó el INSS agravó el problema, pero lo que está en el fondo son dos transiciones: una demográfica y otra epidemiológica”, refirió.
Ambas están relacionadas, y representan “crecientes costos por pago de pensiones y atención en salud para enfermedades degenerativas crónicas y no transmisibles, que aumentan mucho el costo de atención en salud, porque implican técnicas de diagnóstico y tratamientos mucho más costosos”, explicó.
De todos modos, ambas transiciones aumentan los costos del Seguro Social, lo que ocurre a la vez que se deteriora la relación entre pensionados y cotizantes activos, porque crece más rápido el número de adultos mayores que el de gente en edad activa. Eso se podría compensar con un aumento de los ingresos reales de los trabajadores, pero simplemente no está ocurriendo.
Otras opciones que ayudarían a aligerar la carga del Instituto, son reducir los gastos administrativos; hacer que la administración del INSS sea transparente, profesional y autónoma, en especial en el manejo de los recursos, “porque mucha gente se pregunta para qué seguir cotizando”, dijo Acevedo.
De paso, sería de mucha utilidad que se le quitaran al INSS algunas funciones que en realidad son competencia del Estado, como la protección de niños y ancianos en condiciones vulnerables, las que deben financiarse con recursos del Presupuesto General de la República.
