9 de diciembre 2020
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La administración del Instituto Nicaragüense de Seguridad Social (INSS) dispone de un esquema de favoritismo, similar al que opera dentro de la órbita del Ministerio de Salud, con una diferencia principal: si el Minsa tiene tres empresas predilectas a las que elige para hacer negocios, el INSS solo tiene una: la Distribuidora Cruz Azul, según dos fuentes del sector, que pidieron no revelar sus nombres, por temor a sufrir represalias.
En ambos casos, (el del Minsa y el del INSS), el resultado es que las dos entidades terminan comprando medicinas más caras, sobreprecio que se paga con dinero del público.
La semana pasada, varias fuentes del sector farmacéutico aseguraron a CONFIDENCIAL que existe un mecanismo destinado a favorecer a tres empresas en detrimento de las empresas del sector privado que deben competir en inferioridad de condiciones, cuando ese Ministerio llama a una licitación.
“Hay una mezcolanza de razones, que conllevan a la violación de procedimientos, lo que puede ser adrede, por emergencia, por favoritismo, etc. No sabemos, y es que es difícil llegar al fondo de todo esto, porque ellos manejan todo de forma muy hermética”, dijo en ese momento, una fuente de la industria farmacéutica.
Respondiendo a las características propias de un sistema cerrado y autosuficiente como es el INSS, las empresas privadas que proveen de medicinas al Seguro Social, tienen que superar su propia carrera de obstáculos para poder surtir algún pedido a través de la Distribuidora Cruz Azul, que se convierte así en un intermediario único, cuya función principal es comprar medicinas a estas empresas… para revendérselas al INSS, con su respectivo margen de ganancia.
“El INSS no hace licitaciones, aunque debería hacerlas, tal como lo dicta la Ley de Contrataciones del Estado”, dijo a CONFIDENCIAL, una de las fuentes que prefiere no identificarse, para evitar que se le impida volver a proveer medicinas, o que le atrasen de forma indefinida, el pago de viejas facturas.
Se calcula que, hasta hace unos años, en el país había varias decenas (hasta sesenta de ellas, según algunas fuentes) de Instituciones Proveedoras de Servicios de Salud (IPSS), a las que el INSS fue cerrando o comprando, no siempre de forma amigable, hasta quedar el remanente que aún conforma la Cámara de Empresas Médicas Previsionales (Cansalud).
“Solo hemos quedado unas ocho empresas: el [Hospital] Bautista, Salud Integral, Monte España, y el Militar, en Managua, y varias otras en los departamentos”, detalló Ismael Reyes, presidente de esa cámara.
El resto de las empresas, (y la mayor parte de los afiliados), fueron absorbidos por el INSS, que pasó a atenderlos directamente, tanto si es para ofrecerles consejo y cuidado médico, como para darles las medicinas que necesitan.
De muchos, pasaron a uno solo
Hasta antes de esa ‘gran concentración’, cada Empresa Médica Previsional (EMP, como se les designaba entonces), adquiría las medicinas que entregaría a sus pacientes, comprándolas al mejor postor, de entre los proveedores que poblaban ese ecosistema.
En la medida en que cada vez más afiliados de las empresas que iban siendo absorbidas, pasaban a ser atendidos por el INSS, el Instituto fue aumentando las compras de medicinas, con una característica: si antes había muchos proveedores de dónde escoger –lo que usualmente garantiza que se obtienen mejores precios- esta vez, las compras se fueron concentrando en un solo –y afortunado- proveedor: la Distribuidora Cruz Azul.
Después que el INSS compró todos los hospitales que pudo, las empresas absorbidas pasaron a ser abastecidas “en exclusiva” por esa empresa, aparentemente de capital mixto, propiedad parcial del mismo Instituto, y algunos dueños privados, que las fuentes identifican como allegados al régimen, o simplemente testaferros, según el testimonio de uno de los entrevistados.
Con el tiempo, esa empresa se volvió en su único abastecedor, de tal manera que si alguna de las empresas privadas que todavía sigue operando quiere venderle medicinas a las empresas absorbidas, puede hacerlo, pero por medio de la Distribuidora Cruz Azul, lo que “fácilmente incrementa en 20% el costo de las medicinas, pero nada impide que le suban 30%, 40% o 50% al costo, porque nadie les va a reclamar o a decir nada”, dijeron las fuentes.
“Si esta empresa fuera solo un departamento de compras del INSS estaría bien, (porque operaría dentro del abultado presupuesto administrativo de la Institución, y en teoría, se preocuparía por lograr la mayor eficiencia posible en términos de precios), pero esta es una empresa que tiene su propio margen, y se lo carga el costo de distribución”, precisaron.
De forma adicional, si la Distribuidora Cruz Azul se atrasa con el pago a una de las empresas que le provee las medicinas que termina revendiendo al INSS, y por esa causa, esa empresa se atrasa en la entrega de los nuevos lotes de medicinas, el resultado es que toda la población que atienden las IPSS absorbidas “queda desabastecida, porque el sistema quedó atascado. Si no existiera ese distribuidor exclusivo, las IPSS podrían comprar cada una por su cuenta”, refieren.
