FMI a Ortega: Restablecer la confianza

El Fondo Monetario Internacional (FMI), condonó de manera general la política macroeconómica del régimen de Daniel Ortega, a la vez que le presentaba sugerencias para paliar la crisis y tratar de salir de ella, entre las cuales destaca “restablecer la confianza”.

El Fondo pronostica que, en 2020, la economía decaerá por tercer año consecutivo, después del -3.8% de 2018, el -5.7% que suponen para 2019, y una caída de -1.2% para el año en curso.

Después de concluir la visita de evaluación a Nicaragua que mandata el Artículo IV del Convenio Constitutivo del Fondo, el Directorio Ejecutivo de esa entidad mostró su acuerdo, “en términos generales”, con las decisiones del Banco Central de Nicaragua (BCN), tendientes a proteger a la banca nacional, así como con aquellas tomadas en materia fiscal.

“Sin embargo, en vista de la persistencia de las vulnerabilidades internas y externas, hicieron hincapié en la importancia de medidas encaminadas a preservar la estabilidad macroeconómica y financiera y restablecer la confianza”, señala la evaluación del Directorio Ejecutivo.

Una de esas vulnerabilidades, es el comportamiento del índice de precios al consumidor, que se vio seriamente presionado, como resultado de las decisiones en materia tributaria, tomadas por el Gobierno de Ortega.

“Se estima que la inflación subió a 6.1% para fines de 2019 (comparada con 3.9% en 2018), como consecuencia de las medidas tributarias adoptadas para contrarrestar en parte el colapso del ingreso fiscal y de financiamiento”, detalla la publicación.

Mantener la inflación baja “al tiempo que se adoptan reformas estructurales para estimular la productividad”, aumentará la competitividad y la resiliencia frente a shocks, vaticinó el organismo financiero internacional.

De paso, también se destacó la necesidad de incrementar la cobertura de las reservas internacionales, para respaldar el régimen cambiario de deslizamiento, cuyo ritmo preestablecido, descendió del 5% anual, al 3% anual a partir de noviembre pasado.

También recalcaron que “el compromiso con políticas prudentes seguirá siendo importante. La atención al diseño y la comunicación de las reformas también será crucial para su aceptación social”, tal como cuando le indicaron a Ortega que las reformas a la Seguridad Social requerían de amplia participación y consenso “con los estamentos sociales que se verán afectados”.

Las reformas de abril de 2018 fueron el detonante para la crisis política actual, y aunque tuvieron que ser derogadas en una primera instancia, al final, la maquinaria oficialista en la Asamblea Nacional, terminó imponiendo una versión más amplia del mismo proyecto de reformas.

Mejoren el clima de negocios

Los directores consideraron que “la posición fiscal esbozada en el presupuesto 2020 es adecuada para apoyar la recuperación económica”, a la vez que “destacaron la importancia de reequilibrar el gasto público a corto plazo”, para contar con recursos que permitan financiar “programas sociales clave e inversiones eficientes”.

También advirtieron de la necesidad de reducir paulatinamente el déficit fiscal para asegurar la sostenibilidad a mediano plazo, e implementar reformas para fortalecer la posición financiera de las empresas estatales y del INSS. En ese sentido, destacan que “se necesitará mayor transparencia fiscal” para evaluar los riesgos y mejorar la gobernanza en esa materia.

Al analizar la situación del sistema financiero nacional, señalaron su beneplácito por la forma en que se pudieron mitigar los daños, pero advierten de los riesgos que plantea el elevado nivel de activos en mora.

En ese sentido, proponen mejorar la preparación para las crisis, reforzar la supervisión del sector bancario, y estrechar la coordinación institucional para las actividades de resolución de la banca, incluyendo recursos adecuados para la red de protección financiera, lo que resguardaría este sistema de los riesgos a la baja.

Los directores estuvieron de acuerdo con las reformas a las leyes en contra del lavado de activos, y el financiamiento del terrorismo, “pero hicieron hincapié en la necesidad de incrementar los esfuerzos para asegurar su implementación efectiva”.

En materia de deuda total del sector público, hacen notar cómo ha crecido si se la mide como porcentaje del PIB, al aumentar más de diez puntos porcentuales en menos de un quinquenio.

Las estadísticas que acompañan al documento muestran que, entre 2016 y 2020, la deuda bruta total del sector público pasó de representar el 41.7% del PIB, a 52.4%. De esos totales, fue la deuda externa la que creció más, al pasar de 32.2% en 2016 a 43.1% en 2020, mientras que la deuda interna solo pasaba de 9.5% del PIB, a 10.7% del mismo indicador.

La razón para tan alta escalada, hay que buscarla, por un lado, por el aumento nominal de esa deuda, pero también, por el desplome del PIB, lo que disminuye la base de comparación, y por consiguiente, aumenta el ratio deuda / PIB.

Finalmente, recomendaron “la implementación resuelta de las reformas estructurales encaminadas a restablecer la confianza de los inversionistas y mejorar el clima de negocios, en consulta con las principales partes interesadas”, y a “mejorar la calidad y la puntualidad de los datos económicos”, ofreciendo siempre su asistencia técnica.