3 de julio 2017
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Independientemente de las recomendaciones del Fondo Monetario Internacional, de la situación financiera del INSS “o de cualquier otro tema”, el país necesita enfrascarse en una discusión seria acerca del esquema de exenciones y exoneraciones vigente, asegura el Dr. Silvio Conrado, director por Nicaragua ante el Banco Centroamericano de Integración Económica, BCIE.
Expertos independientes calculan costo actual de las exenciones y exoneraciones en US$1,100 millones, equivalentes al 7 % del PIB, y demandan al Gobierno presentar un informe sobre el rendimiento de las exoneraciones, como mandata la Ley de Concertación Tributaria.
“Nunca se ha demostrado que ese esquema genere mayor productividad ni mayor competitividad” de las empresas, asegura el experto en temas tributarios Julio Francisco Báez, mientras su colega, el economista José Luis Medal, aboga por “comenzar a reducir las exoneraciones que benefician a los sectores de mayores ingresos”.
El economista Silvio Conrado, miembro del gabinete económico, opina que se trata de una discusión que requerirá “más información, porque hay muchas exenciones que se dieron hace mucho tiempo, y habría que ver si todavía tienen validez o justificación. También habrá que ver que hay nuevos sectores que talvez necesiten” un subsidio, vaticinó.
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Al ser 2017 un año electoral municipal augura que no se tomará decisión alguna al respecto (para no ‘contaminar’ las discusiones). Más allá de ese argumento, Conrado opina que los acuerdos a tomar “no deberían ligarse a nada político, pero sí a que se haga un análisis correcto”.
“No se trata de decir ‘te la quito porque te la quito’, ni ‘te la dejo porque te la dejo’. Tenés que ver si efectivamente, lo que diste en un momento, sigue siendo válido, y si se pueden quitar. Tengo entendido que los dos lados (Gobierno y empresarios) están trabajando en eso”, reveló.
“El reto es cómo hacemos para que nuestros sectores productivos verdaderamente tengan las facilidades para poder producir en condiciones de precio y calidad adecuados y competitivos, y que puedan aumentar su productividad”, para poder competir.
“La intención no es que ya no hayan exenciones y exoneraciones, sino ver que las que queden en vigencia sean correctas, y que están dando lugar a combatir la ineficiencia en la distribución de los recursos”, añadió.
¿Quién quedará afuera?
El economista Silvio Conrado asegura que “todo el mundo está de acuerdo en que hay que reducir las exenciones y exoneraciones, pero nadie quiere que se las quiten a él”, lo que augura que la discusión, los argumentos y negociaciones para seguir siendo parte de los beneficiados con el generoso sistema de subsidios estatales serán realmente intensas.
“Si nos sentamos a discutirla en este momento, uno de los argumentos será que hay ciertos sectores que todavía necesitan tenerlas”, adelanta.
Recuerda que muchas de esas exoneraciones se dieron para que las industrias y empresas nacionales pudieran levantarse y competir con las que vinieran del extranjero. “Es el argumento de darle algunas ventajas a la ‘industria infante’, pero si 40 años después no te has podido levantar, pues ya no tiene mucho sentido”.
Uno de los problemas es que el desmontaje de ese sistema no puede hacerse de la noche a la mañana ni por favoritismo político. Tiene que responder a una evaluación completa, tal como se acordó al negociar y aprobar la Ley de Concertación Tributaria.
“Tengo entendido que es un tema que todavía está pendiente. La cosa es cuándo lo vas a hacer. Hay acuerdo en que deben reducirse, pero cuando se trata de discutirlas, se vuelve un tema bastante difícil”, refirió.
“Muchas de estas exoneraciones vienen de mucho tiempo atrás, donde tal vez tuvieron una justificación, pero ya no necesariamente la tienen porque las condiciones ya cambiaron, o porque no cumplieron el objetivo para el cual fueron autorizadas”, define.
Si es previsible que los empresarios beneficiados argumenten que todavía no están listos para operar sin el apoyo de ‘papá Estado’, el economista adelanta que también señalarán el final de los periodos de desgravación negociados en el Cafta, y el cese de los beneficios ofrecidos a algunos sectores, como argumentos para seguir siendo exonerados.
Otros hablarán de los peligros que representa el proteccionismo esgrimido por el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y quizás hasta aleguen que necesitarán una protección aún mayor para poder seguir existiendo.
Una posibilidad es mantener (igual, ampliado o recortado) los beneficios existentes. Otra, que las empresas “se capitalicen, que se modernicen, que compren buenos equipos, que entrenen bien a su gente, que paguen mejor y aumenten su productividad. El problema es que muchas veces las empresas ven que les sale más barato hacer un empuje político para conseguir ciertas cosas, que modernizarse o capitalizarse”, concluyó.
